De izquierda a derecha, Jimena Costa, Erika Brockmann y Mila Reynolds.
Bolivia no solo atraviesa por una crisis económica, sino también por una profunda crisis institucional, por lo que especialistas en temas políticos plantean una reforma estructural del Estado, que requerirá cambios en la Constitución Política del Estado y en las leyes.
Estado de derecho, separación de poderes, independencia judicial, meritocracia y transparencia son algunos de los componentes de la institucionalidad, aspectos que han sufrido un deterioro en los últimos años.
Estas reflexiones fueron vertidas en el más reciente programa Sumando Voces en Directo, del que participaron las analistas políticas Jimena Costa y Erika Brockmann, y la directora de la red UNITAS, Mila Reynolds.
Justamente, por considerar que la crisis institucional es el origen de otras crisis, como la económica y la ambiental, el programa del que participaron las tres especialistas se denominó “la madre de todas las crisis”.
Y, con esa perspectiva se realizará el miércoles 30 de julio un foro presidencial sobre la institucionalidad y las propuestas que los diferentes frentes tienen para afrontar esta problemática.
Este será el cuarto y último foro de un ciclo organizado por la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad (PTH), compuesto por más de 70 organizaciones de la sociedad civil e impulsado por la red UNITAS y la fundación Jubileo. Los otros foros fueron sobre la crisis económica, la crisis ambiental y la deuda social.
Las propuestas electorales
Respecto a la institucionalidad, Samuel Doria Medina plantea eliminar la reelección presidencial, escoger funcionarios por méritos, eliminar los gastos superfluos del Estado, cárcel para los corruptos, reformar la justicia eliminando la elección de magistrados por voto y suprimiendo el TCP, recuperar la independencia del Banco Central de Bolivia y digitalizar el Estado.
Jorge Tuto Quiroga ofrece reducir el tamaño del Estado, aplicar el mérito y competencia para acceder a la función pública, crear una comisión de notables para que investigue los casos de corrupción pasados, despolitizar del Ministerio Público y el Órgano Judicial y elegir de magistrados por mérito, fortalecer la institucionalidad de las entidades públicas, autonomía plena para gobernaciones y municipios y digitalizar el Estado.
Andrónico Rodríguez propone garantizar la independencia y transparencia del Órgano Judicial, reformar el mecanismo de selección de magistrados, crear la Defensoría Judicial Ciudadana y regular los alcances de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Entre tanto, Manfred Reyes Villa plantea designación meritocrática de autoridades del Estado, como BCB, ASFI, Contraloría; eliminar las elecciones judiciales y crear un tribunal nacional de selección y postulación para elegir magistrados; dar seguridad jurídica a las inversiones, acabar con la burocracia, y revolución digital para hacer todos los trámites en línea.
Maquillaje para una crisis profunda
“Para mí son propuestas reformistas. Yo creo que necesitamos algo más estructural. La crisis institucional es muy severa”, afirma Jimen Costa, quien considera que esta crisis “no se resuelve cambiando la forma de elección de magistrados”.
A propósito del tema, Brockmann también considera que la justicia es un tema de fondo y que no basta con proponer que se elimine el Tribunal Constitucional. “Hay que acotar sus funciones” porque “se ha hecho del Tribunal Constitucional un dispositivo de gobernabilidad del propio Gobierno y del Ejecutivo porque acude a él porque no puede acudir al Parlamento”.
Costa cita algunos aspectos que deberían estar incluidos en las propuestas, como la prohibición de la reelección, quitar la atribución presidencial para nombrar vocales electorales, entre otros.
“Es inaceptable que el Órgano Ejecutivo, el Presidente, ponga un vocal en el Tribunal Supremo Electoral y encima ponga vocales en los tribunales departamentales. Es inaceptable, es una intromisión de un órgano del Estado sobre el otro”, dice.
Brockmann coincide en que “el tema de la reelección viene a ser un elemento estructural (…) que está deformando absolutamente la calidad del ejercicio de la política”. La figura del “presidente candidato”, señala, lleva a hacer uso y abuso de loa recursos públicos en campaña.
