De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024, Bolivia presenta una presencia de población entre 15 a 29 años del 26,69 %, datos que son exaltados por actores políticos en tiempos electorales como evidencia del peso demográfico juvenil; sin embargo, dicho reconocimiento suele permanecer en el plano discursivo y no se traduce necesariamente en una incorporación efectiva de jóvenes en espacios de decisión.
Según la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en su art. 1 define como personas jóvenes a aquellas comprendidas entre los 15 y 24 años. Por otro lado, en Bolivia la Ley N.º 342 de la Juventud en su art. 7.1. amplía este rango etario entre 16 y 28 años. De acuerdo con el Padrón Electoral 2024, el grupo comprendido entre 18 y 30 años alcanza al 31,37% del total de la población habilitada para sufragar.
Pese a ello, la magnitud de la población joven no se refleja en su presencia real dentro de los espacios de decisión política. Un estudio realizado la gestión pasada en la ciudad de Sucre, denominado “La Agenda Política Juvenil”, construida por diversas organizaciones juveniles, muestran que los jóvenes sienten una falta de representación y confianza en actores y organizaciones políticas, lo que limita su involucramiento.
Asimismo, la juventud no solo exige espacios, también reclama políticas que reflejen sus intereses en educación de calidad, trabajo digno, migración, participación política, salud mental, educación sexual integral, justicia ambiental y entre otros, lo que necesariamente implica ser tomados en cuenta no solo para proponer, sino para decidir.
Además, la juventud no constituye un bloque homogéneo; las trayectorias, identidades y experiencias sociales constituyen miradas distintas sobre la realidad económica, social y política, reflejado en las distintas formas de organización y participación. Los jóvenes del área rural e indígenas suelen estructurar su acción colectiva desde normas comunitarias y lógicas sindicales, mientras que quienes migran a las ciudades y retornan a sus territorios incorporan prácticas organizativas, en temas territoriales, ambientales y de salud.
En las áreas urbanas, la participación juvenil responde a condiciones sociales y económicas diferenciadas, algunos se vinculan a la política formal a través de partidos, aunque una mayoría opta por mecanismos alternativos como colectivos, plataformas o agrupaciones ciudadanas. Dicho ello, la participación juvenil adopta múltiples formas y no puede analizarse desde una mirada simplificadora.
La urgencia de oxigenar la política con voces jóvenes
Si bien, jóvenes mayores de 18 años pueden aspirar a cargos de representación como diputado o senador, la CPE mantiene restricciones al derecho de la juventud a ser electa o designada en cargos relevantes del Estado, como para ser defensor del pueblo, contralor, magistrado, procurador o fiscal general, siendo necesario tener al menos 30 años (arts. 221, 215, 230.II y 227.II).
En las elecciones generales celebradas el 2025, la fuerza demográfica joven se volvió visible en el padrón electoral, más de 3,3 millones de votantes de entre 18 y 35 años representaron alrededor del 44% del total de inscritos. Además de contar con el hito de dos diputadas jóvenes, una de 18 y 19 años.
Sin embargo, y observando las y los candidatos rumbo a las elecciones subnacionales 2026, no basta con que un joven figure en una estructura política para afirmar que existe inclusión real; muchas veces esa presencia responde a la lógica de tokenismo, entendida como inclusión simbólica, cuyo propósito es dar la apariencia de diversidad o apertura sin modificar de fondo las desigualdades de acceso y de oportunidad. Lo cual, y sin el afán de hacer presuponer nombres o partidos políticos, en base a la gran influencia de comentarios y debates en las redes sociales, evidencia que algunas candidaturas a nivel municipal incorporan jóvenes sin otorgarles capacidad real de incidencia, generando una apariencia o cortina de inclusión.
Conclusión
En Bolivia, la juventud enfrenta prácticas de exclusión en el ámbito político por prejuicios asociados a la edad, a supuesta falta de experiencia y a formas distintas de pensar, limitando el acceso real de jóvenes a espacios de decisión, pese a que muchos cuentan con una preparación, sin embargo, son las estructuras de mirada adultocentrista que concentran el poder en sectores tradicionales.
Por otro lado, también está el escenario donde los jóvenes son usados para aparentar su inclusión en la política. Frente a ello, el Estado tiene la responsabilidad de promover medidas que impulsen la participación juvenil en todos los ámbitos de la vida pública, incluida la política, toda vez que, garantizar y respetar los derechos implica crear condiciones materiales que permitan su ejercicio.
La normativa vigente de la juventud no asegura una inclusión política real para la juventud boliviana, de hecho, hasta la misma CPE restringe el acceso a cargos relevantes. Por lo cual, resulta indispensable el debate de incorporar la perspectiva de juventud real en los órganos de gobierno y en los procesos de toma de decisiones.
De tal manera que, eliminar barreras normativas y culturales al ejercicio de derechos político-electorales permitiría impulsar una agenda juvenil propia, centrada en empleo digno, educación de calidad, justicia climática y fortalecimiento democrático, temas que continúan sin respuestas estructurales y demandas pendientes desde la juventud.
En definitiva, y citando a la mayoría de los candidatos de hoy en día, la juventud no es el futuro, sino el presente, ignorar su participación implica la debilitación de la democracia y compromete el desarrollo del país.
Ana Valentina Rendón Vidales, es directora académica del Instituto Andino de Estudios Internacionales en Derecho.
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