Organizaciones indígenas y legisladores impulsan cinco proyectos de ley ambientales y autonómicos en Bolivia

Desarrollo

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Yenny Escalante

Conferencia de prensa. Foto: Yenny Escalante Flores/ Sumando Voces

Representantes de organizaciones indígenas, campesinas y plataformas ambientales presentaron este lunes un paquete de cinco proyectos de ley ante legisladores nacionales, quienes firmaron un acta de compromiso para impulsar su tratamiento en la Asamblea Legislativa, incluyendo su remisión a la Cámara de Senadores.

Las iniciativas abarcan la protección del agua, la emergencia climática, el desarrollo integral del norte amazónico, la gestión pública en autonomías indígenas y la preservación de bosques y sistemas de vida. El acto reunió a voceros de organizaciones sociales y a senadores y diputados de distintos departamentos, quienes coincidieron en la necesidad de dar curso legal a las propuestas.

«Este es un proceso largo que se ha venido trabajando, no solo como plataforma, sino con otras organizaciones. Son cinco proyectos de ley: Proyecto de Ley de Agua para la Vida, Proyecto de Ley de Bosques y otros Sistemas de Vida, Proyecto de Ley de Emergencia Climática, Proyecto de Ley Especial de Desarrollo Integral Sustentable del Norte Amazónico de Bolivia “Bruno Racua”, Proyecto de Ley de Gestión Pública de los gobiernos indígena originario campesinos», informó a Sumando Voces Juan Carlos Alarcón, presidente de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC).

Clara Masay, representante nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), explicó que la presentación responde a una demanda colectiva de las mujeres y pueblos indígenas. “Eso es lo que pido que nosotros trabajamos mutuamente, que nos hagan conocer todos los avances”, afirmó.

Desde el componente técnico del proyecto de ley del agua, Wilson Santiesteban, del Colectivo Plurales, señaló que una de las propuestas centrales es la norma para conservar y preservar el ciclo del agua. “Queremos agua para la vida, agua para el pueblo boliviano”, sostuvo, al indicar que la iniciativa recoge el sentir de sectores campesinos, indígenas y urbanos populares.

En la misma línea, Karla Alanoca, de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático, remarcó que el proyecto de ley de justicia climática surge desde la sociedad civil. “Un proyecto de ley que nace desde el 2021, desde la región civil, esta demanda pide por un medio ambiente mejor, para reconocer que estamos en una situación de crisis climática y que necesitamos medidas de prevención y de atención”, expresó.

Por su parte, Raquel Antúnez Marañón, vocera del proyecto de ley de gestión pública para Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos, afirmó que la norma responde a una necesidad estructural: “estamos presentando la ley de gestión pública para las autonomías, ya que es una necesidad urgente para hacer gestión pública en las autonomías indígenas originarias y campesinas”.

Desde el norte amazónico, Vivian Palomequi, del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), destacó el trabajo en el proyecto de ley especial de desarrollo integral sustentable “Bruno Racua” y en una propuesta de salud integral sostenible para la región, ante la preocupación por la contaminación y el impacto ambiental.

En representación del Senado, Jesús Humberto Suárez, legislador por Pando, comprometió el ingreso formal de las iniciativas a la Cámara Alta para su tratamiento. En la misma línea, el senador Hugo Cortez informó que, tras recibir la explicación técnica, las autoridades firmaron un acta para impulsar los proyectos hasta su aprobación.

Diputados como Sofía Rocha (Cochabamba) y Salma Tobías Paz (Beni) coincidieron en que las propuestas trascienden diferencias partidarias y deben adaptarse a la realidad de las regiones más afectadas por inundaciones, incendios y degradación ambiental.

El evento concluyó con consignas en defensa del territorio y la Amazonía, y con el llamado a que las normas reflejen las voces de los pueblos indígenas y de la sociedad civil organizada, en un contexto de crisis climática que —según los impulsores— exige respuestas legislativas urgentes.

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