Alfredo Zaconeta Torrico
Que la minería volvió a constituirse en la principal actividad económica productiva del país, no resulta novedoso. Que su valor de exportación superó al de los hidrocarburos, tampoco. Sin embargo, la situación por la que atraviesan algunas operaciones estatales mineras en la actualidad es algo que merece ser comentado, como también los efectos que han dejado las políticas aplicadas en los últimos 18 años en este sector; muchas de las cuales no están preparando al país y su minería para un nuevo escenario: la transición energética.
A contra corriente de lo que pasa en el mundo, donde la discusión se basa en la creciente demanda de minerales para avanzar en la transición energética y las cadenas de valor, la minería boliviana continúa rezagada sin diversificarse y sin el desarrollo de nuevos proyectos mineros o al menos labores geológicas exitosas que amplíen la vida útil de los yacimientos que actualmente son explotados.
El informe anual de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas inglés) advierte una creciente demanda de minerales críticos, impulsada por las metas de transición energética, que conlleva riesgos de orden geopolítico que podrían dificultar su suministro.
Recordemos que un mineral se considera crítico cuando tiene un gran peso estratégico y económico para un país o industria, cuyo suministro está en riesgo o su oferta es escasa, lo que podría derivar en un impacto negativo sobre la economía.
En febrero de 2022, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas inglés) presentó una nueva lista con 50 productos minerales críticos, estos son: aluminio, antimonio, arsénico, barita, berilio, bismuto, cerio, cesio, cromo, cobalto, disprosio, erbio, europio, fluorita, gadolinio, galio, germanio, grafito, hafnio, holmio, indio, iridio, lantano, litio, lutecio, magnesio, manganeso, neodimio, níquel, niobio, paladio, platino, praseodimio, rodio, rubidio, rutenio, samario, escandio, tantalio, telurio, terbio, tulio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, iterbio, itrio, zinc y circonio.
De esta lista de minerales, al menos ocho son explotados en territorio boliviano (bismuto, indio, litio, manganeso, níquel, estaño, zinc y galio), aunque ninguno de ellos ha logrado algún valor agregado debido a la falta de una política minera que permita un mejor aprovechamiento pese a la tan prometida industrialización de los últimos años. Veamos la situación de tres de estos minerales —litio, estaño y zinc— donde la minería estatal tiene participación.
El litio en los últimos 16 años, durante el gobierno del MAS, pasó de ser un recurso minero estratégico a ser un recurso estratégico para discursos. En la actual gestión de gobierno fue presentado como parte de la “nueva estrategia” de industrialización con sustitución de importaciones que propugna la administración de Luis Arce, olvidando los compromisos incumplidos desde 2008.
Pese a que los primeros estudios sobre el potencial minero del salar de Uyuni datan de 1960 por estudios realizados entre la Universidad Tomás Frías de Potosí y la Universidad Técnica Freiberg de Alemania, el desconocimiento sobre este salar persiste. Por este motivo, hasta la fecha, carecemos de una certificación o información que valide en instancias internacionales el anuncio que se hizo de que Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio, o una patente estatal que valide el método de evaporación hasta ahora aplicado en las etapas semiindustrial e industrial en este salar.
Para el litio, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 contempla metas ambiciosas, como la producción acumulada de 80.959 toneladas (t) de carbonato de litio (16.191 t/año), de 64.000 toneladas de materiales catódicos y de 88.000 baterías de litio, así como la obtención de $US 3.134 millones en ingresos por la venta de estos productos ($US 627 millones por año).
Empero, en la gestión 2023 la producción de carbonato de litio (grado técnico 98,5%) apenas llegó a 948 toneladas que representó un valor de Bs 19.917.217 ($US 2,8 millones), cifras muy por debajo de las metas previstas. Por esto, Bolivia no figura en el ranking de los principales países productores de litio, que lo encabeza Australia con 86.000 toneladas métricas (TM).
En días pasados se conoció que la exportación de carbonato de litio de Bolivia reportó una caída considerable durante el primer semestre de 2024, en el que sólo se exportaron 50,6 toneladas, por un valor de $US 520.317, en comparación con el mismo período del 2023 cuando se exportaron 202,1 toneladas de carbonato de litio por $US 6,6 millones, lo que representa una disminución del 75% en volumen y del 92% en valor.
