Marcela Guerrero en reunión con la Defensoría del Pueblo, para realizar seguimiento a denuncia de acoso y violencia política en el Concejo Municipal. Foto: Yobana Knaudt
Yobana Knaudt
La participación de las mujeres en la política boliviana ha sido el resultado de décadas de lucha. Desde la instauración del voto universal en 1952 hasta la aplicación de la paridad de género en 1997, los avances normativos han permitido una mayor presencia femenina en cargos de decisión. Sin embargo, para las mujeres jóvenes, el ingreso y la permanencia en la política continúan siendo un camino marcado por varios obstáculos adicionales, como la edad y el género.
La Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, promulgada en agosto del 2012, es un hito legal que reconoce una problemática persistente; sin embargo, las cifras oficiales muestran que la violencia no ha desaparecido y que muchas autoridades electas enfrentan presiones que las llevan incluso a renunciar a sus cargos.
Aumento de representación, persistencia del acoso
La violencia política hacia mujeres jóvenes no solo responde a patrones históricos de exclusión de género, sino que se ve agravada por el factor etario. En espacios donde la autoridad aún se asocia a la edad, la experiencia masculina y trayectorias largas dentro de estructuras partidarias tradicionales, las mujeres jóvenes son constantemente deslegitimadas. Sus decisiones son cuestionadas con mayor severidad, su preparación profesional es puesta en duda y su presencia suele ser interpretada como resultado de cuotas políticas y no de mérito, lo que profundiza una doble discriminación que limita su ejercicio pleno del poder.
A pesar de la Ley 243, la violencia política sigue afectando a mujeres jóvenes en Bolivia. Entre 2016 y 2024, Tribunal Supremo Electoral registró al menos 344 denuncias de acoso y violencia política contra autoridades mujeres electas, con 47 casos solo en 2023 y 23 renuncias vinculadas a estos hechos. En ese lapso, en Tarija, se documentaron varios casos y 35 renuncias de autoridades mujeres, evidenciando que los obstáculos por edad y género permanecen vigentes.
Las consecuencias son profundas: limitación del acceso a espacios de participación, restricción en el ejercicio del cargo y desprestigio de la imagen pública, sobre todo cuestionamientos sobre la capacidad intelectual de las mujeres. En muchos casos, la presión no solo proviene de adversarios políticos, sino también de estructuras partidarias y del propio entorno social.
El 55% de la juventud sufre discriminación por edad y género en espacios de participación política según el Tribunal Electoral Departamental de Tarija.
La política como una carrera de resistencia
La concejala municipal de Tarija y alcaldesa interina, Nushenka Gaite, de 33 años a la fecha, resume su experiencia señalando que “la política se ha vuelto una carrera de resistencia”. Relata que sus primeros años en el Concejo fueron difíciles, especialmente en barrios donde no estaban acostumbrados a autoridades jóvenes, y peor aún, mujeres. “Al inicio preferían hablar con mi asesor antes que conmigo”, recuerda.
Con el tiempo, el contacto constante con los barrios y el trabajo cercano a la población permitieron una mayor aceptación. En una era donde los medios de comunicación tradicionales no son los únicos encargados de masificar la información, Gaite decidió utilizar redes sociales como TikTok para visibilizar su gestión, estrategia que le permitió acercarse a la ciudadanía y, posteriormente, a los medios de comunicación tradicionales.
Ante comentarios sexistas disfrazados de bromas, Gaite optó por responder con acciones y preparación. “El respeto se gana mostrando trabajo”, afirma, y anima a otras mujeres jóvenes a prepararse e incursionar en la política sin temor.
Cuando asumió como alcaldesa interina, en mayo del 2025, Gaite enfrentó nuevas críticas, muchas de ellas centradas en su edad y condición de mujer. “No hay que victimizarnos, hay que resolver”, afirma. A pesar de los cuestionamientos en redes sociales, donde recibió múltiples ataques, asegura que logró cumplir su gestión sin conflictos y entregar el cargo en orden.
“Nosotras nos ganamos el espacio de a poco, demostrando que estamos al nivel de cualquier hombre”, enfatiza, al tiempo que advierte que la “guerra sucia” en política suele atacar la dignidad de las mujeres antes que su capacidad.
Romper el machismo desde la base
Por su parte, la senadora suplente por la Alianza Unidad, Marcela Guerrero, de 37 años de edad actualmente, recuerda que su formación política comenzó en la infancia, cuando acompañaba a su madre a las reuniones sindicales en la comunidad de San Jacinto Norte. En ese contexto, las mujeres no eran consideradas afiliadas, ni siquiera ante la ausencia de sus esposos. Sin embargo, su madre nunca permaneció en silencio frente a esta situación. Esa experiencia marcó a Guerrero y consolidó su decisión de participar activamente en la dirigencia social, convirtiéndose en la voz que denuncia las injusticias.
