El traslado del cuerpo de Francisco Marupa luego de su hallazgo. Foto: CPILAP
El 11 de febrero de 2025, Francisco Marupa de 68 años, exdirigente del pueblo Leco, murió en circunstancias aún no esclarecidas. Él es un indígena que pertenecía a la comunidad Torewa Indígena, ubicada en el Parque Nacional Madidi, del departamento de La Paz.
Marupa es considerado por su pueblo como un “anciano sabio y guardián del territorio”. Quienes lo conocen, entrevistados por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, lo recuerdan como un defensor de la tierra y del territorio, por su oposición al proyecto hidroeléctrico Chepete – Bala, que impulsó el gobierno de Evo Morales y que obligaba al desplazamiento e inundación de varias comunidades indígenas del Madidi y de Pilón Lajas.
La versión de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo del hecho es el “resultado de la impunidad con la que operan mafias criminales” en el territorio, y que se dedican a la “explotación ilegal de recursos minerales”, “caza indiscriminada” o “tráfico de tierras y tala ilegal”. Aunque salieron diferentes versiones en torno a este deceso.
De acuerdo con la Policía, la muerte se dio por un traumatismo craneoencefálico grave y shock hipovolémico, es decir por un golpe contuso en la cabeza.
El viernes 14 de febrero, se detuvo a un joven de 20 años, indígena tsiman, como el presunto autor del hecho. Fue el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien lo evidenció como el culpable de la muerte de Marupa a razón de “problemas personales”.
La detención del joven indígena generó dudas entre periodistas y asociaciones. Según Rafael Acuña, periodista que investiga este tema en Rurrenabaque, el indígena tsiman habla escasamente español y fue amedrentado luego de su detención. Según la versión del periodista, él se encontraba cazando animales cuando fue interceptado por una comitiva de personas que rastreaba al culpable.
“No hay posibilidad de comunicación de un tsiman con alguien que habla español. Se requiere que alguien pueda interpretar las respuestas de este joven. Lo han amenazado, tiene signos de golpes y el chico asustado dijo sí a todo. Le preguntaron cómo lo mataste, pero el respondía con una flecha, haciendo alusión a la cacería de los tres chanchos y un mono”, mencionó Acuña, en contacto con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) tiene la misma versión. Esta organización evidenció que la confesión de este joven tsiman, además, se dio en medio de un operativo de detención en el que se lo ve maniatado y jalado de una soga. “Tampoco hay garantías de que sus declaraciones se hayan desarrollado sin presión o coacción”, se lee en un comunicado de esta organización.
“No hay una situación clara, no se conoce en base a qué elementos se sindica al hermano tsiman. Nosotros desde la Contiocap vamos a seguir exigiendo al Estado y sus instituciones una investigación imparcial”, declaró Alex Villca, dirigente de la Contiocap, al Observatorio.
La periodista Virginia Gonzales, que reportó los pormenores de este hecho desde Rurrenabaque, indicó que Marupa es parte de la comunidad Torewa Indígena y en el mismo sector hay otra comunidad denominada Torewa Campesina. La periodista dijo que esta división, promovidas por intereses ajenos, ha generado problemas en esta y otras comunidades indígenas del sector.
Análisis del Programa Defensores de UNITAS
A continuación, se plantea un análisis sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos y las obligaciones estatales para garantizar su protección, incluyendo la investigación efectiva de los crímenes cometidos en su contra, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
Los defensores y defensoras de derechos humanos desempeñan un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho. Su labor ha sido ampliamente reconocida por instancias internacionales y por los mismos Estados, destacándose la importancia de garantizar un entorno seguro para su trabajo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que la calidad de defensor de derechos humanos no depende de una designación formal, sino de la labor realizada. Esta puede ser llevada a cabo tanto por particulares como por funcionarios públicos y abarca actividades de vigilancia, denuncia y educación. Además, la defensa de los derechos humanos no se limita a los derechos civiles y políticos, sino que también comprende los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Para que esta labor pueda ejercerse de manera efectiva, es imprescindible que los defensores no sean víctimas de amenazas, agresiones físicas o psicológicas, ni de actos de hostigamiento. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras para su trabajo y evitar cualquier tipo de obstáculo que impida su ejercicio.
Ante la muerte de un defensor de derechos humanos, el Estado tiene el deber de investigar de manera diligente, utilizando todos los medios disponibles para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que los Estados deben, al menos:
• Remover todos los obstáculos legales y fácticos que favorezcan la impunidad.
• Realizar una investigación expedita y eficaz.
• Garantizar la seguridad de víctimas, testigos, investigadores, operadores de justicia y otros actores involucrados en el proceso.
• Considerar el contexto de la labor del defensor y la posibilidad de represalias como una línea de investigación prioritaria. Ante indicios de que un hecho contra un defensor de derechos humanos pudo estar motivado por su labor, las autoridades deben considerar el contexto y los intereses afectados para orientar la investigación, definir la hipótesis del delito e identificar a los responsables.
• Aplicar enfoques diferenciales que reconozcan el impacto específico de estos crímenes en comunidades indígenas, mujeres defensoras y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
• Asegurar la participación de los familiares del defensor en el proceso de investigación, brindando información clara y acceso a recursos de apoyo legal y psicológico.
• Adoptar medidas de reparación integral, incluyendo garantías de no repetición, que contribuyan a la seguridad de otros defensores de derechos humanos.
La Corte establece que el deber de investigar obliga al Estado a realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos mediante una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta no debe depender de la iniciativa de las víctimas ni reducirse a una mera formalidad, sino estar orientada a descubrir la verdad y garantizar la sanción de los responsables.
Por otro lado, con relación a la detención del joven tsiman, debe recordarse que la presunción de inocencia garantiza que toda persona sea tratada como no culpable hasta que se demuestre lo contrario, asegurando que la carga de la prueba recaiga en la acusación y que cualquier duda beneficie al acusado. Su vulneración ocurre cuando cualquier autoridad anticipa la culpabilidad antes de una sentencia firme.
Para garantizar la igualdad ante la justicia, es fundamental reconocer y corregir las desigualdades que afectan el acceso a la defensa, especialmente en el caso de personas indígenas. Instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen el derecho a contar con un intérprete en procedimientos legales cuando la persona no comprende el idioma del tribunal.
Por último, el informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en línea con diversas recomendaciones realizadas al Estado por diversos organismos internacionales, observa que Bolivia no cuenta con una “política integral de protección para personas defensoras” que, entre otras cuestiones, posibilite enfrentar la “persecución violenta, agresiones físicas y amenazas” a la labor de defensa que organizaciones indígenas emprenden en favor de su tierra o su territorio.
