La Policía intervino en el predio en disputa. Foto: El Deber
El investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, afirma que el pedio Patujú, donde se produjo un enfrentamiento el viernes pasado, “no es propiedad privada con título agrario firme”. Esto quiere decir que la propiedad se encuentra en proceso de saneamiento, por lo que no se puede hablar de un avasallamiento, sino de un enfrentamiento entre bandos en disputa.
“No es propiedad privada con título agrario firme, y tampoco es tierra fiscal con base legal consolidada y susceptible de redistribución. Es tierra en litigio, atrapada en el vacío que deja la incapacidad del Estado de sanear el derecho agrario y hacer cumplir la normativa agroambiental”, señala Colque en una publicación de sus redes sociales.
En sentido estricto, afirma Colque, “no hay avasallados ni avasalladores, sino bandos que actúan como tales, en medio del tráfico de tierras y corrupción”.
El viernes pasado, el predio en cuestión fue tomado violentamente por un centenar de personas encapuchadas que tomaron como rehén a Pablo Vaca Díez, el supuesto dueño de la propiedad. Incluso, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y dirigentes cívicos que fueron a imponer autoridad también fueron retenidos, aunque luego fueron liberados.
Colque comenta que los medios y las redes sociales cuentan los avasallamientos de tierras como una historia de buenos y malos. Pero ese relato simplificado es parte del problema. “Exceptuando casos puntuales, las tierras “avasalladas” no tienen un propietario legal consolidado, sino que están en litigio, en conflicto judicial o, en el leguaje agrario, en proceso de saneamiento. Dicho sin medias tintas, no son propiedad privada, ni tierra fiscal”, indica.
Por un lado, afirma Colque, los denunciantes —empresarios del agro o ganaderos— aseguran que es propiedad privada, que la tierra es suya, aunque no tengan título agrario que lo demuestre. Al estar en posesión del predio, se declaran víctimas de avasallamiento e inseguridad jurídica, repitiendo un libreto por demás conocido.
Por otro lado, señala que los “avasalladores” —grupos organizados para ocupar tierras a la fuerza— asumen que se trata de tierra fiscal ociosa y, por tanto, susceptible de distribución o dotación. “Creen tener derecho a asentarse como una comunidad campesina, a pesar de la indefinición legal”, comenta Colque.
El investigador considera que políticos como Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, aprovechan el conflicto para llevar agua a su molino. “Lo hacen amplificando la versión de los empresarios del agro y, al hacerlo, dejan en evidencia dos cosas: que tienen intereses propios y que desconocen lo mínimo de la problemática agraria”.
La posición de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) es totalmente opuesta. Su presidente, Klaus Frerking, denunció una escalada de avasallamientos de tierras en Santa Cruz, como ocurrió recientemente en Montero y Guarayos.
“Han entrado a robar, a secuestrar y a matar animales. El día de ayer asesinaron 130 cabezas de ganado. Eso es un delito penal. La Policía y el Ministerio Público tienen que actuar. No puede haber impunidad”, dijo.
Indicó que existen más de 50 casos de avasallamientos activos en distintas zonas de Santa Cruz, algunos con sentencias judiciales firmes que no se cumplen, según reportó El Deber.
