Los magistrados prorrogados del TCP. Foto: Tomada de ANF
Los cinco “magistrados” prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron denunciados por los delitos de falsedad ideológica y acoso político contra las mujeres. La querella fue presentada en la vía penal por las magistradas Paula Prudencio y Amalia Villca.
La demanda de proceso penal fue presentada en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca el 12 de noviembre de este año, en contra de los cinco prorrogados: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Karem Lorena Gallardo Sejas, de acuerdo al documento al que accedió la ANF.
“Esto con el objeto de establecer la existencia de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de cada uno como autores de los delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres; para que así, posteriormente, expida los correspondientes requerimientos conclusivos de imputación formal y acusación”, se lee en el texto de la demanda.
Las magistradas electas el año pasado para el TCP sostienen que la denuncia se origina en la consulta sobre la constitucionalidad del art. 2 y la Disposición Adicional Sexta del «Proyecto de Ley CS No 144/2022-2023» denominado «Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024» de 31 de agosto de 2023, formulada por el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torres Echalar.
En el marco de esa causa que radicó en el TCP, los denunciados emitieron la denominada «Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023”, el 11 de diciembre, que básicamente determinó “la prórroga inconstitucional de mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial”, elegidos el 2017, quienes debieron cesar en sus funciones de acuerdo a la Constitución Política del Estado el 2023.
Por otra parte, señalan que los prorrogados el 31 de diciembre de 2024, mal utilizaron los alcances de la dimensión constitucional para “mantener indefinidamente su determinación de prórroga». Precisan que el también autoprorrogado Ricardo Torres, sin legitimación, respaldo o autorización de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, promovió un inconsistente reclamo de incumplimiento de la “DCP 0049/2023″; que mereció la emisión del «AC 002/2025-0 de 24 de febrero», a través del que se declaró de manera sui generis la inconstitucionalidad del «Proyecto de Ley 124/2024-2025 CS» denominada «Ley Excepcional de Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia». Resolución que fue suscrita por los cinco denunciados «autoprorrogados» y evitaron deliberadamente remitir a los magistrados electos.
Aseguran que en ese Auto Constitucional se ha falseado la realidad de los hechos para evitar que los electos emitan su voto. Detallan que los prorrogados pusieron una observación que decía: «Se hace constar que no intervienen los Magistrados MSc. Angel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Ph.D. Paola Verónica Prudencio Candia y Dra. Amalia Laura Villca, por cuanto no emitieron criterio alguno al respecto (sic)”. Hecho que también sucedió en otra oportunidad en la misma causa referida a los prorrogados.
Ambas magistradas en su demanda precisan que nunca les permitieron emitir un criterio sobre lo que consideran una “grosera vulneración del ordenamiento jurídico”, por tanto, establecen que lo consignado en el AC-002/2025-0 es “falso” y que sus argumentos son “prevaricadores”.
Consideran que “existe prueba suficiente, conducente y pertinente, que objetivamente demuestra, que el «AC 0070/2025-0”, como documento de orden público, subrepticiamente circuló por la institución en la que ejercemos nuestro mandato constitucional; sin que en su oportunidad hayamos tenido posibilidad de conocer su tenor y emitir los pronunciamientos (Votos) que correctamente correspondían”.
Los “magistrados” prorrogados desde 2023 estuvieron “arropados” y “protegidos” por el entonces gobierno de Luis Arce, que justificó la autoprórroga, pese al determinante texto constitucional que no da margen a la prórroga. Además, que esos magistrados emitieron una declaración que los favoreció directamente.
Este lunes, los magistrados electos en 2024 rompieron el silencio, acusaron a los “magistrados” que siguen en funciones pese a las críticas sobre su permanencia “ilegal” de incurrir en “anomalías y abusos» para mantenerse en los cargos.
“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado en tres oportunidades la cesación de sus funciones, lesionando el principio fundamental que establece que nadie puede ser parte y juez en su propio interés”, sostuvieron.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este martes que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial cumplen un rol nocivo en la población, debido a que permanecen en el cargo por encima de los límites que establece la Constitución Política del Estado.
“Nosotros lo habíamos dicho anteriormente, el rol nocivo que tienen estas autoridades (autoprorrogadas) y la situación fallida de la elección (de autoridades judiciales) del 2023, que después de un año se ha dado de forma inoportuna, incompleta y rompiendo el principio de preclusión en las Elecciones Judiciales. Ahora estamos en una situación irregular”, declaró Callisaya.
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