Gustavo Ávila, del TSE, y Zulema Alanes, de la ANPB.
Las multas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han puesto en jaque a los medios de comunicación porque al menos un caso concreto la sanción llega a los 770 mil bolivianos, según denunció la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).
Frente a las críticas y pedidos de revisión, el vocal Gustavo Ávila abrió la posibilidad de reconsiderar las multas con base en los descargos que presenten los medios y, según dijo, el TSE no será draconiano en los cobros porque, por ejemplo, podría pedir un intercambio de servicio en vez de exigir el pago en efectivo.
La ANPB advirtió que estas multas, en algunos casos, ponen en riesgo la existencia de los medios y las fuentes laborales de los periodistas, afectando los derechos de la libertad de prensa y la libertad de expresión.
“No vamos a ser draconianos con las sanciones. Obviamente, las vamos a reconsiderar con base a los argumentos que los medios presenten”, explicó Ávila a los medios este jueves.
Indicó que “los medios de comunicación tienen la posibilidad de descargo y nosotros estamos abiertos a, obviamente, reconsiderar. Lo que queremos es mejorar en este proceso electoral (…) Pero tampoco vamos a ser draconianos con las sanciones. Obviamente, las vamos a reconsiderar en base a los argumentos que los medios presenten”, dijo Ávila.
Pago de multas
El vocal aclaró que las multas no necesariamente deben pagarse en efectivo, ya que pueden cumplirse a través de servicios prestados por los propios medios.
“El pago no tiene que ser en moneda, en efectivo. Puede ser en una prestación de servicio en torno a la democracia también. Entonces, esa es una buena aclaración”.
Añadió que el primer paso es que los medios aclaren su situación y presenten descargos. “Decir: ‘sí, reconozco que cometí un error y nosotros rectificamos’, obviamente, la determinación. En ese sentido, vamos a ir avanzando”.
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que está bajo dependencia de Ávila, recomendó a la Sala Plena sancionar a los periódicos El Diario (La Paz), Correo del Sur (Sucre) y a los portales Urgente.bo y Brújula Digital por publicar columnas de opinión entre el 15 y el 17 de agosto, pero luego se supo que los medios sancionados llegan a 30.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, denunció que en un caso concreto la multa asciende a 770 mil bolivianos, monto que califica como “desorbitante” y capaz de llevar a la quiebra a pequeños medios de comunicación.
“Nos parece que hay un exceso y un serio riesgo que está poniendo contra la pared a muchos medios de comunicación. Son multas sobredimensionadas que, en un momento de dura crisis para el sector, amenazan la estabilidad laboral de los periodistas y trabajadores de la prensa”, señaló Alanes.
El TSE fundamentó las multas en dos aspectos: la publicación de columnas de opinión que hacían referencia al proceso electoral y la omisión de la leyenda “espacio solicitado” en la transmisión de propaganda política.
Sin embargo, Alanes subrayó que la sanción aplicada a un solo medio de comunicación —770 mil bolivianos, casi 100 mil dólares— es completamente desproporcionada y supera con creces la capacidad financiera de empresas pequeñas.
“El medio admite que no colocó el membrete de ‘espacio solicitado’, pero la magnitud de la multa excede en absoluto su capacidad financiera y podría generar una inestabilidad total. Es inaudito”, enfatizó.
La ANPB advirtió que, de mantenerse estas sanciones, varios medios podrían cerrar sus puertas, con lo que se pondría en riesgo el derecho ciudadano a la información y la seguridad laboral de decenas de trabajadores de prensa.
“Estamos hablando de alrededor de 30 medios de diversa naturaleza: televisivos, radiales y digitales. Multas de esta magnitud pueden significar el cierre definitivo de algunos de ellos”, alertó Alanes.
La presidenta del gremio informó que la ANPB ya envió un pronunciamiento público al TSE solicitando revisar la decisión y se encuentra en consulta con un equipo jurídico para presentar una representación más sólida.
En paralelo, el organismo electoral convocará la próxima semana a los dueños de medios para sumarse a la campaña contra la guerra sucia de cara a la segunda vuelta electoral, aunque desde el sector periodístico persiste el temor a que las sanciones se conviertan en un mecanismo de presión y censura indirecta.
“Esperamos que esta petición pública haga eco en las autoridades del TSE. Estamos dispuestos a concurrir a cualquier convocatoria, pero insistimos en que estas multas desproporcionadas atentan contra la libertad de prensa y el derecho a la información de los bolivianos”, concluyó Alanes.
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