Actividad minera en Viacha. Foto: ANF
Beatriz Bautista, integrante de la organización Qhana Pukara Kurmi, y Pastor Carvajal, autoridad originaria de la comunidad Sek’e Jahuira del municipio de Viacha, coincidieron en que la contaminación, la ilegalidad de las operaciones mineras y las amenazas contra quienes denuncian los abusos han puesto en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la vida de los defensores ambientales.
La comunidad de Sek’e Jahuira se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la expansión minera ilegal en Viacha. Los habitantes denunciaron que las operaciones extractivas se realizan sin consulta previa, con el uso de químicos altamente tóxicos, y en un contexto de impunidad. Las organizaciones locales sostuvieron que las autoridades han sido omisas ante el daño ambiental y las agresiones contra los líderes que exigen justicia.
Según Bautista, el caso de Viacha es “la punta del iceberg” de lo que sucede en distintas regiones del país. El impacto alcanza incluso al Lago Titicaca, un patrimonio cultural de enorme valor espiritual y ambiental.
“Estamos viendo un atentado a los derechos humanos colectivos, al territorio y a la vida misma”, advirtió Bautista en contacto con ANF. En Sek’e Jahuira operan actualmente unas 25 empresas dedicadas a la lixiviación, un proceso que utiliza sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.
Las autoridades originarias interceptaron en mayo de 2024 dos cisternas que transportaban ácido sulfúrico, lo que evidenció el uso de químicos peligrosos sin control ni autorización adecuada. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) había otorgado licencias ambientales a solo cinco empresas hasta 2024, posteriormente amplió seis licencias más, incluso cuando un comité interinstitucional ya había comenzado a investigar las irregularidades, denunció la activista.
Bautista lamentó que se intente “legalizar lo ilegal” y “limpiar lo ya contaminado”. Aseguró que el problema se está manejando con criterios políticos, sin una verdadera intención de proteger los derechos de las comunidades ni los recursos naturales. “No hay ética en pretender justificar lo que está destruyendo la vida y el agua”, afirmó.
Pastor Carvajal complementó que la contaminación del agua es la mayor preocupación de su comunidad. Explicó que se han perforado cinco pozos de hasta 65 metros de profundidad para acceder a aguas subterráneas, muchas de las cuales ya muestran signos de contaminación.
“Los ingenios mineros son los que más contaminan, no las ladrilleras que al menos ofrecen trabajo digno”, sostuvo en contacto con ANF.
El líder indígena denunció que, pese a las clausuras realizadas por la Alcaldía, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otros ministerios, las empresas continúan operando de noche.
“El río, ya contaminado, que pasa por nuestra comunidad desemboca en el Lago Titicaca. Si seguimos así, ese lago se va a morir”, advirtió.
El conflicto ha escalado al punto de poner en riesgo la seguridad de quienes alzan la voz. Carvajal relató que tras la toma del municipio de Viacha el 1 de septiembre, surgieron amenazas, difamaciones y campañas de desprestigio en redes sociales.
“Nos acusan de ser responsables de que 50.000 padres de familia se queden sin trabajo, pero lo único que hacemos es defender la vida”, dijo.
Qhana Pukara Kurmi, la organización a la que pertenece Bautista, también ha sido blanco de acusaciones infundadas. En redes sociales la señalan de ser una ONG extranjera que financia protestas. A esto se suman llamadas anónimas con amenazas de muerte. “Nos han dicho que nos van a dinamitar”, denunció Bautista, quien aseguró que varios líderes tuvieron que esconderse por temor a represalias.
El caso de Pastor Carvajal es emblemático. Tras denunciar la situación ante el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, se vio obligado a entrar en la clandestinidad.
“Estoy siendo buscado por exigir que las mineras paguen por el daño que están causando. Pero no me voy a rendir”, afirmó.
Los ataques no se limitan a amenazas. El 18 de septiembre, personas desconocidas intentaron incendiar la vivienda de Carvajal. El hecho, que aún no ha sido esclarecido, incrementó la sensación de vulnerabilidad entre los defensores ambientales de Viacha.
“Aquí el que denuncia es perseguido y el que reclama sus derechos es difamado”, lamentó Bautista.
El 18 de septiembre, Qhana Pukara Kurmi y las autoridades de Sek’e Jahuira presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, solicitando medidas de protección bajo el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta.
“Pedimos protección porque nuestra vida corre peligro, pero el silencio de las instituciones también es una forma de violencia”, señaló Bautista.
La Defensoría del Pueblo anunció una Acción Popular contra los ministerios competentes, pero el proceso avanza lentamente, indicó.
Mientras tanto, las operaciones continúan y el impacto ambiental se agrava. Los comunarios aseguran que el aire, el agua y la tierra están siendo destruidos por los químicos y residuos de las empresas. “Estamos hablando de un daño que ya afecta la salud de la gente”, dijo Bautista.
Para los defensores, el problema de fondo no es solo ambiental, sino también político y estructural. Las comunidades sienten que el Estado prioriza los intereses mineros sobre la vida y los derechos indígenas.
“Hay un abandono total, una complicidad institucional con quienes destruyen nuestros territorios”, afirmó Carvajal.
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