En 2016, Marvin, un niño guatemalteco de 11 años, vivía con su familia dentro de una propiedad productora de café. Él, su hermano menor y todos los miembros del hogar trabajaban recolectando granos, percibiendo ingresos por caja recolectada (1,50 $us. por caja). La familia se veía obligada a trabajar con todos sus integrantes para cumplir una cuota diaria; si no la alcanzaban, simplemente no comían. Los propietarios realizaban descuentos por vivienda y otros conceptos, dejando a la familia sin margen para el ahorro, la educación o una mejor alimentación.
La historia de Marvin, sin embargo, no siempre fue así. Su familia era pequeña productora de café en el altiplano de San Marcos, Guatemala. Poseían su parcela y su hogar. Confiando en una cotización internacional elevada, accedieron a un crédito bancario para comprar fertilizantes y una pequeña despulpadora. Pero en 2011, la plaga de la roya dañó los cafetales y, junto con la caída del precio internacional del café, los dejó sin margen de ganancia. El banco no esperó. Tras dos años de impagos, la hipoteca fue ejecutada y la familia perdió la parcela donde habían vivido tres generaciones. La necesidad los llevo a vivir en una finca en Chiapas (México), en un espacio denominado “cuartel”, junto a otras familias. La propiedad vende su producción a transnacionales europeas y estadounidenses. Sin tierra, el derecho al techo y a la comida de esta familia depende exclusivamente de su fuerza de trabajo (historia extraída del documental «Cosecha de Miseria» de Telemundo/The Weather Channel, 2016)
Este no es un caso aislado. En 2016, en Chiapas (México), un operativo encontró a 50 familias en estado de hacinamiento trabajando en una finca productora de café de exportación. Provenían de Guatemala y Honduras; la mayoría había perdido sus tierras por deudas con prestamistas intermediarios o entidades bancarias. Se estima que el 20% de los niños recolectores en Guatemala proviene de familias que perdieron sus parcelas por deudas. Estos niños ponen en riesgo su salud cargando entre 20 y 30 kilogramos y teniendo contacto directo con pesticidas y agroquímicos (OIT, 2016).
En Guatemala se ha reportado que, por cada libra de café que se vende en una cafetería de lujo en Estados Unidos o Europa, el recolector que a menudo es un niño recibe menos del 2% del precio final (OIC, 2019). Existen sellos de “cosecha responsable” que varias transnacionales exhiben como garantía ética, elevando el precio del producto final; sin embargo, esa elevación rara vez llega a los pequeños productores. Habitualmente, estas empresas trasladan la responsabilidad del trabajo infantil a las grandes fincas, lavándose las manos frente a un sistema que ellas mismas sostienen.
Bolivia no está ajena a este riesgo. La propiedad del pequeño agricultor se encuentra amenazada con la posibilidad de replicar el despojo de tierras por deudas bancarias observado en otros países. La Ley 157 de Conversión Voluntaria de la Clasificación de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial, recientemente aprobada en el Senado, permite convertir la pequeña propiedad familiar en una categoría legalmente hipotecable y embargable.
Esta norma vulnera el espíritu de la Constitución Política del Estado, diseñada precisamente para evitar el retorno al pongueaje. El artículo 394, parágrafo II, establece que la pequeña propiedad es indivisible y constituye patrimonio familiar inembargable. Al permitir su conversión a mediana o empresarial para el acceso a créditos, el campesino renuncia explícitamente a su derecho constitucional a la inembargabilidad.
La experiencia latinoamericana demuestra que, frente al riesgo de perder toda su propiedad por embargo, el campesino suele venderla a un precio inferior o verla ejecutada por el banco, para luego ser adquirida por el agricultor empresario. Este proceso genera una acelerada concentración de tierras, como se ha documentado en Paraguay, donde el 2,6% de los empresarios concentra el 85% del territorio cultivable. Miles de familias campesinas quedaron sin hogar y, de manera aún más alarmante, entre el 20% y el 25% de las tierras productivas están en manos de extranjeros, principalmente brasileños y empresas transnacionales (OXFAM, 2016).
El impacto sobre la niñez es devastador. En Paraguay, aproximadamente 400.000 niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil (OIT, 2022). La mayoría proviene de familias rurales desplazadas que, al perder sus tierras, terminan en el “criadazgo”: una forma de servidumbre doméstica en la que niños de familias pobres son entregados a hogares de clase media o alta a cambio de comida y estudio, promesas que rara vez se cumplen (UNICEF /CDIA).
La apertura a la inversión extranjera directa en el agro suele favorecer el monocultivo soya, sorgo, maíz encareciendo el costo de la tierra y de los insumos como semillas y fertilizantes. Esto empuja al pequeño productor a endeudarse para intentar competir en un mercado que le es estructuralmente adverso.
Casos similares al paraguayo se repiten en países que cometieron errores que hoy Bolivia está a punto de repetir. En México, con la reforma al artículo 27 de la Constitución en 1992, se permitió la venta y el embargo de los “ejidos”, tierras colectivas campesinas. El resultado fue la venta masiva de tierras de campesinos empobrecidos a grandes corporaciones agroindustriales y la migración forzada de miles de familias hacia Estados Unidos.
En América Latina existen 7,3 millones de niños en situación de trabajo infantil; el 48% se concentra en la agricultura (FAO/OIT, 2021). Incentivar créditos bajo condiciones de “libre mercado” sin protección implica que el Estado traslada el riesgo de la crisis al campesino. Si la propiedad deja de ser inembargable mediante su conversión, se transforma en un activo financiero más.
La historia muestra que la supuesta “liberación” de tierras suele terminar en acaparamiento. En países como Brasil y Paraguay, la llegada de capital extranjero para monocultivos desplazó a comunidades rurales enteras, convirtiendo a antiguos propietarios en peones.
En Bolivia, la pequeña propiedad garantiza la seguridad alimentaria de aproximadamente el 70% de la población (CIOEC Bolivia, 2026). Los pequeños propietarios poseen el 10% de las tierras (Fundación Tierra, 2026). Poner en riesgo esta propiedad es poner en riesgo la soberanía alimentaria del país.
Bolivia no puede retroceder hacia una nueva forma de pongueaje. Todos los indicios señalan que el objetivo real de esta ley es quitar al campesino su propiedad y debilitar las Tierras Comunitarias de Origen. La normativa no fue consensuada con campesinos ni pueblos indígenas y fue impulsada por sectores empresariales agropecuarios del oriente boliviano.
En medio de una crisis, endeudar a un campesino que depende de intermediarios para comercializar su producción, que enfrenta fenómenos climáticos adversos, que no cuenta con seguro ni capacitación técnica, equivale a condenarlo a la marginación. Esta situación es una oportunidad ideal para el agronegocio y para quienes acumulan tierras con la finalidad de ofrecerlas a capitales extranjeros.
Se pretende disfrazar de buenas intenciones “sacar al campesino de la pobreza mediante préstamos” una ley que, en los hechos, puede derivar en la concentración de tierras. Si este proceso se consolida, Bolivia corre el riesgo de reproducir escenarios ya conocidos en la región: niños y familias viviendo en condiciones de explotación y dependencia extrema en grandes propiedades rurales.
No puede haber créditos bancarios sin capacitación, sin seguro agrario, sin ventajas fiscales, sin políticas públicas y sin mercados asegurados para los productores. Existen experiencias dolorosas en América Latina que Bolivia no puede ignorar. De lo contrario, el costo lo pagarán los pequeños agricultores, la niñez rural y la seguridad alimentaria de todo el país.
Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del colectivo Lucha por la Amazonia.
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