La Veeduría Ciudadana al proceso de preselección de candidatos a magistrados y magistradas judiciales, desarrollada por la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, identificó un total de 13 vacíos y omisiones en este proceso e hizo recomendaciones para mejorar la transparencia y publicidad, la equidad e igualdad, el apego a la norma y la garantía de idoneidad y probidad.
Este viernes, la Veeduría Ciudadana presentó su informe final al seguimiento a este proceso, luego de culminada la etapa de entrevistas a los postulantes para el Órgano Judicial, llevada adelante por las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. En su parte final, el informe emite un total de 13 conclusiones y siete recomendaciones.
“La credibilidad de la preselección de candidatos se ha visto comprometida constantemente tanto por los vacíos normativos y la debilidad institucional que han permitido suspensiones del proceso, los cuestionamientos a la imparcialidad de los miembros de las comisiones legislativas a cargo, así como las acusaciones de beneficiar a algunos postulantes en las diferentes etapas”, menciona una de las 13 conclusiones del informe de la Veeduría.
Otros problemas identificados en el proceso, por ejemplo, están vinculados al criterio de transparencia y publicidad, que “no ha sido considerado como fundamental”, dado que “no ha existido la posibilidad de acceder a la información completa del proceso”. En torno a la equidad e igualdad, se observó “un tratamiento dispar” en la consideración de las postulaciones.
Por otro lado, en lo relacionado a la garantía de idoneidad y probidad, la Veeduría considera que “no es un aspecto que ha sido tratado con el cuidado necesario en la Convocatoria a este proceso, ya que no señala aspectos que logren estas cualidades en los postulantes a altos cargos”.
Respecto al criterio de apego a la norma, se identificaron cinco vacíos en la Ley Transitoria 1549 para las Elecciones Judiciales 2024, dos de ellas tienen que ver la ausencia de estándares internacionales que se apliquen a este tipo de procesos y la falta de definición de aspectos metodológicos para el trabajo de las comisiones, “lo cual genera improvisación, desorganización, confusión y evidente discrecionalidad en el accionar de cada una, comprometiendo la calidad del proceso”.
Los otros tres vacíos en esta ley, mencionados por la Veeduría, hacen mención a que no se prevé el acompañamiento de un equipo asesor experto para las comisiones, no especifica el tipo de apoyo que universidades y colegios de profesionales deben hacer al proceso y tampoco considera el uso de la tecnología para hacer más ágil y confiable el proceso.
Con relación a la fase de preguntas escritas y respuestas orales, realizada en esta última semana en ambas comisiones, la Veeduría observó que “universidades y colegios de profesionales no han demostrado tener el suficiente compromiso para ser parte de un proceso como este”, debido a que en la elaboración de preguntas se evidenció “falta de prolijidad, exigencia, seriedad y nivel académico”.
“El examen de preguntas escritas y respuestas orales no fue un parámetro eficiente para evaluar la capacidad de los postulantes (idoneidad y probidad), independientemente de si las notas obtenidas fueron altas o bajas”, se lee en el informe.
Por otra parte, la Veeduría halló que el trabajo de las comisiones “no fue necesariamente equitativo” en las diferentes fases del proceso, citó como ejemplo que, en la fase de preguntas escritas y respuestas orales, hubo mayor tiempo para algunos candidatos o se brindó posibilidad de elegir un nuevo sobre o bolillo de pregunta para algunos postulantes.
Mejorar la transparencia y fomentar la equidad
Entre las recomendaciones planteadas por la Veeduría está la implementación de un sistema para que las veedurías tengan acceso a la documentación completa en todo el proceso, además de que se simplifiquen los requisitos para la acreditación de éstas, “eliminando barreras innecesarias para permitir una mayor participación ciudadana”. Se demandó, también, mayor garantía en el acceso a la información, a través, por ejemplo, de un mecanismo transparente que incluya publicación regular y accesible de documentos y actualizaciones.
En lo relacionado a la equidad de género, la Veeduría recomendó “implementar políticas para garantizar una mayor participación de mujeres en las postulaciones”. Respecto al trabajo de las comisiones, se sugirió uniformizar su labor, implementar el apoyo de una comisión de asesores expertos y establecer un cronograma que cumpla estrictamente los plazos establecidos en la ley. Por último, se abogó por una normativa para procesos de preselección que responda al contexto boliviano y considere estándares internacionales y recomendaciones de expertos emitidos al final de los procesos de elecciones judiciales realizados en 2011 y 2017.
El informe fue entregado a la Comisión Mixta de Constitución y se prevé hacer lo propio ante la Comisión Mixta de Justicia Plural el próximo lunes.
La Veeduría Ciudadana fue acreditada el 23 de febrero de este año y siguió el desarrollo de la preselección de candidatos a las altas cortes del país en todas sus etapas, desde el 17 de febrero hasta el 26 de julio. Esta organización está integrada por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – Red UNITAS, Fundación Jubileo, Alianza Observación Ciudadana de la Democracia – OCD Bolivia y la Ruta de la Democracia.
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