Acoso
Entre 2016 y 2024, Tribunal Supremo Electoral registró al menos 344 denuncias de acoso y violencia política contra autoridades mujeres electas, con 47 casos solo en 2023 y 23 renuncias vinculadas a estos hechos
A los 18 años, Guerrero fue elegida como autoridad comunal, a pesar de la desconfianza de quienes la consideraban “muy joven y mujer” para ocupar ese cargo, en un espacio donde tradicionalmente se asignaba a las mujeres solo los quehaceres del hogar. Desde esa posición, impulsó cambios que ampliaron la participación femenina, permitiendo que las mujeres no solo asistieran, sino que también formaran parte de la toma de decisiones, más allá de preparar los alimentos para los varones reunidos. Así fue ganándose la confianza de la comunidad.
“Era injusto que las mujeres solo estuvieran para cocinar y no para opinar”, afirma la Senadora.
Su trayectoria evidencia que el machismo atraviesa tanto el ámbito rural como urbano y que, aunque se han logrado avances, la resistencia al liderazgo femenino persiste. A lo largo de su carrera, Guerrero ha escalado posiciones en la política y actualmente se desempeña como senadora por Tarija en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La ley que no siempre se cumple
Desde el Tribunal Electoral Departamental de Tarija (TED), Ivone del Rosario Martínez advierte que, a más de 12 años de vigencia de la Ley 243, se registraron entre 300 y 400 casos de acoso y violencia política, pero solo cuatro lograron sentencia. “Tenemos la ley, pero no se está aplicando como debería”, afirma. Uno de los principales problemas es la práctica ilegal conocida como “gestión compartida”, que presiona a autoridades mujeres a renunciar a mitad de mandato.
El TED actúa como instancia administrativa y remite los casos al Ministerio Público, donde se produce el principal cuello de botella. Una investigación de 2022, del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) reveló que las 30 mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de acoso político, pero casi ninguna logró que su denuncia prospere. La falta de pruebas, el miedo a represalias y la desconfianza en el sistema judicial desalientan las denuncias.
Las investigadoras del mencionado estudio concluyen que el patriarcado sigue profundamente arraigado y que se requiere no solo normas, sino cambios estructurales, acompañamiento legal y un compromiso real de las instituciones y partidos políticos.
Un desafío pendiente
Más allá de las agresiones individuales, los testimonios recogidos coinciden en señalar a las organizaciones políticas como actores centrales en la reproducción del acoso. Estatutos partidarios desactualizados, comités de ética inoperantes y prácticas normalizadas como la gestión compartida crean un entorno hostil para las mujeres jóvenes. La falta de sanciones internas y de acompañamiento legal refuerza la impunidad y envía un mensaje claro: el costo de participar en política sigue siendo más alto para las mujeres que para los varones.
Con las elecciones subnacionales a la vuelta de la esquina, este marzo del 2026, el desafío sigue siendo garantizar que las mujeres jóvenes no solo accedan a cargos públicos, sino que puedan ejercerlos plenamente, tal como indica la norma. Visibilizar las experiencias de Gaite, Guerrero y otras mujeres de la palestra política, es un paso necesario para comprender que la democracia se fortalece cuando la participación es real y sin violencia.
Mujeres jóvenes que sostienen la política en Tarija
Senadora Marcela Guerrero
Marcela Guerrero Vilca es licenciada en Ciencias Políticas. Fue dirigente campesina, y desde diferentes palestras impulsó la creación de Brigadas Comunitarias de mujeres para la erradicación de la violencia intrafamiliar. Fue concejal municipal por la Alianza Unidos, el 2021, e impulsó varios proyectos. En 2025 fue electa senadora suplente por Tarija, renunciando a su curul municipal para asumir su rol legislativo.
Concejala Nushenka Gaite
Concejala Odris Nushenka Gaite Paputsakis, abogada de profesión, trabajó en diversas instituciones públicas y privadas. Actualmente es concejala del municipio de Tarija, desde el año 2021, y fue electa por la Alianza Unidos por Tarija. Ha presidido la Comisión de Género, Generacional, Familia, Niño, Niña y Adolescente y asumido como alcaldesa interina, impulsando iniciativas barriales y atención a sectores vulnerables.
Trayectorias de resistencia y liderazgo femenino
Marcela Guerrero y Nushenka Gaite representan la persistencia de mujeres en política. Desde cargos comunales hasta el Órgano Legislativo, enfrentaron críticas por edad y género. Su trabajo cercano a la comunidad y estrategias, como el uso de redes sociales, han permitido visibilizar su gestión y demostrar que las mujeres pueden liderar al mismo nivel que los hombres.
*Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto Red de Voces Seguras de la Fundación para el Periodismo (FPP), con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (CFLI) de la Embajada de Canadá en Bolivia.
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