EDITORIAL SUMANDO VOCES
Estamos a menos de un mes de la segunda vuelta electoral y, cada día que pasa, crece la expectativa entre los bolivianos por darle un cauce institucional a la profunda crisis que golpea a Bolivia. Sin embargo, algunos actores políticos han despertado preocupación porque han empezado a alejarse de los valores democráticos, como la saludable confrontación de ideas a través de los debates electorales y la exposición de ideas frente a los insultos, dando paso a las acusaciones sin fundamento, la guerra sucia y el ataque a los medios de comunicación.
Empecemos por recordar que en la primera vuelta abundaron los debates entre candidatos, una práctica saludable para aumentar la transparencia y reforzar el derecho a la información de la ciudadanía, sin embargo, en el camino hacia la segunda vuelta la campaña del PDC anunció que sus candidatos decidieron priorizar el contacto directo con la gente y relegar los debates que no sean los convocados por el Tribunal Supremo Electoral.
Los debates contribuyen a poner en agenda los programas de los candidatos, pero, estas alturas, las acusaciones sin fundamento y la guerra sucia están ganando terreno en la opinión pública en desmedro de los planes para salir de la crisis y para recuperar la institucionalidad perdida.
Se habla, por ejemplo, con mucha ligereza de que se estuviera preparando un fraude electoral para beneficiar al candidato oponente, pese a que el Tribunal Supremo Electoral mostró probidad y transparencia en la organización de la primera vuelta. Y, esa acusación, si bien no está acompaña de pruebas, es capaz de dañar la confianza en el proceso.
En esta pugna política, hay víctimas de todo tipo, entre ellos, el propio TSE y también los medios de comunicación, que están recibiendo un duro embate de parte de uno de los candidatos vicepresidenciales.
Estas acusaciones, si bien no tienen fundamento, pueden alterar el ánimo de los electores, alentando la desconfianza y la hostilidad, cuando lo que se requiere para celebrar elecciones es paz, diálogo y entendimiento.
Y los medios no solo han recibido el embate de los discursos electoralistas, sino que, una treintena de ellos han sido sancionados por el TSE, ya sea por publicar columnas de opinión que supuestamente favorecían a un candidato durante el silencio electoral, o por haber olvidado introducir el rótulo de “espacio solicitado” a algunos avisos electorales. Las multas han sido calificadas de “exorbitantes” por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
Ante el reclamo de las organizaciones de prensa, el TSE se ha abierto a revisar las multas, a recibir los descargos de los medios y a hacer un intercambio de servicios para el pago de las mismas. Eso habla muy bien del TSE, en momentos en que necesitamos que el Órgano Electoral y los medios de comunicación se unan en el objetivo de promover unas elecciones pacíficas, transparentes y participativas.
Hasta aquí, los actores que pueden ser identificados con nombre, apellido, funciones y filiación política. A todos ellos se les invoca a preservar los valores democráticos en este último tramo de campaña.
Sin embargo, hay un espacio donde es poco lo que se puede hacer, y es el mundo subterráneo de las redes sociales, donde operan campañas de baja intensidad cuyo principal instrumento es la guerra sucia. Es un espacio de cuentas anónimas, noticias falsas y mal uso de la inteligencia artificial.
En este contexto, además, ha reflotado la polarización que, según los analistas, es característica de todas las segundas vueltas. En el caso de Bolivia, la preocupación es que se están reactivando viejas categorías como la cuestión étnica, la cuestión regional, la posición económica, entre otras, que tanto daño le han hecho al país en los últimos 20 años.
El Tribunal Electoral ha convocado a un diálogo a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales con la finalidad de lograr un compromiso que ponga un freno a la guerra sucia, el que ha sido firmado por tres de los cuatro postulantes en competencia. Sin embargo, todavía es un desafío su efectivización plena.
Candidatos, políticos, autoridades, medios de comunicación, líderes de opinión y sociedad civil en su conjunto tienen la corresponsabilidad de frenar estas señales preocupantes para dar paso a unas elecciones tranquilas, transparentes y fidedignas. El país lo merece y lo necesita, porque es la única manera de enfrentar la crisis multidimensional que golpea al país.
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