Expresiones de apoyo a la aprobación de la norma en el legislativo boliviano. Foto: Coordinadora de la Mujer.
Un proyecto de ley que busca incorporar en el Código Penal los delitos de violación a la intimidad sexual en entornos digitales y acoso digital fue presentado este miércoles, como parte de una respuesta legislativa al incremento de estas formas de violencia y al vacío normativo existente en el país.
La propuesta considera a todas las personas que pudieran sufrir este tipo de ataques, es decir, niñas, niños, mujeres y varones, como puntualizó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría,
Por su parte, la diputada Daniela Cabrera expuso que las penas por estos delitos podría oscilar entre los 3 y 10 años de encierro y con agravantes en determinados casos.
Si bien las víctimas pueden ser múltiples y de diversos géneros, la evidencia muestra que «el 90% de los casos de violencia sexual digital están orientados principalmente a mujeres y niñas, cuya imagen se usa y sexualiza, obviamente, sin su consentimiento», explicó Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, una de las organizaciones que impulsa la aprobación de la norma.
La propuesta establece la tipificación de la violación a la intimidad sexual en entornos digitales, lo que comprende el registro, creación, grabación, fotografía, posesión, almacenamiento, elaboración, alteración, exhibición, intercambio, difusión o publicación de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona. Asimismo, incorpora la sanción a las amenazas de difusión de este tipo de contenido a través de medios digitales.
El proyecto también incorpora el delito de acoso digital, definido como «la conducta reiterada de vigilar, perseguir, hostigar, amenazar o amedrentar a una persona a través de medios digitales».
«La propuesta de ley busca incorporar al Código Penal el acoso digital y la violencia sexual en entornos digitales como delitos, porque ninguno de los dos están reconocidos como tal y las autoridades y servidores públicos no saben cómo gestionar estos casos (…). La idea es que la Policía la Fiscalía y los juzgados tengan instrumentos para sancionar estas formas de violencia, detalló Sánchez.
Ambos delitos incluyen agravantes cuando son cometidos por personas servidoras públicas, cuando se obtiene algún tipo de beneficio, o cuando la víctima es una mujer con participación activa en la vida pública, política o en entornos digitales, incluyendo candidatas, autoridades, periodistas o defensoras de derechos. También se consideran agravantes los casos de difusión masiva o viral del contenido.
«Quiero destacar que la Fiscalía, la FELCV y las organizaciones de la sociedad civil ha aportado a la construcción de esta norma, cada una con su especialidad. Debemos poner un límite a la violencia en entornos digitales», sentenció Cabrera.
Consentimiento y medidas de protección
Con relación al consentimiento, la propuesta establece que este «debe ser una manifestación expresa, libre, voluntaria e informada para el registro, producción, alteración o difusión de contenido íntimo sexual, pudiendo ser revocado en cualquier momento». Asimismo, señala que no hay consentimiento si hubo presión, amenazas o cualquier forma de coerción.
El proyecto incorpora además medidas de protección que incluyen la disposición judicial para el bloqueo y retiro de contenidos digitales en un plazo de 24 horas desde la denuncia, así como el resguardo del material para fines investigativos, garantizando la cadena de custodia y la confidencialidad de la víctima. También prevé la aplicación de medidas de protección establecidas en la normativa vigente para garantizar una respuesta efectiva y evitar la revictimización.
La iniciativa se sustenta en estándares constitucionales y en tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la dignidad, la privacidad y una vida libre de violencia, así como en la necesidad de adecuar la normativa penal a las nuevas formas de violencia en entornos digitales.
El proyecto es impulsado por la diputada Cabrera, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización Ana María Romero (SEPMUD) y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora de la Mujer, Oxfam Bolivia, Comunidad de Derechos Humanos, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL), Fundación Internet Bolivia y la articulación Alerta 348.
La presentación pública se realizó este miércoles 1 de abril, en el Salón Andrés Ibáñez del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la plaza Murillo.
