Más de 20 mujeres de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí conformaron una Alianza Regional de Mujeres Defensoras Ambientales, con el propósito de fortalecer la defensa del territorio y el ejercicio de los derechos ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú.
La decisión fue asumida el 20 de febrero de 2026, en la ciudad de La Paz, durante el Curso Regional Presencial “Género y ejercicio de derechos en el marco del Acuerdo de Escazú”, desarrollado por la institución Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA). El encuentro reunió a lideresas y activistas comprometidas con la protección del medio ambiente en la región occidental del país.
De acuerdo con el acta de conformación, las participantes definieron tres líneas centrales de acción: constituir formalmente la alianza regional, fortalecer la defensa del territorio y el ejercicio de los derechos ambientales, y establecer mecanismos permanentes de comunicación y apoyo entre defensoras.
La articulación busca consolidar una red de respaldo frente a los conflictos socioambientales que atraviesan sus comunidades, así como generar espacios de coordinación, intercambio de experiencias y acompañamiento mutuo ante situaciones críticas que ponen en riesgo su integridad, la de sus familias y la de sus territorios.
Ese riesgo no es abstracto. María Luisa Rafael, del municipio de Poopó, en Potosí, relata que sufrió amenazas e intimidaciones. “Supuestamente es accidente lo que ha sucedido, pero han quemado lo poco que tenía. Era una casita ubicada en el campo, en Querarani. Ya no quedó techo, solo las paredes”, recuerda. El incendio redujo a cenizas su vivienda y marcó un punto de quiebre en su labor como defensora.
Como el caso de María Luisa, existen otros que serán abordados en próximas entregas de Sumando Voces, como parte de una serie sobre los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras ambientales en el país.
La iniciativa se enmarca en los principios del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de establecer la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
Con la conformación de esta alianza, las defensoras de La Paz, Oruro y Potosí apuestan por fortalecer la acción colectiva y la incidencia regional con enfoque de género, en un contexto donde la defensa del territorio continúa siendo una labor de alto riesgo.
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