El equipo de la CIDH escucha a los representantes indígenas en San Ignacio. Foto: CEJIS
CEJIS
Ningún funcionario público podía estar en la reunión. Los representantes de los territorios chiquitanos de Monte Verde y Lomerío y el territorio ayoreode de Zapocó, junto a los dirigentes de sus organizaciones, debían tener la total libertad para hablar de su experiencia, sus miedos y sus urgencias vividas durante los incendios de este año.
El salón del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco recibió así, el pasado martes, a la delegación de la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), dirigida por Javier Palummo, y a la representación de territorios indígenas de la Chiquitanía que se reunieron alrededor del tema que mantuvo en vilo a la sociedad boliviana por la magnitud del fuego en los bosques.
La REDESCA anunció, a través de su cuenta oficial, que su visita a Bolivia tiene el objetivo de “analizar el impacto de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales, pueblos indígenas y otros grupos directamente afectados. Además, se evaluará la respuesta estatal y los efectos en la biodiversidad y los ecosistemas”.
El hollín liberado por más de 10 millones de hectáreas incendiadas alcanzó a las ciudades capitales del país este año, promoviendo manifestaciones de protesta. El humo también llegó a países vecinos, incluido el Uruguay, de donde procede el Relator Especial Javier Palummo.
Grabar audio o video no estaba permitido. El anonimato de lo que pueden decir las víctimas de violaciones a los derechos humanos se toma en serio, así que los testimonios y declaraciones conversadas en ese escenario quedaron en la confidencialidad.
Según el informe del CEJIS, entre enero y octubre resultaron 2,6 millones de hectáreas con cicatrices de incendio en ocho de los territorios indígenas de tierras bajas, lo que representa el 20,6 % de 13 millones de hectáreas reconocidas como propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Monte Verde, Guarayos y Pantanal, todos en el departamento de Santa Cruz, fueron los territorios más impactados porque, en cada caso, perdieron más de la mitad de su bosque.
Las pérdidas de masa boscosa significan un impacto directo al modo de vida de los pueblos indígenas porque se reducen sus posibilidades de obtener alimentos a través de la caza y disminuyen los ingresos familiares y comunales a través de la explotación de sus planes de manejo (madera).
Los representantes de la Central Indígena Paiconeca de San Javier, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Organización de Mujeres Indígenas Paiconecas y la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), que se reunieron con el REDESCA, proceden de la Chiquitanía donde se sitúan los tres territorios más afectados en su superficie.
“Paquete de leyes”
En otra reunión realizada en Santa Cruz de la Sierra, la delegación de la REDESCA escuchó a la representación de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Organización Indígena Cavineño (OICA), la Central Indígena Chácobo Pacahuara y el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), cuyos dirigentes pudieron expresar su experiencia frente a los incendios forestales ocurridos en la amazonía norte del país.
Aunque los territorios del norte amazónico no son los más afectados, igual se vieron expuestos al fuego en esta gestión. Según el informe del CEJIS, el territorio que registró mayor cantidad de áreas de incendio fue Chácobo-Pacahuara, con 228.348 hectáreas, equivalentes al 47 % de su superficie; el Territorio Cavineño se vio afectado en 161.661 hectáreas, equivalentes al 34,5 % de la superficie titulada; la TCO Takana-Cavineño registró 22.219 hectáreas con fuego, es decir el 8 % de la superficie del territorio.
Frente a la REDESCA, los dirigentes indígenas hicieron énfasis en que el fuego forma parte de su modo de vida, especialmente en la labor del chaqueo, pero, aunque ellos no son causantes de los grandes incendios, ahora se ven perseguidos por sanciones por el chaqueo de pequeñas parcelas que solo les priva de buscar su subsistencia.
El petitorio en general de los pueblos indígenas es el siguiente: la abrogación del paquete de leyes incendiarias que sigue vigente en el país y amenaza con repetir el siniestro cada año; la redefinición de la pausa ecológica considerando la diversidad de actores y realidades de los territorios indígenas; el fortalecimiento del marco legal de protección a poblaciones vulnerables como los pueblos en contacto reciente o aislamiento voluntario; y el fortalecimiento del marco legal de protección ambiental; entre otros temas.
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