Actividad minera en el norte paceño: Foto: ANF
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exige al Gobierno la “derogación” del inciso c) parágrafo III del artículo 93 de la Ley Minera que prohíbe la explotación de minerales en las cabeceras de cuenca, lagos, ríos y vertientes. Asimismo, demanda la aprobación inmediata de los contratos administrativos mineros.
“Exigir la derogación del inciso c) del parágrafo III del artículo 93 de la Ley de Minería y Metalurgia”, dice el voto resolutivo de la Fencomin que emitió este pasado viernes. Esa disposición señala claramente que no se podrán realizar actividades mineras de prospección terrestre, exploración o explotación, “En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial”.
La organización protestó contra el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no “fomentar y potenciar” el crecimiento de las actividades mineras, en su opinión ambas instituciones han frenado los contratos administrativos mineros en el marco del artículo 93 de la norma del rubro.
En ese marco, los mineros cooperativistas exigen tanto al ministerio como a la AJAM “que en el mismo plazo de 72 horas remitan a la Asamblea Legislativa Plurinacional todos los tramites de contratos adminsitrativos del país con minutas firmadas, para su inmediata aprobación legislativa en cumplimiento a la minuta de comunicación del Senado”.
En febrero, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) rechazó un proyecto de Decreto Supremo que pretende autorizar operaciones mineras en cabeceras de cuenca, lagos, ríos y vertientes y demandó en esa oportunidad que se suspenda ese tratamiento.
“El proyecto de Decreto Supremo impulsado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, busca diluir esta precaución y cautela que la ley establece para la protección de los recursos hídricos”, alertó el CEDIB al citar al menos ocho puntos que contradicen la normativa vigente de protección ambiental de y derechos a favor de comunidades afectadas por las operaciones extractivas.
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