Editorial Sumando Voces
Unas 20 personas defensoras ambientales de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía están siendo criminalizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ha interpuesto una denuncia penal en su contra acusándolas de “atentados contra la libertad de trabajo” y de “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.
Los comunarios, que sostienen una lucha estoica desde hace años para evitar el ingreso de la actividad petrolera a la zona, han concurrido a la Fiscalía de Entre Ríos, pero se abstuvieron de declarar por considerar que no tienen nada que decir.
Además de la arremetida judicial, los comunarios denunciaron que un centenar de trabajadores petroleros acompañados de un contingente policial ingresaron a la zona en medio de tensión con los defensores ambientales que se mantienen en vigilia permanente.
La intención del Gobierno de poner en marcha un proyecto gasífero en Tariquía no es reciente. Su antecedente legal data de 2015, cuando el entonces presidente Evo Morales firmó un decreto que permite la exploración y explotación petroleras en las áreas protegidas.
Actualmente, YPFB y Petrobras pretenden explotar el pozo Domo Oso-X3 en la comunidad de Saicán. El Gobierno asegura que el proyecto está a 1,2 kilómetros de la reserva y que por tanto los comunarios no tendrían motivos para oponerse. Sin embargo, los defensores ambientales sostienen que en la zona está la cabecera de un río y otros acuíferos que proveen de agua a unas 10 comunidades.
En su afán de hacer valer su punto de vista, YPFB ha recurrido a la penalización de la protesta, con la finalidad de amedrentar a los defensores ambientales y obligarlos a suspender la vigilia en la zona. Acosar, perseguir y hasta dañar a defensores ambientales es un método utilizado cada vez con más frecuencia en diversos países de la región. Bolivia no es la excepción, sólo que ahora recrudece la estrategia con la demanda planteada desde el propio Estado.
La acción legal de YPFB vulnera el Acuerdo de Escazú, que fue suscrito por el Estado boliviano, y que no sólo obliga a los países a respetar el trabajo de los defensores ambientales, sino a protegerlos.
El artículo 9 del citado Acuerdo indica que “Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.
Establece, además, que “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”.
Sin embargo, como en el mundo del revés, el Estado boliviano en vez de proteger a los defensores de Tariquía los está persiguiendo penalmente.
Al margen de la vulneración de derechos, con este caso el Gobierno muestra su falta de responsabilidad con el medio ambiente y el desacato a las leyes bolivianas, que establecen la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental, la consulta previa e informada y procedimientos para establecer posibles daños, su prevención y, en algunos casos, la mitigación. Su desesperación por ingresar a la zona muestra también el grado de urgencia que tiene por conseguir recursos, luego de que declinara la producción de gas en el país.
En Bolivia, la defensa de la Madre Tierra es un asunto de discursos, leyes y papeles, pero en la práctica prima el daño al medio ambiente, en el marco del modelo extractivista que ha sido adoptado por los sucesivos gobiernos del país.
Hay que recordar que la raíz del problema es cómo concibe Bolivia el desarrollo y qué tipo de modelo desea aplicar en adelante, considerando que los efectos de la crisis climática se sienten en todos los niveles y espacios, empezando de los pueblos indígenas que habitan en los territorios directamente afectados y terminando en las grandes ciudades que viven en constante estrés hídrico y agobiadas por la contaminación.
Está claro que no podemos seguir depredando el medio ambiente porque nuestro futuro está en juego y, en consonancia con ese anhelo, el Estado no puede criminalizar a los defensores ambientales porque son ellos los defensores de nuestro derecho a gozar de un medio ambiente sano.
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