Los defensores y defensoras de DDHH analizan una propuesta de ley. Foto: Sumando Voces
Al menos 56 defensores y defensoras de derechos humanos provenientes de ocho departamentos de Bolivia se reúnen para reflexionar sobre normativa y medidas que los protejan de distintas vulneraciones a las que están expuestos por defender sus territorios, el medio ambiente, la identidad de género, la libertad de expresión y de prensa, entre otros
Los activistas llegaron a este encuentro luego de realizar reuniones departamentales en las que analizaron su situación y compartieron las principales conclusiones de estas reflexiones previas para que entre todos puedan proponer una normativa que les brinde la protección efectiva de sus derechos.
La directora de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Mila Reynolds, destacó que se realizaron siete reuniones previas para llegar a este Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores con la finalidad de que formulen una propuesta de ley.
“El hecho de que tengan una normativa será un respaldo para ellos en caso de una situación de riesgo, para que así ellos puedan tener la protección correspondiente de parte de instancias del Estado que está llamado a proteger a los defensores”, manifestó Reynolds.
Por su parte, Claudia Terán, coordinadora del Programa de Defensa de Derechos de Unitas indicó que, al alto nivel de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores de derechos, en especial las mujeres, es necesario que el Estado no olvide su deber de proteger a quienes alzan la voz por el interés colectivo y así que los activistas no dependan únicamente de mecanismos que han encontrado para protegerse de forma individual o colectivamente.
“El contexto les ha obligado a generar mecanismos de defensa, pero el Estado tiene un rol importante y por eso es la propuesta de ley, para que estas obligaciones jurídicas se tornen en algo operativo y real”, sostuvo.
Los activistas compartieron sus experiencias y también escucharon la propuesta normativa de la Defensoría del Pueblo para su protección, luego en mesas de trabajo reflexionaron y analizaron el documento realizado por ellos mismos.
“Hay gente diversa, hay distintas perspectivas que nos han dado insumos para construir una propuesta de ley, escuchamos a la Defensoría del Pueblo y a nuestros compañeros y es una iniciativa muy importante”, expresó el coordinador de la Fundación Veeduría Ciudadana de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Tapia.
Luego de la formulación de esta normativa se prevé enviarla a las instancias correspondientes de la Asamblea Legislativa para su revisión con la esperanza de que se apruebe. Este sería el primer paso para que quienes defienden los derechos de otras personas también se sientan protegidos al realizar su labor, afirmó Terán.
Un antecedente sin consenso
Poco antes de dejar el cargo, el expresidente Luis Arce aprobó un decreto que crea el Mecanismo de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos (CPROTEGE-DDHH), pero lo hizo sin consultar a los supuestos beneficiarios, sin asignarle un presupuesto y lo puso bajo dependencia del Ministerio de Justicia.
La norma fue rechazada por 40 organizaciones de la sociedad civil porque, aseguraron mediante una carta enviada a la entonces ministra de Justicia, Jessica Saravia, en la que observan la falta de independencia, entre otros aspectos.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes de la carta añadieron que el decreto “no prevé presupuesto propio ni autonomía técnica, condiciones esenciales para su funcionamiento real”. Luego agregaron que “no contempla una perspectiva integral que incluya medias de prevención y reparación, análisis de riesgos o acceso a la justicia, tampoco coordinación con otros órganos o con niveles subnacionales”.
Vulneraciones contra defensores
De acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Humanos de Unitas, de enero a agosto de este año se registraron 32 vulneraciones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Se contabilizaron 16 casos de criminalización, 5 de agresión física y psicológica, cuatro de amenazas y amedrentamiento, tres de obstaculización en la realización de sus actividades, tres por la desprotección en situaciones de riesgo y una restricción al acceso a la información.
Llama la atención que la criminalización sea la mayor vulneración de los derechos de los defensores abriendo procesos en su contra, para que se sientan amedrentados y dejen de luchar por los derechos, en especial del medio ambiente.
Según los datos, quienes más vulneran los derechos de las y los defensores son la Policía, el Ministerio Público, diversas autoridades estatales y también particulares, entre otros actores.
Además, se constató un incremento de la violencia digital, de represalias institucionales, desgaste emocional y afectación familiar en el núcleo de las y os defensores, en especial de las mujeres.
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