Brockman, sin embargo, plantea combatir el hiperpresidencialismo centralista permitiendo nuevamente que un candidato a la presidencia también pueda postular a la Asamblea, lo que cualificaría el debate legislativo.
Costa, además, plantea una reforma estructural del Parlamento, donde habitualmente asisten 90 de los 130 diputados a las sesiones.
El otro aspecto central, dice ella, es combatir “el secante centralismo generado por el MAS” porque actualmente el nivel central del Estado administra el 85% de los recursos públicos, a lo que hay que sumar el 3% del Fondo Indígena, mientras que el 7% va a los municipios y 5% a las gobernaciones.
Y, en materia de lucha contra la corrupción, Brockmann plantea la necesidad de recurrir a la “justicia transicional”, con la creación de alguna comisión que investigue, evite la impunidad, pero que tampoco haga de la transición un revanchismo.
También considera que es importante tener mecanismos de resolución de conflictos “porque el MAS ha generado un modus operandi por el cual se enfrenta sociedad civil versus sociedad civil”.
Y añade que otro gran tema es “el estado con huecos” y el mayor ejemplo de ello es que no hay presencia institucional en el Chapare y otros puntos del país.
“Para mí, los cuatro candidatos con sus agendas están planteando cosmética, maquillaje, para que se vea un poco más bonito. Ninguno está planteando un cambio realmente estructural dentro del estado”, concluye Costa.
Sistemático deterioro de la institucionalidad deteriorada
En ese contexto, Mila Reynolds destaca la importancia de que los candidatos a la Presidencia dialoguen a profundidad sobre estos temas con la sociedad civil en el espacio deliberativo que se desarrollará el próximo miércoles 30, tomando en cuenta que, de acuerdo a los datos del Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS, “a lo largo de los años la institucionalidad ha mostrado grandes déficits”.
Indica que la categoría de la institucionalidad democrática concentra casi el 60% de las vulneraciones a las libertades fundamentales cada año.
Esta tendencia se ha replicado en el primer cuatrimestre del año, cuando se registraron 174 vulneraciones en general, de las cuales, el 53% corresponde a institucionalidad democrática.
Justamente por eso, Reynolds lamenta que en el más reciente Examen Periódico Universal (EPU), el Estado boliviano haya “anotado” la recomendación de aprobar una Ley de acceso a la información, lo que significa que no priorizará esa recomendación emitida por varios países.
¿El retorno de los pactos?
Las panelistas del programa abogan por una restauración de la institucionalidad a partir del ciclo que podría inaugurarse en noviembre de este año.
Costa espera que haya “muchas bancadas porque mientras más plural sea el Parlamento, mejor representada está la sociedad”.
Ella cree que si “las oposiciones democráticas” controlan más de dos tercios de las cámaras, “el proceso de reconstrucción y restablecimiento de la institucionalidad va a ser bastante más sencillo”. En cambio, si el control está en manos de las facciones del MAS, cree que van a obstaculizar el proceso porque fueron ellos lo que se dedicaron a “desmontar la institucionalidad democrática”.
¿Esta diversidad de fuerzas que podría llegar al Parlamento, hace prever que los partidos tendrán que pactar tal como se hacía antes del 2006? Brockmann dice que la política de pactos también estuvo presente en el MAS con las corporaciones (movimientos sociales), que “terminaron en una práctica del cuoteo de cargos y de espacios públicos”. Sin embargo, reconoce que la gobernabilidad también pasa por las calles.
En todo caso, afirma que esta es una oportunidad importante porque, si bien el Parlamento que llega se quedará solo cinco años, se avizora una etapa de largo aliento.
Reynolds considera que la manera de recuperar esta institucionalidad es con diálogo, consenso y gobernabilidad. “Requiere mucha voluntad política, participación activa de la ciudadanía y pensar en estas reformas estructurales”, señala.
Puedes ver el programa completo aquí:
