El Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia registró en 2024 un incremento de más del 100% en los casos de vulneración de los derechos ambientales en Bolivia, sobre todo, producto de los incendios forestales y al avance de la minería. En 2023, los casos de vulneración a los derechos ambientales eran 582, mientras que en 2024, el número subió a 1.007 casos.
Sin embargo, el boletín del Observatorio indica que los derechos vulnerados son muchos más, debido a que en un solo caso suelen vulnerarse varios derechos. Por ejemplo, la destitución de su cargo del guardaparque Marcos Uzquiano es un solo caso, pero, suma varios derechos vulnerados. Entonces, el boletín indica que la vulneración de derechos llegó a 16.044 en 2024, mientras que en 2023, fue de 7.070.
Las vulneraciones se refieren al derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible (12.767), derechos de los defensores defensoras ambientales (1.103), derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales (1.095), derecho de acceso a la información ambiental (803) y derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (281).
Según la presidenta de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Magdalena Medrano, “este impresionante aumento de vulneraciones se debe en gran medida a los daños personales y materiales ocasionados por los incendios” que, según cálculos no oficiales, dejaron 14 millones de hectáreas quemadas el 2024 en el territorio nacional. El Observatorio de Escazú es gestionado por LIDEMA con el apoyo de UNITAS.
La coordinadora del Observatorio de Escazú, Jenny Gruenberger, informó que se recogió más de medio centenar de testimonios de actores locales, “que describen la indefensión de las comunidades rurales y pobladores indígenas, frente a la ocupación ilegal de sus territorios, a partir de la deforestación y los incendios promovidos por quienes trafican las tierras y buscan la conversión de los bosques en áreas destinadas a la agroindustria, la explotación minera del oro e, incluso, el narcotráfico”. Puedes leer los testimonios aquí.
Esta situación, a decir de Gruenberger, “presagia una escalada incontrolable de conflictos que, ante la precaria situación económica y alta conflictividad política, tiende a enfrentar a las poblaciones más vulnerables con quienes detentan el poder, transformando grandes áreas de Bolivia en zonas de sacrificio ambiental”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en materia ambiental. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018 y fue ratificado por el gobierno boliviano.
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