En la gestión de Luis Arce se hicieron públicas las observaciones al proceso de evaporación impulsado por la gestión de Evo Morales que presentaba una obsolescencia de 40 años y, por ello, se perdía el 40% de los componentes importantes de la salmuera procesada. Ante esta situación, el Gobierno de Arce optó por la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), proceso que aún no ha sido validado a escala industrial y para cuya implementación el Gobierno firmó diferentes acuerdos. Esta decisión ha sembrado más incertidumbre por la posibilidad de una mayor dependencia tecnológica y por el estrés hídrico que podría provocar la intención de cumplir las metas planteadas en el PDES para la industrialización de los recursos evaporíticos de los salares del país. A esto se suma el escenario de continua caída del precio internacional del litio.
Sobre el estaño, durante el gobierno del MAS el proceso no sufrió un cambio considerable para lograr un mejor aprovechamiento, pese a que la minería estatal, a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), detenta los dos yacimientos de estaño más grandes del país: Huanuni y Colquiri, además de la metalúrgica de Vinto. Es importante recordar que la reversión de las dos mineras no fue planificada, sino improvisada ante la presión social por los enfrentamientos entre cooperativistas y asalariados sucedidos en Huanuni, en 2006, y en Colquiri, en 2012.
La producción nacional de estaño en Bolivia alcanzó a 17.612 toneladas métricas finas (TMF) en 2023, hecho que nos ubica como el cuarto productor mundial, por debajo de China, Indonesia y Perú.
Para este mineral el Gobierno del MAS planteó proyectos como la instalación de un nuevo ingenio en Huanuni, con una capacidad de tratamiento de 3.000 toneladas por día y dispuso una inversión de $US 70 millones para su construcción (50 millones para la planta y 20 para el dique de colas, provisión de agua y energía), cifra que posteriormente fue incrementándose. Este ingenio, después de varias demoras, fue entregado en febrero de 2015, sin embargo, aún no ingresó en fase de funcionamiento y hasta la fecha no se cuenta con una explicación técnica válida al respecto. La producción de Huanuni fue oscilante en las últimas gestiones, con drásticas caídas en algunos años (5.469 TMF en 2022), que deja en incertidumbre la vida útil del cerro Posokoni, el mayor yacimiento de estaño bajo dominio de la Empresa Minera Huanuni (EMH); y cuya producción alcanzó las 7.358 TMF en 2023. Su máxima producción -durante la administración del MAS-, se registró en la gestión 2009 con 9.968 TMF.
Esta crisis en Huanuni es disimulada por el actual promedio de la cotización internacional del estaño que oscila entre $US 13 y $US 14 la libra fina (LF), hecho que también incide en que lentamente Vinto vaya cumpliendo sus deudas con sus proveedoras de estaño (Huanuni, Colquiri y cooperativas), que superan los $US 50 millones.
La metalúrgica de Vinto también se vio beneficiada con la inversión estatal, con un préstamo de $US 39,5 millones para la instalación de un horno Ausmelt con capacidad de producción de 18.000 TMF/año, empero, su producción en la gestión 2023 apenas llegó a 10.043 TMF. Acá es necesario acotar que antes de su reversión en febrero de 2007 producía en promedio 11.000 TMF por año, carga que era procesada en su vieja línea de fundición (dos reverberos y un horno eléctrico), lo que pone en debate el aporte efectivo del horno Ausmelt.
La dependencia que tiene Vinto de Huanuni es clave en la cadena del estaño, y también preocupante, ya que una continua caída en la producción de la minera Huanuni comprometería el futuro de la metalúrgica. Por eso, urge que desde las instancias de Gobierno encargadas se considere estudiar y verificar la vida útil del cerro Posokoni, además de buscar y preparar nuevos yacimientos de estaño para garantizar el funcionamiento del horno Ausmelt.
En la gestión 2023 Colquiri produjo 3.337 TMF de estaño que representa casi un 20% de la demanda de estaño de la metalúrgica Vinto, empero, el otro mineral estratégico que posee este yacimiento estatal es el zinc, cuya producción en 2023 fue de 12.061 TMF.
Con una inversión de $US 72,2 millones (80,6% financiado por el Fondo para la Revolución Industrial Productiva y el 19,4% por la Empresa Minera Colquiri), en junio de este año se entregó la nueva planta concentradora de zinc, con una capacidad de procesar 2.000 toneladas por día. Con esta planta, el actor estatal pretende incrementar su producción de zinc, que en la gestión 2022 reportó una considerable caída (9.973 TMF); la máxima producción de zinc que logró Colquiri durante la gestión del MAS alcanzó a 15.856 TMF. No obstante, esta fase no es suficiente si se aspira a lograr un aprovechamiento efectivo de la producción de zinc, mineral esencial para la transición energética por sus múltiples aplicaciones, entre ellas, la fabricación de equipos para la generación de energía fotovoltaica y eólica.
