Agua contaminada en Puñaca. Foto: El Diario
ANF
El investigador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Otto Colpari, informó que en el “Taller Macroregional de Elaboración Participativa de la Ley del Agua” una mesa analizó los efectos de minería en el medioambiente y concluyó que las mineras deben pagar por el uso del agua y contaminar el ecosistema.
“Otro elemento que se ha discutido es que tampoco se prohíba por prohibir la minería, debe haber sanciones. Se debe reclamar un porcentaje (económico) a aquellas actividades mineras que afecten a poblaciones para que puedan resarcirlos. Es decir, las mineras deben tener una responsabilidad social y ambiental y pagar por los costos ambientales que están sufriendo las comunidades”, declaró Colpari a la ANF.
Otra de las conclusiones, en el tema minero, es que se prohíba toda actividad minera ilegal aceptada excepcionalmente por el Estado, exigieron al gobierno nacional realizar informes sobre el verdadero impacto de la contaminación por mercurio en los pueblos indígenas y las especies que viven en los ríos.
“El agua contaminada no sólo afecta a los seres humanos, también a las especies de la fauna, flora y, por lo tanto, de la biodiversidad”, subrayó el investigador de la Plataforma.
La iniciativa del Taller apunta a que a mediados de año se presente un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación al uso prioritario del agua.
Proponen que el agua sea reconocida como un sujeto de derechos para preservarla
Otra de las conclusiones primordiales es que el líquido vital debe ser reconocido como sujeto de derecho para preservarlo. El secretario técnico de la PBFCC, Juan Carlos Alarcón, explicó que la propuesta del nuevo enfoque “tiene un avance importante, porque el agua va a tener el derecho a su propia regeneración y purificación”.
Complementó que dicho ciclo está alterado por la contaminación de los cuerpos de agua, la reducción de las fuentes de agua segura y otros factores que ponen en riesgo la calidad de este elemento destinado al consumo humano, animal y en las actividades agrícolas.
Mesas de trabajo
Mesa 1. Protección de la naturaleza y de las zonas de recarga hídrica. Los participantes propusieron que la nueva norma reconozca al agua como un sujeto de derechos y que los acuíferos origen sean reconocidos como áreas protegidas, para que el líquido esté preservado y pueda cumplir su ciclo de regeneración.
Mesa 2. Agua para la producción alimentaria y económica. En esta mesa plantearon que la norma garantice la conservación de los ecosistemas en los que se encuentren las fuentes hídricas y pidieron que la norma prohíba el uso del agua para actividades contaminantes.
Mesa 3. Servicios de agua potable. La mesa considera que la Ley deberá exigir a las autoridades que garanticen un acceso equitativo al agua. La mayoría de las comunidades del área rural no tienen agua potable, deben abastecerse a través de la compra de cisternas. En el presente, las autoridades no garantizan el cumplimiento de este derecho para estas comunidades y estas reclaman que el Estado destine recursos para la ejecución de proyectos que garanticen dicho derecho.
Mesa 4. Regulación de los servicios y gestión estatal del agua. De esta mesa emanó la propuesta de que la futura ley instruya la creación de un ente multiactor de regulación del agua. Actualmente, funciona la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Para la nueva norma se propone que esta instancia que trabaje con funcionarios públicos, especialistas y con representantes de la sociedad civil organizada.
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