En 2009, la nueva Constitución Política del Estado inauguró una fórmula inédita en la región: elegir por voto popular a las máximas autoridades judiciales. La promesa era democratizar la justicia, pero lo sucedido muestra que no ha sido la mejor forma.
2011 fue la primera experiencia. La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionó candidatos y el país votó en octubre de ese año con un resultado que dejó una señal contundente: el voto nulo y blanco superó a los válidos. La ciudadanía participó porque el voto es obligatorio, pero expresó desconfianza frente a listas que no conocía y a campañas limitadas por norma. La legitimidad del proceso y de los elegidos fue mínima.
2017 repitió el libreto. Nuevamente, la preselección estuvo marcada por cuestionamientos políticos. Otra vez el voto nulo y blanco fue elevado. Se consolidó la percepción de que el mecanismo no estaba generando independencia, estaba trasladando la disputa política al ámbito judicial.
En el camino, además, lo excepcional se volvió normal cuando magistrados —cuyo mandato había concluido— permanecieron en funciones bajo el argumento de evitar un vacío institucional extendiendo su mandato, tomando decisiones y utilizando competencias de otros órganos para convertirse en actor central del poder. No fue un golpe clásico ni una ruptura formal del orden constitucional; fue algo más sutil y por eso más preocupante.
2024 cerró el tercer ciclo con gran atraso y con más de 30 recursos judiciales que definieron el calendario. La falta de acuerdos en la Asamblea retrasó el proceso, manejado otra vez por miembros de dos comisiones que irrespetaron hasta su propio reglamento. Finalmente, el país volvió a votar en un clima de desgaste, pero consiguiendo esta vez más votos válidos que blancos y nulos, aún sin corregir las fallas estructurales del modelo, ya que persistieron el desconocimiento ciudadano y la poca credibilidad de un proceso de preselección y elección. Fue la participación ciudadana la que salvó este proceso.
Y aquí es donde, después de tres versiones de procesos para preseleccionar y elegir a autoridades judiciales, es inevitable plantear una contradicción de fondo que, aunque fue mencionada por la iniciativa de los juristas independientes en 2023, no se ha planteado con claridad: la justicia no se legitima por mayoría porque el Poder Judicial no está diseñado para representar o apoyar a voluntades mayoritarias, sino para controlar a las mayorías cuando vulneran derechos. Entonces, ¿cómo puede elegirse a un juez por voto popular? si su legitimidad no es electoral, sino más bien técnica, constitucional y ética, y depende de su imparcialidad y de su probidad, no de su popularidad. Por eso, elegir jueces por voto popular puede sonar democrático, pero coloca a la justicia en una lógica de competencia política.
Pero el sistema del que hablamos también elige a otros altos cargos. La elección del Defensor del Pueblo transitó por estos caminos con votaciones fallidas por falta de dos tercios y con negociaciones intensas hasta alcanzar acuerdos mínimos. Y, hace poco, en diciembre del año pasado, algo similar ocurrió con la designación de vocales electorales, donde la falta de tiempo y las decisiones que pasan por mayorías legislativas (las famosas “planchas” de candidatos) son las que definieron finalmente a los elegidos, sin tomar en cuenta a postulantes con excelentes calificaciones, aunque no fueran abogados.
Pero el problema de fondo no son los miembros circunstanciales de las Comisiones encargadas de los procesos, aunque hayan podido tomar decisiones que poco tienen que ver con la independencia política. Es el diseño establecido en la Constitución, donde la Asamblea concentra la preselección y donde las mayorías han inclinado la balanza. Y aquí es necesario establecer que resulta ingenuo pedir independencia a los miembros de las Comisiones porque son representantes de las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.
Y más atrás, al final del proceso, ha estado la participación ciudadana, cuando las opciones ya fueron definidas, tratando de intervenir sin prácticamente ninguna opción de ser escuchada, aunque los reglamentos señalan que sus informes debían ser leídos ante el pleno de la Asamblea.
Por eso resulta llamativo que, por primera vez, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados haya abierto la puerta a la Alianza OCD, a Fundación Jubileo y a la Red Unitas para escuchar recomendaciones ciudadanas con miras a la elaboración del reglamento que regirá en las elecciones judiciales complementarias. Es un gesto que rompe una inercia larga de decisiones políticas que no ha considerado estándares internacionales. No es todavía reforma estructural, pero sí un síntoma de que el modelo empieza a mostrar sus límites y que existe voluntad política para mejorar.
Sin embargo, escuchar no basta. Si no se modifican los procesos de preselección altamente politizados, poco transparentes, que no combinan criterios de meritocracia y probidad para las evaluaciones finales y que definen a los elegidos por “planchas” —anulando cualquier pretensión de hacer las cosas de la mejor manera— el ciclo se repetirá. Cambiar autoridades sin cambiar reglas es solo administrar la crisis.
La cronología de 2011, 2017 y 2024 es el relato de una idea constitucional que buscó democratizar la justicia, pero que terminó revelando que su tarea es proteger a las minorías y aplicar la ley incluso cuando la mayoría no lo quiere. Mientras eso no se resuelva con reformas de fondo, podríamos seguir en lo mismo. Estamos en un nuevo escenario en el que resulta necesario debatir otra vez sobre estos temas.
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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