Conferencia de prensa de la nación indígena tacana. Captura de pantalla de CIPTA
Representantes del pueblo indígena Tacana, que se ubica al norte de La Paz, llegaron este martes a la sede de Gobierno para exigir a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la suspensión inmediata de toda actividad minera en su territorio, denunciando que las operaciones —legales e ilegales— contaminan los ríos, afectan la salud de las comunidades y vulneran sus derechos colectivos.
“Nos hemos reunido con todos los corregidores y de manera orgánica decidimos que no se permita actividad minera, ni legal ni ilegal, en el territorio tacana. Hay vulneración de derechos y eso es una falta de respeto a nuestros pueblos. Nosotros, la nación tacana queremos ser libres de minería”, declaró Hernán Nay, secretario de Tierra y Territorio del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA, durante la entrega de una resolución a la AJAM.
Según los dirigentes, la minería aurífera avanza dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana, ubicada en el área de influencia del Parque Nacional Madidi, considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Aseguran que nunca han estado en contra del desarrollo, pero quieren que éste sea sostenible, pues no se puede buscar generar riqueza para unos a costa de la destrucción de otros.
Los representantes tacanas denunciaron que las dragas y cooperativas auríferas contaminan los ríos Tequeje y Beni, afectando directamente su modo de vida. “Desde niños hemos pescado, cazado y recolectado frutos; esa es nuestra forma de vivir y no la vamos a cambiar porque otros empresarios vengan a generar plata”, expresó el dirigente.
La presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Janet Valdez Vilca, afirmó que las comunidades incluso recurrieron a su justicia originaria para expulsar a los mineros, pero estos regresaron con más fuerza. “Se han ido temporalmente y han vuelto. Les dicen a las personas que van a ganar más y traerán trabajo, y así provocan divisiones entre nosotros”, relató.
Valdez denunció además que las inspecciones oficiales no son efectivas, ya que “cuando hay operativos, los mineros se esconden y solo dejan las máquinas”. Mencionó a la cooperativa 14 de Marzo, asentada en el río Tequeje, como uno de los grupos con mayor presencia en la zona.
Las resoluciones entregadas a la AJAM fueron aprobadas por 23 comunidades tacanas en una reunión de corregidores realizada el 24 de septiembre, donde también participaron representantes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). En el documento se pide declarar a los municipios de Ixiamas y San Buenaventura como libres de minería y se exige el cumplimiento de una acción popular previa que prohíbe estas actividades en la región.
Las comunidades advierten que la minería ya está teniendo consecuencias graves en la salud. Un estudio realizado en 2023 reveló que los indígenas tacanas, principalmente las mujeres, presentan altos niveles de mercurio en la sangre y que los niños sufren enfermedades relacionadas con la contaminación, como pérdida de visión y problemas articulares.
“Tenemos pueblos sin agua potable y dependemos del río. ¿Cómo vamos a decirle a la gente que deje de consumir pescado si es nuestra única fuente de alimento? Es como decirles que dejen de comer y se mueran de hambre”, lamentó Valdez, al denunciar además la precariedad del sistema de salud local: “En nuestros centros de salud no encontramos ni un solo paracetamol”.
Los dirigentes también presentarán sus cartas a otras instancias gubernamentales. Esperan que la AJAM responda a su petición y detenga las concesiones mineras en la zona. “Estamos empezando aquí, porque es la instancia que da las autorizaciones. Si no hay respuesta, tomaremos otras medidas”, advirtió Nay.
Aquí puede ver el video de la conferencia:
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