Control civil en el Chapare para resguardar a Evo Morales. Foto: Kawsachun Coca
Luego de que la dirigencia del Trópico de Cochabamba anunciara el inicio de «operativos civiles de control» en hospedajes y viviendas para evitar la aprehensión del expresidente Evo Morales, dos constitucionalistas advierten que este tipo de acciones carecen absolutamente de respaldo legal y, de ejecutarse, se constituirían en delitos tipificados en el Código Penal.
En entrevista con Sumando Voces, el experto en materia constitucional César Cabrera fue enfático al señalar que, de acuerdo con la normativa vigente, ninguna organización social ni dirigente tienen facultad para ingresar a domicilios privados o realizar controles. “Nadie puede entrar a un domicilio particular o una propiedad privada sin la orden de un juez y peor en horas de la noche. Tampoco pueden ingresar a un vehículo porque también es un espacio privado”, sostuvo.
En la misma línea, el constitucionalista José Antonio Rivera sostuvo que una acción de este tipo resultaría «absolutamente arbitraria e ilegal». El jurista refiere que el artículo 25 de la Carta Magna establece que un domicilio u otra propiedad privada es un asilo inviolable al que nadie puede ingresar sin el consentimiento de quien lo ocupa, salvo una orden judicial de allanamiento debidamente fundamentada.
«Los cocaleros, siendo dirigentes, sindicato o federación, no tienen ninguna autoridad investida y otorgada por la Constitución y las leyes para realizar esas acciones, por lo tanto, son acciones que violan el derecho a la privacidad y el derecho a la inviolabilidad de domicilio», precisó.
Cabrera remarcó que cualquier ingreso a espacios privados sin mandato judicial no solo es ilegal, sino que genera responsabilidad penal directa para quienes lo ejecuten. “Si no existe una orden judicial, desde luego nadie puede meterse a un espacio físico privado. Eso sí es delito y totalmente ilegal”, afirmó.
Esta semana, dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron que intensificarán vigilias y promoverán controles civiles en hoteles, alojamientos y casas particulares ante la eventual ejecución de algún operativo para la captura de Morales.
«Invadieron el territorio venezolano, secuestraron al presidente de Venezuela, asesinaron a los hermanos venezolanos. Seguramente el mismo libreto, la misma receta pretenden repetir en nuestro país, en Bolivia», manifestó el dirigente de la Federación Yungas del Chapare, David Veizaga, de acuerdo con información recogida por Visión 360.
Actualmente, Evo Morales enfrenta una orden de aprehensión emitida en enero de 2025 por un caso de trata de personas. Y recientemente, se interpuso en su contra otro proceso penal, admitido por la Fiscalía de La Paz, por los delitos de trata y tráfico. En ambos, las víctimas eran dos menores de edad.
Los dirigentes del Trópico, por su parte, sostienen que no existe sustento legal para las denuncias contra Morales y aseguran que los operativos que se planean para detenerlo solo buscan neutralizarlo políticamente.
La versión de una supuesta acción para capturar al líder cocalero fue difundida por el exsenador Leonardo Loza, quien no presentó pruebas al respecto. La respuesta inmediata vino del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas Ernesto Justiniano, quien descartó esta idea. «No tiene ni pies ni cabeza», aseveró.
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