Fátima Ruiz
Ser defensor ambiental en Bolivia es una tarea complicada. Por un lado, está la lucha constante de ser escuchados y, por otro lado, están las amenazas, demandas judiciales y difamación.
En un país que se autodenomina “plurinacional” y “defensor de la Madre Tierra”, quienes levantan la voz por los ríos, los bosques y el aire suelen ser minimizados y reciben una vulneración de derechos sistemática.
Recordemos el caso de Marcos Uzquiano, guardaparque que fue despedido pocos días después de denunciar actividades ilegales en el parque Madidi. Em esa ocasión, la Defensoría del Pueblo interpuso y ganó una tutela constitucional que logró reincorporarlo como jefe de protección de la Reserva Biósfera Estación Biológica del Beni, y además ordenó medidas de protección para su labor.
Otro caso es el de los comunarios de Viacha, que decidieron oponerse a proyectos mineros por miedo a la contaminación de sus fuentes de agua en sus comunidades y fueron hostigados, al punto que algunas autoridades los acusaron de oponerse al “desarrollo”. Este caso es solo un ejemplo de lo que se repite en distintas regiones del país; cuando las comunidades exigen respeto a sus derechos, son tratadas como enemigas, no como aliadas en la construcción de un futuro sostenible.
Según informes del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) las y los defensores ambientales han sido objeto de ataques físicos, estigmatización y difamación, muchas veces dentro de sus propias comunidades. En solo cuatro meses de este año 2025 (enero a abril) existen ya 14 casos de violaciones a los derechos de defensores ambientales, según el reporte del CEDIB.
En 11 de los 14 casos, 79% de las personas afectadas pertenecen a comunidades indígenas o campesinas, en 9 de esos 14 casos, 64 % de los ataques ocurrieron en áreas protegidas.
Entre tanto, UNITAS, a través de su Observatorio de defensores y defensoras, en 2024 registró 114 casos de vulneraciones a defensores ambientales.
Por eso nos preguntamos ¿dónde queda el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia en 2020?. Este instrumento es claro en que los Estados deben garantizar la protección de los defensores ambientales frente a amenazas, intimidaciones y agresiones. También establece el derecho de acceso a la información y la participación en decisiones ambientales.
La contradicción es dolorosa porque, por un lado, se aprueban leyes y tratados internacionales, pero al mismo tiempo se criminaliza y persigue a quienes se atreven a recordarle al poder sus obligaciones. Las y los defensores ambientales en Bolivia no son “enemigos del desarrollo”, son guardianes de la vida. Su labor no solo beneficia a sus comunidades, sino a todos nosotros, porque lo que protegen es el agua que bebemos, el aire que respiramos y la tierra que nos alimenta.
La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que la violencia, el acoso judicial y el hostigamiento se han convertido en un patrón sistemático. Lo más preocupante es que, en al menos el 75 % de los casos, los perpetradores fueron empresas extractivas y entidades estatales, mostrando que quienes deberían proteger a los defensores muchas veces están del otro lado.
El Gobierno no debe minimizar el derecho a defender el medio ambiente, el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y protección a los defensores ambientales frente a cualquier amenaza o vulneración. Además, en las últimas semanas el Tribunal Agroambiental ya ha reconocido que los derechos de las y los defensores deben ser respetados.
No se trata de favores ni concesiones, se trata de que la base de una sociedad justa y democrática es vivir en un ambiente sano y proteger a quienes lo defienden.
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Fátima Ruiz es integrante del colectivo ambiental Lucha Por la Amazonia Boliviana
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