Editorial Sumando Voces
Independientemente de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional (TCP) sobre el futuro de las elecciones judiciales, la inacción de la Asamblea Legislativa y en particular de su presidente, David Choquehuanca, marca un mal precedente para la democracia boliviana y, en particular, para la relación de independencia y coordinación que debería existir entre los poderes del Estado.
Una vez más, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la decisión sobre la continuidad del proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que una sala constitucional de Pando ordenara paralizar el proceso y hacer una nueva convocatoria. No estaría mal que el TCP asuma ese rol, siempre que sus magistrados gocen de legitimidad para emitir sus fallos, pero lamentablemente no es el caso.
Resulta cuando menos una paradoja que los integrantes del Tribunal Constitucional, que emitieron una serie de resoluciones contra las elecciones judiciales y que se autoprorrogaron en sus cargos, tengan en sus manos una decisión que les involucra directamente porque las judiciales tienen como objetivo el reemplazo de los actuales magistrados por voto popular.
Tal como sucedió en diciembre con la autoprórroga, estamos nuevamente ante la figura del juez y parte no sólo por decisión propia de los involucrados, sino porque el Legislativo, al mando de Choquehuanca, ha decidido ceder una parte de sus atribuciones a un TCP carente de independencia y de legitimidad.
La Asamblea Legislativa debió entregar al Tribunal Supremo Electoral, hasta el 6 de mayo de este año, la lista de candidatos a las elecciones judiciales, pero no pudo cumplir con esa meta autoimpuesta porque le salieron al frente decenas de amparos judiciales que dejaban en suspenso el proceso de preselección. Luego, la sala constitucional de Pando le dio el tiro de gracia al proceso para ordenar su paralización y el lanzamiento de una nueva convocatoria.
Diversas fórmulas se ensayaron en la Asamblea Legislativa para continuar adelante con la selección, pero ninguna fue aceptada por el ala arcista del MAS y, por último, fue el vicepresidente David Choquehuanca, quien decidió empoderar al TCP dejando en sus manos la decisión final sobre las elecciones judiciales.
Hay que recordar que el Vicepresidente de Estado es también el presidente nato de la Asamblea Legislativa, por lo que su liderazgo hubiera sido importante para que las elecciones judiciales sigan su curso; pero, claramente no hubo voluntad política en ese sentido.
Entre tanto, la tutela de los derechos de la ciudadanía sigue librada a su suerte porque la legitimidad de las más altas autoridades está en cuestión, mientras la crisis se profundiza la crisis judicial y la democracia se desportilla cada día un poquito más.
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