Sumando Voces/ Foto: Defensoría del Pueblo
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a cargo de la Defensoría del Pueblo, ha emitido su primer informe de gestión, correspondiente al año 2022, con la recomendación de que se cierre la cárcel de San Pedro de La Paz, luego de haber verificado un incremento del hacinamiento y de la población carcelaria en todo el país.
“Cierre del Penal de San Pedro en La Paz y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario para el Departamento de La Paz”, señala la primera recomendación del informe, en el que además pide el relevamiento de datos sobre la infraestructura carcelaria a nivel nacional.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que la cárcel de San Pedro “favorece una situación tortuosa que atenta contra la dignidad de las personas” y explicó que ya existe una ley que dispone el cierre del citado centro penitenciario, por tanto, lo que hace es instar a su cumplimiento.
La diputada Betty Yañíquez, que asistió al acto en calidad de invitada, mencionó que por donde se debería empezar es por la cárcel de Oruro, donde los presos conviven unos encima de otros en unos espacios que parecen gallineros.
El citado documento contiene 30 recomendaciones producto de 273 visitas realizadas a centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
El informe contiene dos reportes sobre la situación carcelaria, uno de marzo de 2022 y otro de diciembre del mismo año y, solo en esos nueve meses se ha registrado un incremento de la población carcelaria en 4.822 privados de libertad. Esto quiere decir que en marzo existían 20.002 presos y en diciembre la cantidad subió a 24.824.
Por tanto, el hacinamiento se ha incrementado también en un 23% porque la capacidad de los centros penitenciarios está sobrepasada en 188%.
El reporte también llama la atención sobre los detenidos preventivos, que han subido de 13.135 a 16.430 en esos nueve meses, con un total de 3.295 nuevos detenidos preventivos.
Callisaya dijo que es momento de mirar “cómo estamos usando la detención preventiva” porque daría la impresión de que se aplica “como una sanción anticipada”.
Bolivia es signataria de los convenios internacionales sobre prevención de la tortura y, en cumplimiento a esos instrumentos legales, el 2013 creó el servicio de prevención de la tortura, que funcionó, entre 2016 y 2021, bajo tuición del Ministerio de Justicia, lo que fue observado por organismos internacionales porque esa entidad debía ser independiente. Por ese motivo, desde 2022 pasó a depender de la Defensoría del Pueblo, que este lunes presentó su primer informe.
El reporte repara en otro tipo de carencias, por ejemplo, en celdas policiales sin baños o convertidas en centros de detención preventiva.
