Foto: A la izq. el DS 5503; a la der. una foto referencial de pobladores indígenas. Composición SV
Organizaciones indígenas y ambientales advirtieron que el Decreto Supremo 5503 pone en grave riesgo los territorios indígenas, las áreas protegidas y los ecosistemas del país, al profundizar el modelo extractivista en un contexto de crisis climática, pérdida acelerada de biodiversidad y debilitamiento de los controles ambientales.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) coincidieron en señalar que la norma, aprobada bajo el argumento de la reactivación económica, prioriza la entrega de recursos naturales a sectores empresariales vinculados a la minería, los hidrocarburos y el agronegocio, en desmedro de la protección ambiental y de los derechos colectivos.
«Bajo el pretexto de una declaratoria de emergencia económica nacional, el decreto impone un conjunto de medidas económicas excepcionales que, en los hechos, benefician de manera desproporcionada a una minoría empresarial vinculada a la agroindustria -que no representa más del 5% de las unidades productivas del país-, así como a los sectores ganadero, minero, energético, bancario e importador», señala el pronunciamiento de la PBFCC.
De acuerdo con el análisis de la plataforma, más del 80% de los recursos estratégicos contemplados en el decreto se encuentran en territorios indígenas y áreas protegidas, lo que incrementa el riesgo de deforestación, incendios forestales y contaminación de fuentes de agua. La plataforma advirtió que escenarios como el que atraviesa la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía podrían replicarse en otros territorios si el decreto no es revertido.
La Contiocap alertó que el DS 5503 acelera la entrega de recursos naturales renovables y no renovables mediante procedimientos expeditos para proyectos considerados “estratégicos”, reduce los controles ambientales y omite la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Según la organización, estas medidas facilitan la expansión extractiva sin límites claros, con impactos irreversibles sobre bosques, ecosistemas y medios de vida comunitarios.
«Para nosotros este DS 5503 significa pérdida de soberanía territorial y sobre nuestros recursos naturales, pero sobre todo para nosotros los pueblos indígenas significa el despojo territorial, pérdida de medios de vida fundamentales como el agua y la invasión a las áreas protegidas para siempre, porque no habrá ningún límite para las inversiones extractivistas, con la mayor destrucción de bosques y ecosistemas, e incluso la mercantilización de los territorios, abriéndolos al mercado de bonos de carbono», refirió la Contiocap en su pronunciamiento.
Sobre ese mismos punto, la PBFCC indica que el DS establece procedimientos de aprobación expedita (fast track), introduce el silencio administrativo positivo y fija plazos de apenas 30 días para la aprobación técnica de proyectos, otorgando además de seguridad jurídica, normativa tributaria por 15 años. «Todo esto prioriza los intereses corporativos por encima del control estatal y de la soberanía del pueblo boliviana», acota.
Ambas organizaciones cuestionaron la flexibilización de normas ambientales para sectores que son identificados como los principales responsables de la degradación ambiental y de los incendios forestales que han afectado millones de hectáreas en el país. En ese contexto, rechazaron que la fiscalización legislativa y el respeto a los derechos indígenas sean presentados como obstáculos para el desarrollo.
En materia socioambiental, también expresaron preocupación por la liberalización de las exportaciones de productos básicos, al considerar que esta medida puede aumentar la presión sobre los ecosistemas y afectar la agricultura familiar campesina, clave para la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.
La PBFCC denunció que bajo el lema de emergencia económica, el decreto -en su artículo 51- liberaliza las exportaciones de productos básicos como maíz, sorgo, azúcar y carne, eliminando el certificado de abastecimiento interno y de precio justo.
Frente a este escenario, la Contiocap exigió detener la aplicación de mecanismos de aprobación acelerada para proyectos extractivos y garantizar seguridad jurídica sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas, advirtiendo que el Estado podría ser responsable de la desaparición de pueblos indígenas si no se revierten estas políticas.
«Exigimos al gobierno de Rodrigo Paz detener el ‘fast track’ que tendrá consecuencias de devastación ambiental, social y económico no solo para nuestros pueblos indígenas, sino para toda la población boliviana, quienes ya venimos asumiendo costos en nuestra salud por la falta de agua, consecuencias de sequías e inundaciones que nos empobrecen y nos quita nuestra soberanía alimentaria y que nos está costando la vida en áreas rurales», pidió la Contiocap al presidente Rodrigo Paz.
Por su parte, la PBFCC solicitó la abrogación del decreto y propuso reorientar el modelo de desarrollo hacia actividades sostenibles como la agroecología, la agricultura familiar y el turismo comunitario.
Finalmente, ambas organizaciones hicieron un llamado a instancias nacionales e internacionales para que observen y actúen frente a lo que consideran una grave amenaza ambiental, y remarcaron que la defensa del territorio es inseparable de la defensa de la vida y del futuro ecológico del país. «No puede haber salida a la crisis sacrificando derechos, territorios y naturaleza», puntualizó la plataforma.
Aquí puede leer el pronunciamiento de la PBFCC:
612257241_122202232022315900_5228242117293149246_n-1Aquí puede leer el pronunciamiento de la Contiocap:
WhatsApp-Image-2026-01-05-at-15.05.55Aquí puede leer el DS 5503:
DS5503También le puede interesar:
