Seis fotoperiodistas de medios internacionales y cuatro periodistas de la red RTP fueron agredidos, estigmatizados e impedidos de realizar su labor informativa en la cobertura de las protestas y desmanes desproporcionados ocasionados por mineros cooperativistas que, entre el 6 y 7 de noviembre, se movilizaron y bloquearon diferentes zonas de la ciudad de La Paz.
El primero de ellos fue el periodista Ramiro Charcas, cuando el 6 de noviembre realizaba un reporte en vivo sobre las movilizaciones del sector minero, uno de los cooperativistas interrumpió el despacho y exigió que se retire “por hablar mal del sector minero”.
Otra periodista del mismo medio que sufrió una amenaza del sector minero fue Wilma Catari. Según comenta el gerente de RTP, Jorge Luis Palenque, a ella, los cooperativistas la desalojaron y la amenazaron cuando hacía una entrevista referida a las ventas y tributos de ese sector.
Pero no sólo ello, la noche del 7 de noviembre, Roly Flores, también periodista de RTP, tuvo que retirarse de la concentración de los cooperativistas que realizaron en la plaza San Francisco, debido a que lo “amedrentaron y empujaron” en su labor de cobertura.
Víctor Hugo Rosales, periodista y presentador del programa “Tomando el Pulso”, que se emite por la red RTP, también fue amedrentado. A él, a través de un pronunciamiento público desde la plaza San Francisco, los mineros lo tildaron de “vende basura”, lo declararon persona no grata y lo amenazaron con hacerlo “caer”.
“Ha humillado y ha faltado el respeto a la familia cooperativista, vamos a hacer que ese compañero (Rosales) caiga al suelo. Como vende basura no merece ser periodista, porque vende humo, vende basuras de TikTok”, expresaron los cooperativistas.
Además de estos episodios, el resto de los periodistas de RTP tuvo que ocultar sus identificativos para transitar por las calles del centro de La Paz, con la finalidad de no ser agredidos. “La verdad es que todos (nuestros periodistas) caminaban con cautela, con la cabeza gacha, no utilizaron la identificación del medio para no ser agredidos físicamente, porque estaban agresivos. Es lamentable, porque no nos dejan hacer nuestro trabajo”, dio a conocer Palenque al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
Frente a este amedrentamiento, RTP anunció que mantendrá la línea de “defensa absoluta de los recursos naturales, de las áreas protegidas y de la vida”. “Creen que pueden amedrentarnos y que callemos nuestras bocas, no lo vamos a hacer (…). No vamos a permitir que nos callen”, expresó Palenque, quien espera que las instituciones del Estado activen medidas de seguridad para el ejercicio periodístico, frente a estas arremetidas.
Seis corresponsales de medios internacionales agredidos por mineros
Aproximadamente a las 13:00 horas del 7 de noviembre, un grupo de seis fotoperiodistas de medios internacionales se encontraba en la zona de Sopocachi haciendo la cobertura de un punto de bloqueo de los cooperativistas. Enardecidos y algunos con grado alcohólico, según informó uno de los fotoperiodistas afectados, impidieron su labor, los agredieron y con empujones, gritos y amenazas los obligaron a retirarse del lugar.
“Fuimos hacia las oficinas del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), donde arrancaron las rejas y estábamos haciendo imágenes. De pronto vino un minero y me golpeó con un palo en la espalda, me gritaron a mí y a mis compañeros que nos vayamos y que éramos unos mentirosos. Nos tuvimos que ir por nuestra seguridad”, relató uno de los fotoperiodistas afectados al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, quien optó por no dar a conocer su nombre.
Acotó que uno de los seis fotoperiodistas casi perdió su máscara de gas, debido a que un minero cooperativista intentó arrebatárselo. La Asociación de Corresponsables de la Prensa Internacional emitió un comunicado, a través del cual exige a las organizaciones de los cooperativistas mineros, al Gobierno y a la Policía proteger su labor informativa.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia también se pronunció al respecto, pidió a las autoridades asumir medidas de seguridad y sancionar a los responsables y observó que este hecho es una muestra continúa “de la negligencia de las autoridades que incumplen su responsabilidad de resguardar la seguridad de periodistas”.
Los mineros auríferos exigen la anulación de la resolución que les impide explotar oro en áreas protegidas, reivindican sus “derechos constituidos” en esas reservas, y piden consolidar con una ley el 4,8% de impuestos por la comercialización del oro. Además, se oponen a las acciones populares que plantearon los indígenas para paralizar la actividad minera en los ríos porque el mercurio está contaminando no sólo los peces, sino los cuerpos de los habitantes de los pueblos amazónicos.
Observatorio de Defensores de UNITAS
De acuerdo con los estándares de derechos humanos, los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:
. Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
. Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;
. Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Además, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
El ejercicio del periodismo es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y el Estado de Derecho. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para impedir estos hechos y prevenir estos ataques, incluyendo la adopción de un discurso público que reconozca la importancia de la labor de periodistas y el desarrollo de investigaciones prontas, efectivas e imparciales que permitan la identificación de los responsables y su sanción.
