De izq. a der. Andrea Barrientos, Stephanie Weiss, Alfonso (Pica) Lema e Iris Baptista.
Bolivia se encamina a las elecciones subnacionales, en las que se elegirán gobernadores y alcaldes, en un contexto de crisis económica que ha golpeado los presupuestos locales. El presidente Rodrigo Paz, durante su campaña, prometió la redistribución de los recursos en partes iguales entre el Estado central y los gobiernos subnacionales, con la famosa fórmula del 50/50.
Pero, ¿qué significa este ofrecimiento? ¿cómo y cuándo se concretará? La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y el director del servicio estatal de autonomías, Alfonso “Pica” Lema, indicaron que no necesariamente se trata de fondos, sino también de responsabilidades y competencias, aunque adelantaron que todo estará sujeto a la construcción de un plan para los próximos años. Para eso, anunciaron la convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías para este mes de diciembre.
Ambas autoridades intervinieron en el programa Sumando Voces en Directo, del que también participaron la presidenta de Instituto Boliviano de Urbanismo (IBU), Stephanie Weiss; y la coordinadora del Programa Urbano de UNITAS, Iris Baptista.
«¿Qué es el 50/50 y cómo se distribuye? El 50/50 implica muchas cosas. Primero, el 50/50 es un proceso de reestructuración y reordenamiento territorial del Estado boliviano”, empezó diciendo Barrientos.
En ese marco, mencionó que el primer paso que está encarando el Gobierno es generar data para establecer cuáles son los grandes problemas del país en términos sociales en “un estado quebrado, un estado deficiente, un estado burocrático, un estado tranca”.
Señaló que más importante que la redistribución de la torta es profundizar la vocación productiva de las regiones, ya sea agropecuaria, ganadera, industrial, de servicios, técnica o turística. Y consideró muy pronto para hablar de los criterios de redistribución, pero adelantó que se tomarán en cuenta aspectos de política fiscal, para permitir a los municipios generen sus propios recursos.
Sobre los plazos, habló de una agenda posterior a las elecciones subnacionales, previstas para marzo y abril, pero enfatizó que hoy es imposible. “¿Qué plata les vamos a dar si no hay plata? O sea, ¿qué plata podemos redistribuir si no hay un centavo? Eso es imposible”, señaló.
Cuando se le consultó si habrá un “pacto fiscal” de redistribución, dijo que ese concepto “lo único que genera es problema entre las regiones” por lo que prefiere hablar de “pacto de lucha contra la pobreza y la desigualdad”.
“Yo entiendo que todas las regiones quieren plata, sí, pero las regiones deben ser efectivas en el manejo de recursos y no solamente las regiones, sino las universidades”, dijo.
Poca Lema, por su parte, enfatizó que con los datos del Censo 2024 se tiene una visión integral de cuántos somos y dónde estamos, haciendo hincapié en que el 69% de la población boliviana vive en áreas urbanas y que el 72% de la población está en los tres departamentos del eje.
Señaló que el Plan de Desarrollo Económico y Social estaba diseñado hasta 2025, por lo que corresponde “tener un nuevo plan de largo plazo”, lo que incluye a gobernaciones y alcaldías.
En la misma línea que Barrientos, mencionó que el 50/50 “va más allá de distribución de recursos y es un elemento conceptual, el 50/50 tiene que ver con cómo compartimos responsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno, hay niveles de gobierno que están más cerca de la gente que pueden resolver más rápido los problemas”.
Hizo notar que existen una serie de asimetrías entre las diversas ciudades, empezando desde las poblacionales y siguiendo por las económicas, en un contexto de reducción de los ingresos por coparticipación tributaria. Por tanto, “debemos tener la capacidad de coordinación entre todos para encarar un proceso que va más allá de una coyuntura”, señaló, quien hasta hace poco fue el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia.
La presidenta del IBU dijo que efectivamente “nos hemos urbanizado muy rápido, pero nos hemos urbanizado sin distribución equitativa de los beneficios que debería traer la urbanización”.
En ese marco, informó que el III Congreso Nacional de Urbanismo emitió una carta abierta por la corresponsabilidad urbana dirigida a los diferentes niveles del Estado para generar una agenda que responda a las necesidades de las ciudades. “¿Cuáles son sus vulnerabilidades, sus amenazas, cuáles son los actores vinculados y cuáles son los sistemas territoriales que hacen que las cosas funcionen en esa ciudad?”, preguntó y puso como ejemplo la necesidad de dar solución a los límites municipales.
Iris Baptista, por su parte, se refirió al tejido social de las ciudades, indicando que se necesita mapear la reconfirmación de las organizaciones sociales, puesto que existen ahora muchos colectivos y organizaciones emergentes y que las antiguas organizaciones, como las juntas vecinales, han sido cuestionadas en su accionar.
“Las autonomías deben ser el puente entre la institucionalidad y la ciudadanía organizada”, señaló.
Indicó que se debe “proponer nuevos modelos desde las organizaciones urbanas para ciudades inclusivas, sostenibles, resilientes, seguras”.
Lema respondió que se trata d trabajar en escenarios de participación “que nos permitan construir juntos el futuro que queremos”.
“Hoy tenemos la oportunidad de construir juntos un proceso de desarrollo que mejore la vida de la gente, para que nadie quede atrás, para que tengamos ciudades resilientes, ordenadas, para que la política de cuidados, para que la movilidad urbana, para que todos los temas que están en la agenda del IBU, que están en la agenda de la de los colectivos ciudadanos sean parte de las solución de los problemas”, dijo.
Stephanie Weiss abogó por la constitución de espacios de coordinación como comités metropolitanos entre las ciudades que sean espacios continuos de trabajo.
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