Sandra Verduguez
Cuando la percepción y comentarios sobre las múltiples crisis que vive Bolivia se mencionan en las conversaciones cotidianas de la gente quiere decir que ya es imposible ignorarlas. Todos tenemos algo que decir sobre cómo día a día sube el costo de alimentos, servicios, medicamentos; sobre cómo las reglas democráticas se rompen sin ningún empacho; sobre cómo los gobiernos de turno se equivocan de frente para cumplir sus intereses; sobre cómo las calles están plagadas de inseguridad, sobre cómo nuestro sueldo ya no significa lo de antes o sobre cómo afines al partido de gobierno destrozan una plaza sin ningún tipo de responsabilidad.
Pero, esas conversaciones también demuestran que la ciudadanía sigue prefiriendo vivir en democracia, aunque su cada vez más notoria fragilidad asuste. Y no obstante la gente de a pie o la que forma parte de organizaciones critique cada día lo que sucede, porque lo vive, aún tiene la esperanza de poder aportar o vigilar con la ilusión de mejores días. De hecho, la CPE y otras leyes como la 341 le otorgan al ciudadano el derecho de participar en las decisiones políticas y de hacer control social de lo público.
Es el caso de los periodistas que, a pesar de que informan diariamente sobre lo que sucede, tienen la capacidad de ver más allá y reflexionar sobre situaciones que afectan no solo a su gremio sino a la institucionalidad de la democracia al buscar mayor acceso a la información, mayor transparencia para evitar que autoridades en el papel de candidatos difundan obras de su gestión durante la campaña electoral; o al proponer que se vuelva obligatorio hacer debates entre los candidatos para que la ciudadanía conozca sus programas y vote de manera informada.
Por otro lado, varios estudios señalan que los jóvenes están excluidos de la vida política del país por falta de mecanismos de participación y por su descreimiento en las instituciones democráticas. Sin embargo, la Fundación Jubileo ha registrado más de 70 organizaciones juveniles en todo el país que dedican su tiempo a analizar, reflexionar y proponer sobre cómo mejorar su participación en procesos democráticos; jóvenes de la Red de Líderes por la Democracia, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos o de CONBOJUV de Sucre han debatido sobre una cuota de participación obligatoria del 20% en cargos titulares y 30% en cargos suplentes, sobre todo para evitar la instrumentalización de las candidaturas jóvenes.
Sobre la participación de las mujeres se ha dicho mucho y avanzado poco. La normativa que tiene Bolivia en este tema no ha servido para mejorar las prácticas de abuso y violencia política que todavía sufren muchas mujeres candidatas y autoridades. En el intento de mejorar, organizaciones de Cochabamba como la Oficina Jurídica de la Mujer, el Foro Político de la Mujer y la organización Ciudadanía, que trabajan en estos temas desde hace más de dos décadas, han propuesto que se cumpla el binomio paritario en las candidaturas a la presidencia y la vice presidencia, tal como lo señala la CPE, con la esperanza de que esto vaya impulsando nuevas acciones en el corto y mediano plazo, y contribuyan a evitar prácticas que impiden o amenazan el ejercicio de sus derechos.
El uso instrumental de lo indígena originario campesino es también un tema de análisis porque después de 15 años de la nueva CPE, aún no se han abierto mecanismos de participación efectivos ni se ha comprendido la democracia comunitaria y su coexistencia con la democracia representativa. Este análisis ha servido para que expertos adviertan, entre otros grandes problemas, las dificultades de su representatividad a través de partidos políticos en la Asamblea Legislativa. La propuesta de los expertos comienza con la exigencia de que los NPIOC tengan la posibilidad de seleccionar a sus candidatos y de elegir a sus representantes por sus usos y costumbres, pero abarca también una reflexión sobre la deuda que tiene el estado plurinacional con ellos para que formen parte de la vida civil del país, con derechos civiles y políticos en plena vigencia.
La Fundación Jubileo ha recogido estas propuestas en el entendido de que, en un contexto de crisis de representatividad y de una generalizada desconfianza en las instituciones, la participación ciudadana resulta fundamental para buscar salidas que mejoren paulatinamente la institucionalidad democrática de Bolivia. Estas propuestas han sido entregadas al Tribunal Supremo Electoral y serán los periodistas, los jóvenes, las organizaciones de mujeres y los propios NPIOC los que hagan el seguimiento a su tratamiento y consideración para que las elecciones generales y subnacionales que vienen sean más libres, justas y transparentes.
–0–
Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
