Magistrados del TCP se pronuncian sobre las acusaciones en su contra. Foto: Correo del Sur
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), mediante un mensaje de redes sociales, sugirió evitar prórrogas de mandatos con miras a las próximas elecciones judiciales en Bolivia, mientras que los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), todos ellos autoprorrogados en sus cargos, denunciaron ante la misión de observación electoral de la OEA, que son víctimas de una campaña de desprestigio y culparon a la Asamblea Legislativa por no haber viabilizado las elecciones judiciales.
“Ante las próximas elecciones judiciales en Bolivia el 15 de diciembre, la #CIDH reitera la importancia de garantizar que los procesos de selección se realicen en los debidos tiempos y modalidades según la Constitución, con el fin de evitar prórrogas de mandatos”, señala la comunicación de la CIDH.
En ese marco, destaca que “esto es esencial para el resguardo de los procesos políticos, la institucionalidad democrática y la construcción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.
Entre tanto, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, en compañía de sus colegas, calificó de falsas las acusaciones contra la institución. “Esta reunión con la misión internacional fue el inicio para que nuestro Tribunal Constitucional rompa el silencio que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas hacia nuestra institución y magistrados. No vamos a guardar más silencio sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros, tengan la certeza que vamos a estar sustentando con plena solvencia constitucional nuestra decisión”, dijo.
“La campaña de desprestigio hacia el Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional inicia con la acción deliberada de actores políticos, que no cumplen con su rol constitucional en tiempo, forma y garantías para convocar a elecciones judiciales. Buscan a propósito dejar ese vacío para designar magistrados que le respondan y manejar a la justicia a su antojo, al parecer ese siempre fue su objetivo”, añadió.
Por el contrario, apuntó a la Asamblea como la responsable de no haber viabilizado las elecciones judiciales a tiempo, pese a que fue el TCP el que frenó el proceso en diversas instancias, incluida la decisión de impedir elecciones en varios departamentos.
“Es evidente que la Asamblea Legislativa no cumplió con los tiempos establecidos y menos con la sanción de una ley que garantice los derechos de los ciudadanos y candidatos, estos aspectos fueron denunciados por los asambleístas con la presentación de acciones. Todo el proceso estuvo plagado de denuncias e irregularidades que responden a ciertos actores políticos”, manifestó.
Finalmente, Hurtado anunció que presentarán ante la misión de la OEA, la CIDH y otras instancias pertinentes un documento «altamente técnico» para demostrar cómo se intentó politizar el proceso de preselección que no cumplió con la meritocracia, equidad de género y representación indígena.
Los “magistrados” del TCP ampliaron su mandato a pesar de que la Constitución Política del Estado fija claramente que tienen un periodo de seis años, con el visto bueno del gobierno dictaron su sentencia que les beneficia a ellos mismos; posteriormente, por encima de las competencias del Tribunal Supremo Electoral dictaron la realización parcial de las judiciales.
Impusieron sus fallos bajo advertencias a los vocales del TSE de sanciones pecuniarias, incluso con acciones ante el Ministerio Público. Recientemente, volvieron a ordenar que ningún juez, vocal, entre otros, puede paralizar las elecciones, bajo advertencia de ser procesados.
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