“Bolivia empeora este 2023”. Con esa frase inicia el resumen ejecutivo del Índice Chapultepec del último año referido al país y que se titula «Periodismo bajo violencia multidimensional». Este barómetro, que mide las acciones institucionales de libertades de expresión y de prensa en 22 países de las Américas, indica que Bolivia ha caído de una “parcial restricción a una alta restricción”, tras el cierre del periódico Página Siete, las agresiones físicas a periodistas, la judicialización de casos y el ciberacoso.
En la tabla comparativa ha caído del puesto 16 al puesto 18 entre los 22 países analizados, con una puntuación de 33,88 frente al 42,72 que obtuvo el año pasado. Debajo de Bolivia sólo se encuentran Guatemala, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estos tres últimos países, según el índice, no tienen libertad de expresión.
Respecto a Bolivia, el informe señala que “el deterioro de las condiciones del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa ha seguido una tendencia negativa y alarmante bajo contextos de violencia creciente, amenaza permanente, coacciones y persecución a la tarea periodística desde los poderes constituidos y sus aliados”.
Agrega que “los discursos estigmatizadores, las amenazas, acciones judiciales y los hechos de violencia en contra de periodistas forman parte de la estrategia del Estado, de sus allegados y de grupos irregulares en busca de un paulatino silenciamiento de voces cuestionadoras y de alerta ante la corrupción, la vulneración de derechos fundamentales y la criminalidad”.
Y, entre los ejemplos de esta situación cita el cierre del periódico Página Siete, ocurrido el 29 de junio de este año. “Junto al cerco publicitario oficial, estas operaciones han dado lugar al cierre de uno de los principales medios escritos del país y al despido de varios periodistas”, indica.
El Índice Chapultepec es elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, a su vez, es una organización integrada por más de 1.300 medios impresos, televisoras, radios y nativos digitales, además de asociaciones de prensa, empresas proveedoras de servicios e individuos.
El informe fue presentado hace una semana y, en esta ocasión, cita entre sus fuentes el Informe de Situación 2022, de la red UNITAS, que fue publicado en julio de este año.
Contexto político
El informe da cuenta que Bolivia ha enfrentado el último año una crisis económica, una división del partido oficialista por el liderazgo y ha sido escenario de una lucha de sectores sociales, políticos y cívicos en contra del abuso de poder. Estos aspectos “han generado las condiciones propicias para ejercer violencia múltiple en contra de quienes trabajan informando”, indica el informe.
El documento indica que “la acción policial, de modo permanente ha cometido abusos, o bien se ha mantenido indiferente -al igual que la instancia judicial- ante ataques físicos y verbales de sectores afines al MAS (arcistas o evistas) dirigidos hacia periodistas o medios”.
Y, el reporte cita un elemento nuevo: el ataque desde el ciberespacio, que incluye boicot cibernético a sitios de información independiente, fuertes amenazas y campañas de estigmatización y odio hacia periodistas, desinformación y acoso constante por parte de los guerreros digitales.
Los casos
El informe señala los casos más relevantes, que son los siguientes:
- Presiones políticas y cercos económicos y tributarios: “El cierre de uno de los periódicos críticos del gobierno, por amenazas, coacciones tributarias y asfixia financiera ha deteriorado el peligroso escenario por el que hoy Bolivia desciende escaños en el índice de libertad de expresión y de prensa”. Cita también el caso del periódico Los Tiempos.
- Secuestro de periodistas en Las Londras: “Hasta el momento no ha habido sanciones de ningún tipo; los principales acusados fueron absueltos”.
- Hechos de violencia física contra periodistas: En los 28 días de paro cívico en Santa Cruz se registraron al menos 20 casos de violencia contra periodistas. En movilizaciones de La Paz también fueron atacados los periodistas.
- Ciberacoso: Cita las 1600 cuentas desmanteladas por Meta y un informe de Chequea Bolivia que muestra la negatividad de los mensajes contra periodistas en redes sociales.
- Judicialización de casos contra periodistas: Enumera los casos de jueces que pidieron a los periodistas revelar sus fuentes y hasta casos de periodistas que fueron apresados.
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