Sandra Verduguez, Zulema Alanes, Kathia Saucedo y Mery Vaca durante el desarrollo del panel 3. Foto: UNITAS.
En un balance sobre la situación actual del periodismo, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, identificó además de la falta de condiciones laborales y la violencia en contra de periodistas, otro factor que afecta a las libertades de expresión y de prensa: la impunidad.
Durante su intervención en el panel 3 “Institucionalidad democrática y libertades fundamentales” del Foro Político Multiactor, Alanes hizo una recapitulación de los casos de agresión que sufren periodistas a nivel nacional y citó la cifra de 120 en lo que va del 2023, de acuerdo con datos del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
Esta violencia se expresa de diferentes formas: agresión directa, amenazas, actos de estigmatización y otros a los que están sometidos los trabajadores de los medios de comunicación. Además, precisó que, en lo referido a las condiciones laborales, en un estudio que lleva adelante con UNITAS y el CEDLA, se identificó que 8 de cada 10 periodistas atraviesa condiciones de precariedad extrema en su fuente laboral, que se traduce en falta de seguridad social, adeudo de salarios y otros.
“Hay un tema que nos parece vital e importante, son las condiciones de impunidad de estos hechos para sancionar los delitos contra el ejercicio periodístico. Hay una herida abierta que los periodistas y las asociaciones de periodistas aún tenemos y que no vamos a permitir que pasen por alto en busca de justicia. Me refiero al caso de Las Londras que hasta ahora queda en impunidad”, expresó.
El caso al que hace referencia ocurrió el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo de siete periodistas fueron emboscados, torturados y amenazados con armas de fuego por un grupo de avasalladores de tierras en el predio de Las Londras, del municipio El Puente en Santa Cruz. El caso investigativo continúa, pero la totalidad de los responsables no fueron identificados y los pocos que sí, fueron liberados de su detención preventiva.
Acceso a la información
A esta situación, se suma la falta de acceso a la información a periodistas que cada vez se hace más difícil y latente. Alanes citó el caso del Servicio Nacional de Áreas Protegidas que, recientemente, emitió un instructivo para evitar que los directores de parques nacionales puedan brindar información a la prensa, orden que fue retirada luego de las observaciones realizadas por los gremios periodísticos y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, Sandra Verduguez de Fundación Jubileo citó casos de falta de acceso a la información que muestran la necesidad de contar con una ley que garantice este derecho que no sólo es para periodistas, sino para la población en su generalidad.
“Hemos iniciado un trabajo para la elaboración de un anteproyecto de ley de acceso a la información pública, ahora hemos visto múltiples dimensiones de este problema, hemos querido recoger todos los aportes de varias organizaciones” dio a conocer Verduguez.
Mencionó, además, que este trabajo responde a la “cultura de secretismo” que hay en el servicio público y que se busca “romper” con esta propuesta normativa.
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