Secuestro. Foto referencial Revista Malinali
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) denunciaron el intento de asesinato de un periodista en la ciudad de El Alto, ocurrido la madrugada del jueves 12 de febrero, en un hecho que calificaron como un atentado directo contra la libertad de prensa.
«Los agresores lo acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante (…) Durante el ataque, le profirieron amenazas explícitas: ‘Ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes'», señala el comunicador de las organizaciones de la prensa, lo que califican como una evidencia clara de que los agresores conocían su oficio y que tenían la intención de silenciar su labor informativa.
De acuerdo con la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto (FSTPEA), el comunicador fue interceptado por desconocidos cuando se dirigía a su domicilio. Fue reducido violentamente, obligado a subir a un vehículo y trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras.
Según el pronunciamiento, el médico que lo atendió determinó que las lesiones no fueron accidentales, sino provocadas de manera intencional con cortes finos. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea de El Alto y dado de alta el viernes. El sábado formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
El comunicado añade que, de acuerdo con el testimonio de la víctima, los agresores también sustrajeron sus herramientas de trabajo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado y dirigido específicamente contra su ejercicio periodístico.
Las organizaciones de prensa señalaron que este hecho no puede ser considerado un simple caso de inseguridad ciudadana, sino un atentado que se inscribe en un contexto de violencia persistente contra periodistas en el país. Advirtieron que la falta de investigaciones oportunas, independientes y transparentes, así como la ausencia de sanciones en casos anteriores, alimenta un clima de impunidad que incentiva nuevas agresiones.
La ANPB y la CSTPB exigieron una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque, además de garantías efectivas de protección para el periodista y su familia.
El caso reaviva la preocupación constante sobre las condiciones en las que la prensa ejerce su labor en Bolivia, particularmente en contextos políticos sensibles, y plantea un nuevo desafío para el Estado en materia de protección a la libertad de expresión.
Aquí puede leer el pronunciamiento completo:
Gobierno
Por su lado, el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, condenó enérgicamente la agresión sufrida por el periodista el pasado 12 de febrero y calificó el hecho como un ataque directo contra la libertad de prensa y la democracia en Bolivia.
A través de un comunicado, Oviedo calificó el hecho como un ataque atroz contra la labor periodística y la libertad de expresión, elementos esenciales de un sistema democrático. “Este es un hecho sumamente grave, que no solo atenta contra la integridad de un periodista, sino también contra los principios fundamentales de la democracia”, subraya el documento compartido este domingo.
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