Los denominados “acuerdos de gestión compartida” entre autoridades titulares y suplentes son ilegales, afectan mayoritariamente a las mujeres que hacen política y, según un anuncio del Gobierno, serán introducidos en la ley 243 contra el acoso y la violencia política para que en el futuro sean sancionados.
Esos datos emergieron del programa Sumando Voces en Directo que, el jueves pasado contó con la presencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, y la presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Josefina Velásquez. En la ocasión, además, se difundieron los datos de un estudio de la Defensoría del Pueblo, presentado en mayo del año pasado, en el que se indica que estos acuerdos afectan principalmente a las mujeres.
Los acuerdos de gestión compartida rigen sobre todo en concejos municipales y asambleas departamentales, donde autoridades titulares se comprometen, muchas veces en contra de su voluntad, a entregar el cargo a sus suplentes a mitad de gestión.
Según el estudio de la Defensoría del Pueblo, de 326 autoridades locales encuestadas, 78 dijeron tener estos acuerdos, lo que equivale al 24%. Pero, el dato revelador es que de esas 78 autoridades, 65 dijeron que hicieron esos acuerdos con su suplente hombre, lo que equivale al 83%.
El tema cobra actualidad porque hace algunos días, dos concejalas fueron obligadas a renunciar a sus cargos e Sipe Sipe, justamente aduciendo que existen acuerdos de gestión compartida con sus suplentes.
“Estos acuerdos son ilegales, son considerados como faltas graves”, dijo la viceministra Cruz, quien explicó, sin embargo, que no existe una prohibición expresa en la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, por lo que se planteará la modificación de la norma para que esta figura tenga sanciones.
Según dijo, hubo pronunciamientos del Tribunal Constitucional en sentido de que estos acuerdos eran “prácticas culturales” de los pueblos indígenas, sin embargo, Cruz señaló que “lastimosamente con los años, eso ha ido generando una distorsión y se ha podido verificar que no era una práctica cultural, sino que era una forma de dar legalidad a acortamientos de mandato”.
Tal es así que en el Tribunal Supremo Electoral, en sus reglamentos de 2020 y 2021, estableció que estos acuerdos son “faltas graves”
El asunto de fondo es que la Constitución señala que el período de funciones es de cinco años y, tal como dice Josefina Velásquez, una autoridad solo puede ser reemplazada en caso de sentencia ejecutoriada o muerte.
“Hay un rechazo frente a esta situación puesto que al ser elegidas por cinco años, estamos cumpliendo con lo que es nuestro mandato”, indica Velásquez, quien considera que entregar el curul al suplente implicaría estar “engañando al electorado”.
De hecho, la misma Velásquez informó que la Acobol recibió 44 denuncias de concejalas por gestión compartida. Mientras que las denuncias más comunes de acoso y violencia política son por limitación de funciones, ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, además de discriminación, retención de salarios, descuentos arbitrarios, presiones para renunciar, divulgación de información falsa para desprestigiar a la autoridad, negativa para que las mujeres conformen directivas, entre otros mecanismos de presión.
Con todo, Nadia Cruz destaca que el Estado reacciona ahora mejor que hace 11 años cuando fue asesinada la concejala Juana Quispe. Y, como muestra de eso señala lo ocurrido en Sipe Sipe, donde se activaron mecanismos para proteger la seguridad de las dos concejalas acosadas, lo que no sucedió con Quispe.
Respecto al cambio de la ley 243, Cruz dijo que esa es una recomendación vinculante de la Cedaw en la que se empezó a trabajar hace poco. Uno de los cambios previstos es la introducción de la gestión compartida como una práctica ilegal y una respuesta a la sensación de impunidad que existe sobre la violencia y el acoso político, aunque ella misma indicó que es probable que se establezca un procedimiento especial para estos casos, más allá de la Ley 243.
Esa sensación de impunidad está reflejada también en los datos. Acobol y la Defensoría del Pueblo registraron 600 casos de acoso y violencia política entre 2018 y 2023, pero en 11 años de vigencia de la Ley sólo se emitieron cuatro sentencias.
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