La decisión de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos con el consorcio chino Hong Kong CBC y con la empresa rusa Uranium One Group es motivo de celebración. Esta determinación ha sido largamente demandada por las organizaciones sociales de Potosí y por las comunidades de la región, que desde hace tiempo vienen denunciando la vulneración de sus derechos colectivos
Un papel importante en este proceso ha sido el de la Defensoría del Pueblo, que recogió los argumentos de la lucha y la búsqueda de justicia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el actor directamente afectado por la extracción de agua y la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
La decisión judicial de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales:
- Que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos.
- Que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región.
- Que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio.
- Que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.
Estas medidas cautelares tendrán una duración de tres meses. En este tiempo es fundamental mantenerse alertas, ambos contratos siguen en la Asamblea Legislativa. El 12 de agosto, cinco días antes de las elecciones presidenciales, la Comisión de Economía Plural e Industria de la Asamblea Legislativa avanzó y aprobó el contrato con la empresa rusa, mostrando la insistencia del gobierno en imponer estos acuerdos. Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora afirma que los contratos están en riesgo y la viceministra de comunicación expresó: “El tren del litio se puede ir” pero en realidad lo que se le escapó al gobierno de Arce fue la oportunidad de consultar, realizar los estudios y de ser transparentes en su debido momento.
Ningún contrato puede avanzar si es dañino para el pueblo boliviano. Pero, por sobre todo, debe cumplirse de manera plena la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas de la región. Ese derecho es irrenunciable e innegociable, y debe ejercerse con la información ambiental completa para no dar pasos a ciegas. De lo contrario, cualquier intento de industrialización quedará trunco y el tren del litio podrá escapársele no solo a Luis Arce Catacora, sino a cualquier gobierno que ignore los derechos de las comunidades y de la Madre Tierra.
El camino a seguir en los próximos meses pasa por abrir un proceso de elaboración de una normativa específica para el sector del litio. Solo así se evitarán los errores del pasado y se garantizarán los derechos que las organizaciones y la sociedad civil vienen exigiendo. Es una tarea compleja, sin duda, pero no se parte de cero, las regiones ya han formulado propuestas y confrontado posiciones sobre cuál debería ser el espíritu de una ley del litio. Un dialogo democrático y con propuestas, ese es sin duda, es uno de los primeros pasos que deben darse.
Estos requisitos —la ley, la consulta, los estudios y la transparencia— son condiciones obligatorias, no solo para los contratos actuales, sino para cualquier iniciativa que encare el próximo gobierno.
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José Carlos Solón es director de la Fundación Solón
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