Foto referencial del conflicto por tierras. Foto: Unitel
La escalada de conflictos por la tierra en el oriente boliviano vuelve a mostrar un escenario conocido pero no resuelto: la disputa entre el agronegocio y los sectores interculturales por el control del territorio. Mientras, los pueblos indígenas quedan atrapados en medio, expuestos a la violencia, sin protección efectiva del Estado y ante una institucionalidad agraria debilitada, incapaz de custodiar sus derechos. Con ese fin, expertos piden la reactivación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para propiciar la resolución del conflicto y la mejora de la seguridad jurídica.
Los operativos de desalojo impulsados por autoridades departamentales, con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, para la recuperación de predios tomados de manera ilegal han sido presentados como una defensa de la propiedad privada. Sin embargo, especialistas en temas agrarios e indígenas advierten que estas medidas no atacan el problema de fondo y, por el contrario, profundizan la inseguridad jurídica y el riesgo de violencia en zonas rurales.
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), en contacto con Sumando Voces, sostiene que el conflicto actual no puede entenderse sin analizar el rol del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuya función se ha visto erosionada en los últimos años. Aunque el proceso de saneamiento y titulación de tierras está prácticamente concluido en el país, los casos pendientes concentran las disputas más complejas, muchas de ellas en tierras fiscales, áreas protegidas o territorios indígenas.
«(Con los operativos de desalojo) lo que vamos a hacer es profundizar el conflicto y que se inicien hechos de violencia en los que, lamentablemente, quienes tienen las de perder son las comunidades indígenas, porque ellas están prisioneras de los conflictos entre dos gremios: los interculturales y los medianos y grandes productores (agroindustriales)», reflexiona Vargas, quien recuerda que estos dos sectores detentan poder económico y político.
Según el director del CEJIS, durante anteriores gestiones se produjo un desorden en la emisión de resoluciones de asentamiento que permitió el ingreso de comunidades interculturales y campesinas a zonas altamente sensibles. En paralelo, medianos y grandes productores agroindustriales intensificaron su interés por ampliar la frontera agrícola, observando los territorios indígenas como espacios estratégicos para el modelo de agronegocio.
En ese escenario, los pueblos indígenas aparecen como el eslabón más débil. Presionados por ambos sectores y sin un respaldo estatal efectivo, incurren en prácticas ilegales como el alquiler o la venta de tierras, actividades facilitadas por la ausencia de control institucional o por dirigentes cooptados.
Una lectura similar plantea el especialista en temas indígenas Leonardo Tamburini, quien, en entrevista con Fuego Cruzado, cuestiona la narrativa simplificada que agrupa todos los casos bajo el rótulo de “avasallamientos”. A su juicio, existen conflictos donde «ni quienes se presentan como propietarios ni quienes ocupan la tierra tienen un derecho legal claro», especialmente en zonas como la Reserva Forestal Guarayos, donde la normativa prohíbe expresamente la adjudicación de tierras para uso agropecuario.
Tamburini sostiene que tanto empresarios con alto poder económico como grupos organizados de interculturales han operado al margen de la ley, apropiándose de tierras con el respaldo de autoridades locales o mediante información privilegiada obtenida desde el propio INRA. En estos casos, afirma, la Constitución y la normativa agraria son claras: las tierras deben ser declaradas fiscales no disponibles y desalojadas todas las ocupaciones irregulares.
Pese a ello, la respuesta estatal ha sido desigual, pues mientras algunos operativos se activan con rapidez para proteger determinados predios privados, denuncias históricas de avasallamientos empresariales sobre territorios indígenas han quedado sin atención. Esta selectividad, coinciden ambos expertos, alimenta la percepción de que la defensa de la tierra no es igual para todos y que el Estado responde de forma diferenciada según los intereses en juego.
La CAD es el mecanismo legal de resolución
Para el CEJIS, el conflicto se agrava cuando las autoridades actúan fuera de los mecanismos establecidos por la Ley INRA y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Vargas sostiene que desconocer instancias como la Comisión Agraria Departamental (CAD) o asumir competencias que no corresponden no solo debilita la institucionalidad, sino que puede detonar en enfrentamientos, cuyas consecuencias podrían recaer, principalmente, en las comunidades indígenas.
En Bolivia, la Comisión Agraria Departamental (CAD) es un órgano creado por la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, establecido en cada departamento para analizar temas como distribución de tierras, uso de suelo, titulación, avasallamientos y chaqueos, con composición de autoridades departamentales y representantes sociales, convocada por el gobernador para resolver conflictos territoriales.
Está formada por autoridades del gobierno departamental (como el gobernador y algunas secretarías) y representantes de organizaciones sociales y sectoriales, similar a la Comisión Agraria Nacional pero adaptada a la estructura local.
La tarde del martes 28 de enero, la Gobernación de Santa Cruz lideró un operativo de desalojo que fue emboscado por un grupo de personas (presuntamente vinculadas a los avasalladores) cuando la acción apenas comenzaba. Tras este incidente, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, convocó a la CAD para abordar este tema en los primeros días de febrero.
«La Comisión Agraria Departamental es la instancia formal regulada por la Ley INRA para conocer este tipo de hechos y convocar a las partes para que expongan sus argumentos. Más allá de que el INRA o el Tribunal Agroambiental vayan a resolver (los casos) en última instancia, la Comisión opera para manejar la conflictividad, para que no se generen enfrentamientos en los que pueda haber heridos o muertos, para evitar que las partes (en disputa) se organicen con armas, que la fuerza pública tenga que resolver los conflictos», explica Tamburini, para quien las CAD son «una válvula de escape» ante la inminencia de la violencia.
Por su lado, el columnista Pedro Gareca Perales, en un artículo para ANF, señala que los avasallamientos protagonizados por grupos de interculturales han generado pérdidas económicas, perjuicios a la producción agrícola ganadera y violencia; cita como ejemplo la brutal golpiza que recibió el cacique chiquitano Ricardo Peña, de 76 años de edad, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Gareca atribuye el origen del problema a una estructura burocrática corrompida dentro del INRA y exige una intervención firme para frenar la toma de tierras.
En medio de estas posiciones, los pueblos indígenas siguen siendo los grandes ausentes del debate público. La discusión sobre la tierra se centra en la propiedad, la producción y el control del modelo económico, pero deja de lado los derechos de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse en sus territorios con seguridad jurídica, respeto a sus formas de vida y protección frente a intereses externos.
Para los especialistas, mientras el Estado no asuma de manera integral su rol —fortaleciendo el INRA, garantizando el debido proceso y aplicando la ley sin sesgos—, la pugna por la tierra continuará reproduciendo el mismo patrón: el enfrentamiento entre agronegocio e interculturales, y la marginación sistemática de los pueblos indígenas, que una vez más cargan con el costo más alto del conflicto.
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