Para el zinc, en 2010 el anterior Gobierno del MAS propuso la instalación de dos refinerías en los departamentos de Oruro y Potosí que, tras el fracaso de sus licitaciones, fueron readecuadas por el Gobierno de Luis Arce. Hasta la fecha, ambas refinerías siguen sin concretarse.
De lejos, en volumen, el zinc es el mineral que más produce el país; en la gestión 2023 se alcanzó a 491.767 TMF, lo que nos sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial. La explotación de este mineral se encuentra bajo dominio del operador privado (77%), seguido del operador cooperativista (17%), dejando el último lugar para la minería estatal (6%). Para su refinación, el Gobierno de Luis Arce planteó en el PDES la instalación de dos plantas con las que se alcanzaría una producción de 130.000 TMF de zinc metálico. Para instalar la primera planta en Oruro (donde se refine 65.000 TMF), el Gobierno suscribió un préstamo de $US 350 millones con el banco chino Eximbank, contrato que aún no fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su fiscalización y aprobación, como obliga la norma al tratarse de un crédito entre países.
Como era de esperarse, la edificación de esta factoría fue adjudicada a la empresa china ENFI-CRIG y para la supervisión se contrató a la empresa china Chongqing Cisdi Engineering Consulting Co LTD.
A pesar de que todo indicaba que este proceso avanzaba sin cuestionamientos, en mayo de este año, el consorcio chino CINF Engineering Corporation Limited denunció ante el viceministerio de Transparencia que la empresa que se adjudicó la instalación de la refinería de zinc (ENFI-CRIG) no contaba con la experiencia en el rubro, ni con la patente de la tecnología de lixiviación de alta presión con oxígeno del instituto CINF, que debería ser implementada en la refinería de Oruro.
Según los que denunciaron estas irregularidades, el financiamiento del Eximbank condicionaba a que la planta de producción de zinc a gran escala sea adjudicada a una de las cuatro empresas chinas, de las cuales solo la Sinosteel contaba con la patente del instituto CINF. Estas denuncias —pese a su gravedad—, no fueron atendidas hasta la fecha, lo que deja en la incertidumbre el porvenir de esta refinería de zinc.
En resumen, a partir de lo señalado sobre los tres minerales, no estamos en condición como país de jugar un rol protagónico que nos permita superar nuestra condición primaria exportadora sin valor agregado en el actual escenario mundial de la minería para la transición energética.
A este diagnóstico es necesario añadir que la política minera del MAS derivó en el potenciamiento del actor minero cooperativo que de participar con el 44,9% del valor de producción minera en 2006, pasó al 58,1% en 2023. ¿Qué consecuencias tiene esto? Mayor contaminación ambiental y mayor precariedad laboral —en un escenario donde de cada 10 empleos que genera la actividad minera en el país nueve corresponden al actor cooperativista—. Además, este actor logró expandirse a todo el territorio nacional, diversificando su producción con minerales metálicos, no metálicos y evaporíticos.
Por su parte, la minería estatal pasó de representar el 0,8% del valor de producción nacional en 2006 al 6,1% en 2023, pese a que a Huanuni se sumaron las empresas de Colquiri y Coro Coro, las metalúrgicas Vinto y Karachipampa, la siderúrgica del Mutún, Yacimientos del Litio Bolivianos y otros proyectos de menor escala.
Hoy el país no resulta atractivo para la inversión extranjera. En la última calificación del Instituto Fraser, Bolivia ocupa el puesto 78 de 86 países evaluados para el Índice Atractivo para la Inversión; esta calificación nos deja por debajo de Brasil, Chile, Perú, e incluso de Ecuador y Colombia, países sin tradición minera.
El Gobierno no comprende que para aprovechar esta coyuntura de precios altos y mayor demanda de minerales lo que requiere es definir una política pública estratégica que permita la formación de profesionales especializados, el acceso a tecnología vigente, dejar de lado el manoseo político en las decisiones de orden técnico y paralelamente iniciar trabajos de prospección y exploración geológica a través de las estatales SERGEOMIN y COMIBOL, para concluir los estudios de la carta geológica y que los resultados permitan perfilar proyectos con reservas probadas para asegurar el aprovechamiento de nuestra minería en el mediano y largo plazo.
Mientras no se propicie este cambio, nuestra minería quedará rezagada, sin industrialización ni valor agregado, condenada a repetir los episodios vividos durante nuestra historia, una riqueza que no aportará efectivamente al desarrollo del país, mas sí al de otros.
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Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
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