Foto referencial de periodistas bolivianos en una cobertura electoral.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación “por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, lo que representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa”.
La organización insta al gobierno boliviano a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, señala un comunicado de la institución que agrupa a más de mil medios de comunicación del hemisferio occidental, y que tiene su sede en Miami, EEUU. El comunicado titula “La SIP alarmada por aumento de violencia contra la prensa en Bolivia”.
La alerta de la SIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) sobre la escalada de “ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica” desde enero. Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los y las periodistas han sido víctima de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipo.
Las asociaciones de periodistas pidieron a las relatorías de libertad de prensa de la ONU y de la CIDH que hagan un seguimiento a la situación de la libertad de prensa en Bolivia y acompañaron un informe de UNITAS, que estaba que en los últimos conflictos electorales y sociales se registraron 51 vulneraciones y en los últimos cinco años suman casi 500.
“Mensajes alentados por el expresidente Evo Morales quien, pese a una prohibición del Tribunal Constitucional intenta postularse por cuarta vez a la Presidencia, buscan el silenciamiento y la intimidación de la prensa independiente. Morales y sus seguidores acusan a la prensa de intentar anularlo políticamente. Periodistas de medios independientes han sido agredidos en carreteras, manifestaciones callejeres y a través de sus redes sociales, y han amenazado a medios de comunicación con la toma, incendio y asalto de sus sedes”, señala el reporte.
El informe semestral de la SIP consignó que en Bolivia “las restricciones tienen cuatro escenarios: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia” y agregó que “el discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de ‘prensa vendida’ y ‘cárteles de la mentira’’’.
Se ha denunciado además hostigamiento judicial contra periodistas para que revelen su fuente de información e incluso el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusó a UNITEL de conspirar en su contra por el solo hecho de que una periodista de ese medio formuló una pregunta.
El presidente de la SIP José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, expresó que “resulta alarmante constatar cómo la violencia y la estigmatización afectan directamente a periodistas y medios en Bolivia. Es indispensable proteger la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia y garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información libre y veraz”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó al gobierno a “mostrar tolerancia frente a la diversidad de opiniones y a garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cualquier acto de violencia o amenaza contra periodistas y medios”. Agregó que “el Estado debe asumir su responsabilidad de promover un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, desalentar todo tipo de discurso estigmatizante y poner fin a cualquier incitación a la violencia”.
El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó que Bolivia la calificación de “alta restricción” en el país “es indicativa de los múltiples casos de violencia en contra de periodistas y medios; de impunidad ante estos hechos, del cierre de medios y de las crecientes restricciones para informar y expresarse”. Concluye que “la labor periodística es víctima múltiple de la asfixia económica gubernamental, del acoso y de los ataques físicos, verbales, cibernéticos, policiales y judiciales, entre otros, que ahondan la vulnerabilidad de su ejercicio y que conculcan la garantía democrática de una sociedad informada y con libertad de expresarse”. El país se ubicó en el puesto 18 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.
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