La Cámara de Diputados analizará la propuesta del TSE para el debate obligatorio. Foto: Archivo
ANF
El proyecto de ley de “Debate electoral público y obligatorio para candidatos a cargos públicos elegibles” establece que los partidos políticos que no participen del acto público no recibirán los recursos para sus campañas electorales.
“Las candidatas y candidatos que incumplan con la obligación de participar de los debates serán sancionados con la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral, previsto por el Artículo 73 de la Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018 de Organizaciones Políticas”, reza la el parágrafo cuarto del artículo 2 del proyecto de ley.
La propuesta fue enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Comité de Democracia y Sistema Electoral aprobó, por unanimidad, la semana pasada, y se prevé que sea tratada en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Posteriormente, será derivada al pleno de la Cámara de Diputados.
La normativa también establece que el debate público y obligatorio será transmitido en directo por todos los medios de comunicación del Estado.
“Las señales radiales y televisivas transmitidas por estos medios del Estado serán puestas a disposición de todos los medios privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita”, señala el parágrafo seis de la norma.
El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gustavo Vega adelantó que en esta semana se prevé tratar, en sesión plenaria, los proyectos de ley remitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar las elecciones nacionales 2025. Se trata de al menos tres proyectos.
La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral ya remitió al pleno de la Cámara de Diputados la propuesta para garantizar el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares.
El otro proyecto que debe debatir la Asamblea Legislativa es la incorporación de los vocales del TSE a la Ley 044 de Juzgamiento al Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial vía juicio de responsabilidades. La oposición y la facción evista adelantaron que el pedido es inconstitucional y no viabilizarán la propuesta de ley.
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