Jaguar en su hábitat. Foto: WWF
Más de 60 organizaciones sociales, ambientales, indígenas, campesinas y académicas de Bolivia emitieron un pronunciamiento público en rechazo al intento de anular normas que protegen al jaguar (Panthera onca) y su ecosistema. La preocupación colectiva se dirige contra las acciones legales impulsadas por el Ministerio de Medioambiente y Agua, la ABT y el SERNAP, que buscan revertir la Resolución Agroambiental SP-TAA 001/2025-A y el Decreto Supremo Nº 5225, ambas normativas claves en la conservación ambiental.
«Exigimos que el Tribunal Agroambiental y/o el Tribunal Supremo de Justicia rechacen de forma categórica la solicitud de casación y ratifiquen las medidas cautelares de protección dictadas en la Resolución SP-TAA 001/2025-A y el DS 5225 ya que constituyen un avance ejemplificador en el derecho ambiental cuyo avance es sumamente relevante en el contexto ambiental boliviano», la resolución del pronunciamiento.
La resolución del Tribunal Agroambiental, en abril de este año, estableció medidas cautelares para preservar el hábitat del jaguar en zonas de alta vulnerabilidad, mientras que el decreto supremo ordenó una pausa ecológica nacional, prohibiendo quemas de forma indefinida y restringiendo el uso de tierras fiscales afectadas por incendios, como respuesta a los más de 12,6 millones de hectáreas arrasadas por el fuego en 2024. Sin embargo, el Sernap, la ABT y el Ministerio de Medio Ambiente presentaron memoriales el 3 de junio y el 1 de julio, solicitando la casación —es decir, la anulación por vía judicial— de estas normas que protegen al jaguar.
Este medio de comunicación accedió a los memoriales del Sernap, ABT y medio ambiente donde interponen el recurso extraordinario de casación.
La diputada María René Álvarez alertó sobre esta situación: «El Gobierno quiere anularlo para permitir desmontes y avasallamientos e iniciar con los incendios forestales provocados para este año». También enfatizó que el Gobierno también busca avalar el DS 5390 que habilita instrumentos para el cambio del uso de suelo, la legalización de desmonte y la apropiación irregular de tierras fiscales con el consecuente riesgo sobre las reservas forestales.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento advierten que esta ofensiva jurídica representa un grave retroceso ambiental y legal, pues se viola el principio de no regresión ambiental y el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a un medioambiente sano y equilibrado, señalan en el documento, al tiempo que exigen el rechazo categórico de la casación por parte del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia.
«Este intento (del Gobierno) viola el principio de no regresión ambiental, reconocido en el derecho internacional y consagrado en la doctrina jurídica: ningún derecho ambiental ya conquistado puede ser debilitado o anulado», indica el texto.
El pronunciamiento también alerta sobre el peligro ecológico de debilitar la protección del jaguar, una especie clave como reguladora de los ecosistemas. Su desaparición —explican— alteraría las cadenas tróficas, comprometería la fertilidad del suelo, la estabilidad del clima y el suministro de agua y oxígeno para todos los bolivianos.
Las organizaciones exigen transparencia sobre los intereses que impulsan la anulación de estas normas y advierten que las autoridades que incumplan sus deberes constitucionales pueden estar sujetas a sanciones, incluyendo juicios de responsabilidades. “No se puede permitir que se utilicen mecanismos jurídicos para favorecer intereses extractivistas a costa del patrimonio natural del país”, denuncian.
Finalmente, llaman a la ciudadanía, universidades, medios de comunicación y organismos internacionales a mantenerse en alerta y alzar la voz en defensa del derecho colectivo a un futuro sano y biodiverso. “Sin justicia ambiental, no existe justicia social”, concluye el pronunciamiento.
Aquí puede leer el pronunciamiento de las organizaciones:
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