Una comisión integrada por autoridades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP) se reunió con el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez Rosales. Foto: CEJIS
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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha notificado a las autoridades indígenas del Territorio Multiétnico II, en la Amazonía norte, con el inicio del procedimiento de consulta previa para impulsar solicitudes de contratos mineros a favor de actores productivos mineros (cooperativas mineras). El procedimiento avanza a pesar de que las comunidades indígenas presentaron, en julio, una acción preventiva ambiental para proteger de la minería al río Madre de Dios ubicado en ese territorio.
El pasado 05 de noviembre, la AJAM se dirige al presidente del TIM II, Lucio Ayala señalando: “se le comunica que en las Solicitudes de Contrato Administrativo Minero que recaerían sobre el Territorio Indígena Multiétnico – TIM II; solicitadas por COMIBOL, aún no se ha realizado la fase preparatoria de realización de identificación de sujetos de consulta previa, por lo tanto se coordinará con su autoridad para la realización de la misma”.
En una segunda nota, la AJAM establece fecha para iniciar el proceso de consulta, con el propósito último de concretar las solicitudes de contratos mineros de “actores productivos mineros”.
En la demanda presentada ante el Tribunal Agroambiental se exponen pruebas sobre la contaminación del río Madre de Dios por la presencia de metales pesados, aceites y grasas y sólidos suspendidos totales por encima de los límites permitidos; a la vez de una deforestación de poco más de 8 mil hectáreas por el desplazamiento en las riberas del río y la afectación progresiva a los medios de producción de las familias que habitan el TIM II por la intensificación de la minería durante los últimos cinco años, incluido el impacto en su salud por el uso del mercurio.
En la nota, la AJAM señala la intención de verificar la sobreposición de las áreas mineras solicitadas en el territorio indígena, siendo que esta autoridad es la responsable del catastro minero y cuenta con la información necesaria para desarrollar esta identificación. Desde 2024 las comunidades indígenas han denunciado las restricciones al acceso a la información sobre actividades mineras en territorios indígenas promovidas por la AJAM, en clara vulneración al derecho que tienen las comunidades reconocido por el Acuerdo de Escazú.
“Si es que me notifican con el inicio de una consulta, yo voy a rechazarla porque tenemos la acción preventiva ambiental presentada. Hemos emitido a la AJAM una nota rechazando esa consulta, no tenemos más respuesta”, dijo el presidente del TIM II, Lucio Ayala.
La dirigencia indígena anunció que pedirá además “la suspensión de cualquier actuación administrativa o técnica de la AJAM que pueda agravar los daños denunciados” y que se abstenga de “realizar inspecciones o coordinaciones dentro del territorio sin la participación y autorización expresa del TIM II, hasta la resolución de la acción ambiental preventiva”.
Visita al Tribunal Agroambiental
Sobre este tema, una comisión integrada por autoridades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP) se reunió esta semana con el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez Rosales.
“Para mí fue positiva la reunión porque el Presidente del Tribunal Agroambiental nos recibió. La expectativa es que la demanda sea aceptada. Nos dijo que no quiere dejar así las demandas sin solucionar”, comentó Ayala.
Las autoridades viajaron a la ciudad de Sucre para expresar la profunda preocupación de las comunidades indígenas ante el avance acelerado de la minería aluvial y la grave contaminación que afecta al río Madre de Dios, considerado el corazón ecológico del territorio y sostén de los sistemas de vida de las tres naciones indígenas que conforman el TIM II: Tacana, Cavineña y Ese Ejja.
La comisión estuvo conformada por Lucio Ayala Siripi, presidente del TIM II; Hans Núñez, secretario de Justicia y Actas del TIM II; Constantino Toledo, secretario de Tierra y Territorio de la CIRABO; y Javier Fernández, presidente de la CIPOAP.
Asimismo, remarcaron que el proceso judicial busca que el Tribunal Agroambiental admita y active medidas urgentes de protección, entre ellas, la paralización inmediata de toda actividad minera ilegal, la suspensión de autorizaciones y cuadrículas otorgadas irregularmente por la AJAM, la verificación técnica integral del estado del río y del cumplimiento de la normativa minera y ambiental, y la exigencia de que el Estado garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.
La demanda también plantea el reconocimiento del río Madre de Dios como sujeto de derechos, conforme a la Ley 300, así como la obligación de las autoridades públicas de implementar mecanismos de restauración, control y fiscalización efectiva que aseguren la protección de los sistemas de vida del territorio.
El Presidente del Tribunal Agroambiental manifestó su disposición a proteger la integridad ecológica del río y del territorio indígena, reconociendo la relevancia de una acción legal de esta magnitud. La autoridad comprometió que en los próximos días se emitirá la resolución de admisión, permitiendo activar el proceso para la defensa del río y del territorio indígena.
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