La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las nueve asociaciones departamentales del país, expresó su rechazo enérgico a las agresiones verbales y descalificaciones emitidas por el vicepresidente Edman Lara contra la prensa, durante recientes declaraciones públicas vinculadas al conflicto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
El pronunciamiento surge luego de que el vicepresidente reaccionara de manera airada ante una pregunta periodística sobre una posible iniciativa legislativa para anular los decretos firmados durante el gobierno de Evo Morales que autorizaron actividades petroleras en áreas protegidas. Entre ellas, el Decreto Supremo 2366, que desde 2015 habilita la exploración hidrocarburífera en reservas naturales.
“Dejen de defender lo indefendible, dejen de justificar lo que no se puede justificar. No le mientan al pueblo”, afirmó Lara, cuestionando el rol de los medios y negando la existencia de contratos y procesos de consulta previa relacionados con la perforación del pozo Domo Oso X3.
Frente a estas declaraciones, las organizaciones de periodistas recordaron que los medios de comunicación han realizado una cobertura constante, crítica y documentada del conflicto en Tariquía, el cual se arrastra desde hace al menos una década. Dicha cobertura ha incluido la resistencia sostenida de comunidades locales que defienden su territorio y sus modos de vida, así como denuncias sobre la falta de consultas previas adecuadas y observaciones técnicas a las licencias ambientales otorgadas.
Asimismo, la ANPB lamentó que el vicepresidente desconozca el trabajo periodístico realizado en torno a un tema de interés nacional que involucra derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas y la protección del patrimonio natural del país.
En su pronunciamiento, las organizaciones exhortaron al vicepresidente Lara y a todas las autoridades del Estado a respetar la labor periodística como un pilar fundamental de la transparencia y la rendición de cuentas, evitar calificativos estigmatizantes que pongan en riesgo el libre ejercicio del periodismo y canalizar sus discrepancias mediante argumentos sustentados, información pública y diálogo institucional.
“La libertad de expresión, la verdad y el derecho a la información no se intimidan”, concluye el comunicado.
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