Portada de la cartilla.
El Territorio Indígena de Monte Verde cuenta desde enero de 2026 con un protocolo que regula de manera estricta la creación de nuevos asentamientos de familias indígenas chiquitanas, con el objetivo de fortalecer la defensa territorial, recuperar el espacio ancestral y evitar el ingreso de personas ajenas o con fines extractivos. La cartilla denominada «Protocolo para asentamientos humanos dentro del territorio indígena de Monte Verde» establece requisitos, procedimientos, plazos y prohibiciones claras para el acceso, uso y manejo del territorio.
El documento define que solo pueden asentarse familias indígenas chiquitanas afiliadas a una de las tres centrales titulares del territorio —la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Central Indígena Paiconeka de San Javier (CIP-SJ) y la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL)— y fija como mínimo la conformación de diez familias para la creación de una nueva comunidad.
Monte Verde es un vasto Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de 947.000 hectáreas en Santa Cruz, Bolivia, en los municipios de Concepción, San Javier y Guarayos, hogar de 128 comunidades chiquitanas con unos 10.000 habitantes. Ubicado en el Bosque Seco Chiquitano, enfrenta incendios forestales devastadores —258.000 hectáreas quemadas en 2019 y 80% del territorio en 2024—, sequías, invasiones de colonos, ganaderos, minería ilegal, narcotráfico y expansión sojera. Estas amenazas causan migraciones forzadas en comunidades como Sagrado Corazón, Makanaté y El Regreso, estancamiento económico por restricciones a quemas controladas y respuestas comunitarias con viveros y vigilancia territorial desde 2021.
La normativa busca garantizar que los asentamientos respondan a fines de ocupación real y permanente del territorio, priorizando la recuperación física, histórica y cultural, así como la reproducción de las formas de organización social, economía y cultura chiquitana. También apunta a reforzar el control y la defensa territorial frente a presiones externas.
Entre los requisitos principales se establece que las familias solicitantes deben contar con buenos antecedentes certificados por sus autoridades comunales, comprometerse con la organización y el movimiento indígena, respetar el estatuto y las normas de convivencia comunal, y participar activamente en las acciones de defensa del territorio. Además, deben vivir de forma permanente en el lugar una vez consolidado el asentamiento y elaborar de manera participativa un Plan de Ordenamiento Comunal para el uso y protección de los bienes naturales comunes.
El procedimiento de aprobación contempla varias etapas: la presentación de una solicitud escrita ante la central correspondiente, la evaluación del Consejo de Fiscalización, y una resolución final del Directorio del Gobierno Territorial de Monte Verde, que puede aprobar o rechazar el asentamiento. Todo el proceso debe quedar debidamente documentado y archivado por las instancias territoriales.
La norma también fija plazos claros: los nuevos asentamientos tienen un máximo de tres años para consolidarse como comunidad. Durante ese tiempo, el acceso a los bienes naturales comunes está restringido únicamente al uso doméstico y familiar. Solo tras la consolidación formal pueden adquirir derechos de manejo sobre estos bienes.
Finalmente, el protocolo establece prohibiciones expresas, como el asentamiento de personas no chiquitanas o karai, la venta o alquiler de predios comunales y el aprovechamiento forestal sin residencia efectiva en la comunidad. Estas restricciones buscan evitar la mercantilización del territorio y el uso especulativo de los recursos naturales.
El Territorio Indígena de Monte Verde, ubicado al noreste del departamento de Santa Cruz y titulado oficialmente desde 2007 con una superficie de más de 947 mil hectáreas, consolida así un marco normativo propio para proteger su integridad territorial y cultural frente a nuevas amenazas y conflictos por la tierra.
La Cartilla fue elaborada por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Central Indígena de las Comunidades de Concepción en Santa Cruz, con el apoyo de Forests of the World.
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