EDITORIAL SUMANDO VOCES
El Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática de UNITAS reveló que en Bolivia se produjo una drástica reducción de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en la última década, lo que constituye una constatación más del estrechamiento del espacio cívico, entendido como el espacio donde se ejercen las libertades y los derechos de la sociedad civil.
Según el registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), que es citado por el informe, en 2015 había 1.980 ONGs, mientras que en este 2025, solamente existen 206 ONGs, lo que equivale a una caída del 76,2%.
Esta constatación es una mala noticia para los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, que son los directamente involucrados con el trabajo de estas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), más aún en un contexto de crisis económica y política, en la que el ejercicio de derechos está restringido, empezando por las libertades fundamentales (libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación); y últimamente hasta el derecho a la alimentación.
Las ONGs, por lo general, desempeñan labores de apoyo, promoción y fortalecimiento de actividades económicas y sociales allá donde el Estado no llega. Por otro lado, son factores de contrapeso al poder en momentos en que la desinstitucionalización del Estado ha dejado a grandes sectores de la población en la indefensión.
Estas entidades, además, contribuyen a la transparencia porque investigan, observan, procesan, sistematizan datos relevantes que, de otra manera, permanecerían en la nebulosa, como las vulneraciones a los derechos, la situación de los pueblos indígenas, las inequidades que afectan a las mujeres, el desamparo en el que se encuentra la niñez, el acoso a los defensores y defensoras de derechos, los índices de pobreza, el desempleo, entre otros aspectos. Con esta información, diseñan sus planes de acción y, sobre todo, aplican estrategias de incidencia para que instituciones del Estado tomen acciones concretas y en la percepción de los organismos internacionales respecto a Bolivia.
Precisamente, porque esta labor es fundamental para el país es que las organizaciones de la sociedad civil podrían ser vistas como entidades incómodas para algunas autoridades, lo que se ha traducido en muchas ocasiones en discursos hostiles que menoscaban su labor y en normativas que restringen su trabajo.
El 19 de marzo de 2013, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 351, de Otorgación de Personalidades Jurídicas, y poco tiempo después reglamentó la citada ley con el Decreto Supremo 1597.
Ambos instrumentos legales restringieron el derecho a la libertad de asociación en Bolivia, un derecho que permite a todas las personas crear, unirse y organizarse sin interferencias injustificadas del Estado.
En concreto, esta Ley impuso restricciones y trabas al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil porque determina que los estatutos de éstas deben mencionar “la contribución al desarrollo económico del país” y porque establece que la personalidad jurídica puede ser revocada, previo informe del Ministerio que corresponda, en caso de que incumplan las políticas y normas.
Cuando se aprobó esta Ley, incluso el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de asociación, Maina Kiai, alertó que la misma “podría imponer restricciones al derecho a la libertad de asociación” puesto que “limita el derecho a la personalidad jurídica y a la autonomía de elegir libremente las propias actividades, contribuyan o no al desarrollo económico y social”.
El hecho es que sí lo hacen, que contribuyen al desarrollo social y económico del país, pero el punto de la discordia es que si lo hacen bajo los parámetros del gobierno o con plena independencia de acción, lo que ha llevado a algunas a ceder un poco de su independencia a cambio de garantizar su existencia.
Después de más de 10 años de vigencia de la Ley se conocen sus efectos silenciosos: la reducción del registro de ONGs, lo que limita el accionar de la sociedad civil, restringe derechos de los sectores en situación de vulnerabilidad y aumenta el poder del Estado.
Frente a esa situación, el informe de UNITAS sobre libertades fundamentales 2024 recomienda al Estado “Modificar la Ley No. 351 y la normativa vinculada, en concordancia con los estándares internacionales y con la participación de la sociedad civil, para eliminar los requisitos que restrinjan de manera desproporcionada la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG de operar de manera libre, independiente y efectiva”.
Asimismo, sugiere “Simplificar los procedimientos de otorgación y renovación de personalidades jurídicas, así como de otros registros que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil, como el de obtención y renovación del Registro Nacional”.
Pero no sólo UNITAS hace estas recomendaciones, sino también varios países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reiteradamente pidieron a Bolivia garantizar las libertades fundamentales e instaron a modificar normativa restrictiva, como la Ley 351 y el Decreto 1597, y a fortalecer la independencia de los mecanismos de denuncia, eliminando barreras que limitan la labor de la sociedad civil y la prensa.
En una coyuntura de multicrisis como la que atraviesa el país, el rol de las organizaciones no gubernamentales puede ser relevante para el propio Estado, toda vez que son instituciones conectadas con la realidad social y generan información valiosa para el diseño de políticas públicas. Tomando en cuenta sus aportes, el Estado tendría que ser respetuoso de la libertad de asociación para bien de la ciudadanía, más allá de los intereses político partidarios.
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