En una carta pública, unas 80 organizaciones de la sociedad civil demandaron la restauración de los derechos de los afectados con los incendios, además de otras 11 exigencias para poner fin al desastre ambiental que aqueja al país.
“Exigimos a las autoridades de todos los niveles, y exhortamos a la Cooperación a atender oportuna y adecuadamente esta situación de desastre y prever todos los recursos necesarios para reparar y restaurar los derechos de las personas que fueron afectadas”, indica el punto uno de la carta.
Las instituciones firmantes consideran que se registrarán efectos a mediano plazo, para lo que se debe prever “la recuperación de los medios de vida y sistemas productivos de las comunidades y familias indígenas, la recuperación de los ecosistemas de río, bosque y pastizales y, el cambio climático y sus efectos en lo productivo, social y ambiental”.
La carta está dirigida a los bolivianos en su conjunto, a las organizaciones de la sociedad civil, a los órganos del Estado, a los medios de comunicación y a la cooperación internacional.
Las instituciones que adhirieron, además, exigen subir el presupuesto para medioambiente y agua de 0,7 a 10% en 2025 y para ello sugieren que la cooperación internacional priorice esta temática y focalice los recursos para este ámbito.
La carta indica que las instituciones demandan concluir el proceso de abrogación de las denominadas leyes incendiarias, que se inició en el Senado con dos de las normas.
Asimismo, piden “identificar y establecer sanciones a los perpetradores de los incendios que hubieran cometido delitos ambientales y funcionarios públicos que omitan el cumplimiento de derechos”.
Por otro lado, exigen quitar las subvenciones públicas al sector agroindustrial “en particular aquella que es pagada por el fondo de pensiones de bolivianas y bolivianos”.
Asimismo, demandan suspender el tratamiento de la ley que autoriza la conversión de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana y empresarial, además de anular los acuerdos entre la CAO y el Gobierno sobre los transgénicos.
Las instituciones firmantes piden declarar pausa ecológica en la superficie quemada por al menos 10 años y garantizar la vocación agroecológica y ecoturística de los municipios que así lo decidieron.
Esta carta circula entre la opinión pública en coincidencia con otra carta enviada por 130 organizaciones de la sociedad civil al presidente Luis Arce; al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca; y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, en la que demandan abrir el debate sobre el modelo de desarrollo, como el causante de los incendios.
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