Editorial Sumando Voces
Para nadie es desconocido que el sistema de justicia en Bolivia atraviesa por una profunda crisis. Sin embargo, no deja de sorprender que casi nadie confíe en la justicia, que su principal problema sea la corrupción y que el presidente Luis Arce esté haciendo un mal manejo de la problemática, según los resultados de una encuesta realizada en las 10 principales ciudades del país por Ipsos Ciesmori, por encargo de UNITAS, este 2023.
Según la encuesta, el 85% de los consultados confía poco o nada en la justicia, mientras que el 14% considera que es algo confiable o muy confiable. Este dato es una demostración de que el sistema de justicia carece de credibilidad y que, por tanto, es incapaz de cumplir con su principal rol, que es la tutela de los derechos humanos de las personas.
El estudio también muestra que el 59% de los consultados considera que el principal problema de la justicia es la corrupción generalizada, el 30% dice que es la falta de respeto a los derechos humanos y el 22% indica que es la falta de acceso de la población a la justicia.
El resultado es preocupante porque si el sistema de justicia incurre en falta de respeto a los derechos humanos, significa que no solo está incumpliendo con su rol de tutelar los derechos humanos de las personas, sino que se ha convertido en el vulnerador de esos derechos. Es una contradicción flagrante.
Pero, con seguridad no son los únicos problemas. La falta de independencia, el escaso presupuesto y la retardación de justicia se suman a la lista de lo que está fallando en el sistema judicial.
Pero, ¿qué ocurre con el liderazgo político frente al problema? Según la encuesta, el 78% de la gente considera que el presidente Luis Arce maneja mal o muy mal esta problemática, mientras que el 20% indica que hace un manejo bueno o muy bueno del tema.
Más allá de las responsabilidades políticas del caso, el presidente Arce tiene una gran oportunidad para transformar la justicia y no pasar a la historia como el mandatario que consolidó la crisis.
Por eso, es importante que reflexione sobre los resultados de esta encuesta y tome conciencia de que existe un rechazo casi generalizado a la crisis actual. Es tan estructural el asunto que ni siquiera el votante duro del MAS está defendiendo un sistema que a todas luces es indefendible.
Los políticos de antes y de ahora disputan el control de la conciencia de los jueces, fiscales y magistrados para poner al sistema judicial al servicio de sus intereses. Sin embargo, deberían saber que, de persistir este sistema corrupto, manipulado e ineficiente, las próximas víctimas pueden ser los mismos políticos que ahora se niegan a hacer un cambio estructural de la justicia, como ya está ocurriendo con los evistas que ahora están en la mira de los jueces arcistas.
Otro dato revelado por la encuesta involucra a la ciudadanía y establece que el 8% de los consultados se movilizó para firmar los libros de la iniciativa ciudadana, exigiendo un cambio constitucional que derive en la reforma estructural de la justicia.
Este dato refleja a los 833.515 ciudadanos que firmaron los libros y demuestra que la ciudadanía tiene un poder en sus manos para exigir un cambio. El sistema político debería estar a la altura de esa exigencia, caso contrario, la gente volverá a hablar claro y fuerte desde diferentes ámbitos.
La encuesta de UNITAS no solo indagó sobre la percepción ciudadana en torno a la justicia, sino también sobre la situación económica y social del país, sobre la democracia y sobre el poder en Bolivia. En próximas entregas iremos conociendo esos resultados y el análisis de los mismos.
