Roberto Méndez
“El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”, define el genial periodista y escritor Ryszard Kapuściński a los profesionales de la información. Pero ocurre que no siempre somos los faros que apostamos por el deber supremo de la libre expresión, el Estado de Derecho y la democracia… y no siempre el poder nos deja trabajar tranquilos, sin hostigarnos, como ha acostumbrado hacerlo a lo largo de nuestra historia.
ACOSO, PERSECUCIÓN: Para empezar vamos a referirnos al primer caso en el que un fiscal y un policía con asiento en La Paz emitieron citaciones contra siete periodistas a través de la red WhatsApp, dentro de la acumulación de pruebas contra un concejal del MAS, afin a Evo Morales, detenido y llevado a la sede de gobierno, acusado de haber financiado un bloqueo ocurrido en el municipio de Mairana, que derivó en el secuestro y agresión a periodistas y policías el 29 de octubre del 2024.
Se trata de un proceso que no tiene pies ni cabeza, porque para empezar se inició en el departamento de La Paz, desconociendo las normas de territorialidad. Es por eso que citar o conminar prácticamente a que los periodistas de Santa Cruz vayan a declarar a La Paz, sin mencionar quien les pagará el pasaje y estadía, no deja de ser una determinación de amedrentamiento, peor si les dicen que si no acuden, corren el riesgo de ser privados de su libertad y peor que la investigación principal parece ser mas una revancha política que, por ejemplo, sancionar a quienes agredieron a los informadores.
El art. 136 del Código de Procedimiento Penal (CPP) habla sobre la cooperación directa y en supuesto caso que quisieran llevar adelante el proceso en otro lugar que no sea donde se cometieron los hechos, pueden pedir que policías, jueces o fiscales, reciban el testimonio de los informadores, en Santa Cruz. El mismo artículo dice que pueden solicitar información de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso.
Y en cuanto a las reglas de competencia territorial, el artículo 49 del mismo Código dice que se debe dar preferencia al conocimiento del caso, al juez del lugar de la comisión del delito o donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado, donde radica el imputado o haya sido habido o donde se descubran las pruebas materiales del hecho. No hacerlo implica violentar las normas del debido proceso y derecho a la defensa regulados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero hay mas. En este caso no se han cumplido las formalidades establecidas en el CPP, pues los periodistas han sido citados por Whatsapp y no personalmente como debe ocurrir. Y es mas, también han desconocido que el artículo 197 del CPP faculta el Deber de abstención, cuando dice textualmente “Las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen a deberes de secreto y reserva legalmente establecidos” y el artículo 8 de la Ley de Imprenta garantiza a los informadores, mantener el secreto de la fuente, como inviolable. Pero eso no es todo. Para colmo, varios de los periodistas citados no estuvieron en Mairana y no tienen conocimiento de los hechos.
VIVEZA CRIOLLA: El segundo caso al que nos vamos a referir es a la roncha que ha levantado el sindicato de la prensa de Oruro, que anunció el cobro de ciertas sumas de dinero a los informadores que lleguen a cubrir el Carnaval. Es más, se han dado el lujo de declarar persona non grata a la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, porque ésta reclamó por ese hecho arbitrario que atenta contra el derecho de acceso a la información y contra la libertad de expresión.
MALA PRAXIS: Y en el tercer caso, un periodista de un medio de Santa Cruz ha desatado polémica por culpar al expresidente Victor Paz por haber aprobado el voto universal, justificando que ese hecho ha desenbocado en el populismo y que la gente sufrague sin estar informada. Se trata de un asunto injustificable que atenta contra la libertad y la democracia.
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Roberto Méndez es periodista
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