Debido a las tensiones político-sociales y la polarización, la democracia boliviana atraviesa momentos decisivos. No solo por las elecciones que acabamos de celebrar y las que vendrán, sino por la calidad de los procesos que definen quién administra justicia y quién organiza el voto ciudadano.
En ese escenario, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia) —conformada por organizaciones de la sociedad civil que hacen a la Fundación Jubileo y UNITAS— presentó su informe final de veeduría a la preselección de postulantes al Órgano Judicial 2024 y al proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (2025).
El documento fue entregado a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y he aquí hay un hecho que merece ser destacado: por primera vez en dos décadas, la Asamblea convocó formalmente a organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus hallazgos y recomendaciones. No es un dato menor. Es un precedente institucional que abre la puerta a una relación más madura entre Estado y ciudadanía.
Cuando se trata de observaciones, ciertamente estas pueden generar algún grado de susceptibilidad. Pero es importante aclarar que una veeduría ciudadana no es una auditoría externa ni un ejercicio de descalificación. No sustituye competencias ni invalida decisiones. Observa, sistematiza y propone mejoras. Es un mecanismo complementario de garantía democrática.
También es necesario entender el contexto. En el caso de la selección de vocales electorales, el proceso se desarrolló en un plazo extremadamente corto —15 días— debido a la urgencia de garantizar las elecciones subnacionales. El país demandaba definiciones rápidas y consensos inmediatos. En ese escenario, las comisiones y la Asamblea respondieron a la altura del desafío institucional. Sin embargo, la presión del tiempo dejó vacíos que hoy deben analizarse con serenidad.
Los hallazgos identifican problemas que no pueden ignorarse. En la preselección judicial se evidenció falta de acceso temprano y completo a la documentación, criterios dispares en entrevistas y revisión de méritos, y exámenes que no evaluaron suficientemente probidad e independencia. En la selección de vocales se observaron hojas de vida publicadas de manera desigual, impugnaciones no difundidas en todos los casos, puntajes sin desagregación clara y ausencia de mecanismos de doble verificación. También hubo criterios inconsistentes en la acreditación del segundo idioma.
En un país marcado por la desconfianza hacia la justicia y por tensiones en torno al sistema electoral, estos detalles pesan. Cada falencia técnica corre el alto riesgo de convertirse en argumento político. Y la credibilidad es la base de la estabilidad democrática.
Las recomendaciones planteadas son claras: publicación inmediata y completa de la documentación; metodologías únicas y públicas; criterios uniformes para evaluar méritos y probidad; mecanismos de doble verificación; y exámenes y entrevistas apoyados por equipos técnicos especializados que evalúen no solo conocimiento normativo, sino ética, independencia y manejo de conflictos de interés.
El mensaje de fondo es que no basta con cumplir el cronograma. Es necesario blindar el proceso. Y hacerlo no es una crítica al trabajo realizado, sino una oportunidad de mejorar el trabajo institucional.
Con elecciones judiciales complementarias previstas para junio, según adelantó el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea tiene la oportunidad de incorporar estas lecciones en futuros reglamentos. Escuchar a la sociedad civil no debilita su autoridad; la legitima. Porque la veeduría no solo vigila: también propone. Y en esa corresponsabilidad se construye democracia.
Fortalecer estos mecanismos de control social es fortalecer la confianza pública. Y hoy, más que nunca, esa confianza es el principal capital institucional del país.
