La situación de los magistrados autoprorrogados ha puesto en tensión a la Asamblea Legislativa y, particularmente, a la Cámara de Diputados que, luego de una pulseta con la oposición ha incluido el tema en la agenda de este jueves.
En primera instancia, la presidencia de la Cámara de Diputados había convocado para mañana a una sesión para aprobar los siete créditos que al gobierno de Luis Arce le interesan con urgencia, pero no había incluido en el orden del día el cese de los magistrados autoprorrogados, tal como habían acordado las bancadas políticas.
Luego de las protestas de la oposición, la agenda ha sido alterada para incluir la cesación de los magistrados autoprorrogados.
Comunidad Ciudadana había indicado que el MAS “rompe el acuerdo judicial” y, para ser más preciso, el diputado Carlos Alarcón había señalado que para poner en marcha las elecciones judiciales hace falta la aprobación de un reglamento en el pleno de la Asamblea, para lo que el MAS necesita dos tercios de votos. Si los magistrados no son cesados en sus cargos, la oposición no aprobará el citado reglamento, expuso el diputado.
“Violando el acuerdo político que decía que se trataba primero por tiempo y materia las leyes de cesación de los prorrogados, abiertamente el gobierno se está desmarcando del acuerdo, lo que devela que su única apuesta es y serán los prorrogados y no las elecciones judiciales”, dijo Alarcón a Sumando Voces.
Agregó que el Gobierno “se ha olvidado que todavía falta la resolución que apruebe la convocatoria, para lo que requiere dos tercios en sesión convocada por el Vicepresidente. Sin reglamento, la Ley 144 (de las elecciones judiciales) queda colgada en el aire”.
Es más hubo legisladores que dijeron que no aprobarán nada más hasta que los magistrados no se vayan a sus casas.
El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, comentó en su cuenta X que “el MAS rompe el acuerdo judicial, convocan a sesión sin incorporar los proyectos antiprórroga 073 y 075, el presidente Arce hace fraude y se burla del pueblo boliviano y quiere garantizar la usurpación de funciones”.
Los magistrados de las altas cortes de Bolivia terminaron sus gestiones el 31 de diciembre, sin embargo, por disposición del Tribunal Constitucional se prorrogaron en sus cargos, lo que ahondó la crisis judicial.
Finalmente, el futuro de estos altos cargos será considerado por la Cámara de Diputados este jueves.
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